Robert L. Capers, quien se encontraba a cargo del juicio contra el narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” desde el pasado 20 de enero, fue relevado de su cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El propio fiscal informó de su remoción después de 17 meses, a través de un breve comunicado:
“Esta tarde se me ordenó dejar mi puesto como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, con efecto a 10 de marzo de 2017”.
Capers había reemplazado a Loretta Lynch, quien en el año 2015 fue nombrada Fiscal general de Estados Unidos por el entonces mandatario Barack Obama. Según la agencia española EFE, por el momento, la jefatura de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, quedará a cargo de Bridget M. Rohde.
Dicha oficina lidera la acusación contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero, donde enfrenta la cadena perpetua. Además, la Fiscalía Federal de Brooklyn se ocupa de otros procesos muy conocidos como el de la corrupción en el seno de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de numerosos asuntos de terrorismo.
Capers -junto al fiscal Arthur Wyatt- solicitaron el pasado lunes -a través de una carta- al juez Brian Cogan del juzgado del Distrito Este de Nueva York, realizar una “severa” investigación” sobre cualquier extranjero que quiera unirse al equipo de defensa del narcotraficante sinaloense-
Esto, ante el temor que miembros del Cártel de Sinaloa se “infiltren” y “tengan acceso a información protegida que pueda causar daño a testigos del caso o afectar otros relacionados, o dar información al grupo criminal mexicano, e incluso burlar la jurisdicción de Ley estadounidense”.
Los fiscales señalaron las “significativas preocupaciones de seguridad” debido a la “probada habilidad” de Guzmán Loera de usar profesionales extranjeros, “incluso abogados”, para “promover sus crímenes”, así como “corromper funcionarios extranjeros en todos los niveles de gobierno”.
Capers también había solicitado al juez Brian M. Cogan -quien decidirá cuántos años pasará Guzmán en prisión— que obligue al narcotraficante a renunciar a los abogados estadounidenses que lo representan en NY: Michael K. Schneider, Michelle A. Gelernt y Edward S. Zas.
Esto debido a que en el año 2001 el capo sinaloense fue fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades relacionadas con narcotráfico, lo que le impide hacer negocios con cualquier empresa estadounidense. Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York piensa que “es injusto que sean los ciudadanos de Estados Unidos quienes están costeando la defensa de ‘El Chapo’”.
“Guzmán es un hombre multimillonario con una red de lavado de dinero en todo el mundo, incluso catalogado por la revista Forbes como el narcotraficante más rico del mundo”, alegó el ahora ex fiscal, quien recordó que Guzmán tiene tanto dinero, que envió a un abogado privado a EU a presentar denuncias por posibles violaciones a sus derechos humanos ante organismos internacionales.
Ayer por la tarde, el Departamento de Justicia que dirige Jeff Sessions pidió la renuncia de los 46 fiscales federales elegidos por Obama, y cuyas funciones -hasta que se proceda al nombramiento de los reemplazos-, serán asumidas por sus segundos, todos ellos pertenecientes a la escala técnica.
Estados Unidos se divide territorialmente, en términos judiciales, en 94 Distritos, que cuentan con un fiscal nombrado por el Presidente por recomendación de un Senador. Es tradición que los fiscales pongan su puesto a disposición del nuevo mandatario y, por eso, muchos de ellos, nombrados por Obama, abandonaron su cargo tras la toma de posesión de Trump.
