No es un secreto, de hecho los reclamos de los ciudadanos en Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, pero particularmente en Mexicali con megamarchas, han sido airados, en contra de la opacidad y la corrupción de los representantes en los tres órdenes de gobierno.
Debido a que la mayoría panista en el Congreso del mismo partido que al gobernador Francisco Vega se le ha entregado al 100 por ciento y lo ha defendido a ultranza -consideran los ciudadanos en contra de los intereses de la sociedad- en temas como la Ley de Agua, el Decreto 67 de las tarifas y derechos por consumo de agua, el Decreto 57 y Reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas, los legisladores han sido señalados y acusados de cómplices, patiños y comparsas.
A principios de año, pese al tono agresivo acusado por los diputados, despertó grandes simpatías el movimiento ciudadano que llevó trampas gigantes para ratas y las colocó al frente de las casas de los legisladores en cada uno de los municipios, como evidencia tangible del hartazgo social, que también se materializó con manifestaciones en enero y febrero, y bloqueos de las oficinas del Poder Legislativo.
En mesas de diálogo les correspondió escuchar de viva voz la molestia de los ciudadanos, además de recibir un pliego petitorio donde desplegaron un promedio de 18 solicitudes en las que de entrada les exigían cumplir su función, pero cabal y responsablemente, retomar temas en los que no se había consultado a la ciudadanía y reconsiderarlos.
De esa lista aún quedan varios pendientes, como reformar la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pero justo ahora con el reciente cambio de alcaldes en los cinco ayuntamientos bajacalifornianos, se les presenta la valiosa oportunidad de demostrar que de verdad escucharon los reclamos ciudadanos. Y se trata solo de que cumplan con su trabajo.
Al día de hoy, los presidentes municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito suman 113 días, cubrieron el tiempo que en política llaman el corto plazo, en este tiempo también se vencieron los 45 días que tiene la administración entrante para revisar las cuentas de sus antecesor, se aproxima el momento de hacer públicos los resultados del proceso de entrega-recepción, todos los titulares y funcionarios de áreas en que se detectaron irregularidades debieron ser llamados, la mayoría -si realmente respetaron la Ley- ya debieron haber solventado las dudas de los funcionarios de las sindicaturas y/o empresas asignadas para las auditorías. Los diputados pueden apoyar en ese punto y, si de verdad quieren cumplir con su responsabilidad de cuidar el erario, dar seguimiento a los resultados.
Los primeros en detectar e informar inconsistencia deben ser los titulares de las secretarías y responsables de área, tienen un mes, y después las sindicaturas requieren a los posibles responsables para resolver dudas, han tenido tiempo más que suficiente, esto si de verdad tienen la intención de cumplir con la obligación de revisar a su antecesor, de no ser omisos y buscar una oportunidad real de proteger los recursos públicos y recuperar el dinero que se hayan llevado de manera indebida.
Cierto es que los síndicos -ni los diputados- tienen corto plazo para denunciar, más que el marcado por la Ley de Responsabilidades para Juicios Políticos, que es un año, pero ¿por qué dan largas, por qué deciden esperar? ¿Acaso quieren aguardar a que sean los tiempos de revisión del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)? Muy a destiempo, por cierto, porque a veces ni siquiera existe posibilidad de sancionar.
La realidad es que no están obligados a esperar al ORFIS, con los datos de la investigación interna, las sindicaturas pueden promover sus denuncias penales, como lo está haciendo el Ayuntamiento de Ensenada que, con los resultados de una auditoría externa, promoverá la denuncia porque “… detectaron irregularidades y desvíos en el manejo de mil 800 millones de pesos, e impagos de cuotas descontadas a trabajadores, 28 millones destinados a pago de indemnizaciones infladas a funcionarios, 300 millones de saldo sin aclarar, sobrepagos y pagos sin factura o contrato” (ZETA edición 2241, del 10 al 16 de marzo de 2017).
Es aquí donde está la oportunidad de los diputados, ellos tampoco están obligados a esperar al ORFIS, pueden apoyar a los municipios que decidan ser responsables y denunciar los faltantes, pueden solicitar información, auditorías adicionales.
Sobre todo cuando reciban las cuentas públicas, pueden, deben dejar de tomar decisiones políticas si el dictamen técnico del órgano fiscalizador marca que existen irregularidades, responsabilidades, no decidan rebautizarlas como han hecho últimamente y las describan como salvedades, como si fueran errores que se van a solventar lo que nunca se hace.
Las cuentas públicas no son para negociar, los legisladores también están obligados a denunciar ante el Ministerio Público para recuperar los recursos, porque ese es el fin, porque no se trata solo de remitir “observaciones” a los ayuntamientos.
Por lo pronto, los resultados del proceso de entrega-recepción empezaron a salir, lo mismo que algunas cuentas públicas. Ahora para la sociedad es cuestión de observar, para saber si sus síndicos deciden cumplirle o no a la comunidad, conocer si los diputados están dispuestos a apoyar, y, en ambos casos, si están decididos a arrancarle a los funcionarios rapaces los recursos que se robaron, malversaron o defraudaron, según sea el lamentable y penoso caso.
