Roberto Borge Angulo, de 37 años de edad, gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016, cuenta con 6 denuncias en su contra, a nivel federal y estatal, por los hallazgos de las auditorías que se realizaron al principio de la administración del actual mandatario, Carlos Joaquín González.
Sin embargo, entrevistado este lunes por el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Joaquín González señaló que hasta el momento no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra su antecesor, esto a pesar de que su administración presentó cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más a la Fiscalía estatal.
Dichas denuncias en contra de Borge son por diversos presuntos delitos como la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo que fueron vendidas de manera totalmente ilícita a precios muy bajos”.
El mandatario quintanarroense afirmó, además, que aunque no se tiene orden de aprehensión contra Roberto Borge, sí se cuentan órdenes contra algunos funcionarios, principalmente de parte de la Fiscalía estatal.
Por otra parte, Carlos Joaquín aseguró no tener información del paradero de su antecesor, y que lo último que supo era que estaba ubicado en Estados Unidos, “pero ya no he tenido nueva información al respecto”, mencionó.
Este mismo lunes, el diario Reforma publicó como su noticia principal, que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información de los recursos financieros de familiares y amigos de Borge, de los que se presume “lavaron” recursos para el exmandatario, en la compra de 24 terrenos.
Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, en la que Borge es el primer objetivo, informaron fuentes federales al rotativo.
Se investigan las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exmandatario estatal; Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.
Así como Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo -abogado de la familia Borge- y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del exgobernador.
Las empresas investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V. y Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V. También la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V. (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
Según Reforma, aunque ninguno de los bienes indagados está a nombre de Borge, la indagatoria inició luego de la denuncia que interpuso el actual Gobierno de Quintana Roo, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.
El pasado 27 de marzo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que “el Juez de Control respectivo sí ha librado órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la pasada administración estatal, mandamientos judiciales que serán cumplimentadas en tiempo y forma”.
A través de un comunicado, señaló que han sido 17 carpetas de investigación iniciadas de exfuncionarios en toda la geografía estatal y las otras siguen integrándose para posteriormente ser judicializadas, dependiendo de los delitos acreditados.
Pero acotó que “por la secrecía y sigilo que la misma ley impone, no se dan a conocer los nombres de los imputados, pero sí se han obtenido órdenes de aprehensión que han sido emitidas por un Juez de Control”.
