Mientras algunos acusados piden más tiempo para decidir si irán a juicio o se declararán culpables, otros ya reconocieron formar parte de la red de lavado de dinero en la que también están señalados empresarios tijuanenses y el regidor con licencia Luis Torres Santillán. La Fiscalía continúa recabando documentos y reportes financieros como evidencia
Seis de los 17 acusados de formar parte de una red de lavado de dinero, compuesta por un círculo principal y dos células, se han declarado culpables de cargos como lavado de dinero, estructuración financiera y transmisión de dinero sin licencia.
El caso, iniciado en diciembre de 2016, llevó al arresto del regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Torres Santillán; el matrimonio formado entre el casacambista David Javier Espinoza y Claudia Ramírez Espinosa; así como de la esposa y el hijo del ex líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tijuana, Jorge Escalante, entre otros.
Luego que el 7 de marzo, Daniel Guerson, Claudia Fernández de Mendoza y Deborah Frida Cervantes, quienes conformaban una de las células secundarias, fueran sentenciados por varios cargos de lavado de dinero y violaciones de transacciones monetarias, otro de los involucrados, Mario Rodríguez Rivera, se declaró culpable.
El hombre de 51 años de edad, quien era el único de los señalados en la red principal en no haber obtenido libertad bajo fianza, fue detenido desde el 18 de diciembre de 2016 y acusado de seis cargos por lavado de dinero.
Es, además, el primero en este expediente penal en llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Rodríguez Rivera se declaró culpable de violar el código financiero al realizar transmisión de dinero sin una licencia para ello, precisó John Dunn, fiscal a cargo del caso.
Como sentencia, recibió 160 días de prisión, los cuales fueron cubiertos con los días que había pasado en la cárcel desde su detención, ya que como explicó el representante de la Fiscalía, en el sistema estadounidense cada día en prisión preventiva tiene un valor de dos días de cárcel.
Además, deberá permanecer en libertad condicional durante tres años. Según el fiscal del Condado de San Diego, la participación de Mario Rodríguez Rivera en la organización estaba limitada a realizar depósitos de dinero.
Regresarán a la Corte hasta julio
Desde diciembre, cuando este caso inició en la Corte Superior de San Diego, la defensa ha solicitado el aplazamiento de la audiencia en la que se decidirá si los acusados se declaran culpables, van a juicio o logran desestimar las acusaciones.
La ocasión no fue diferente el 22 de marzo. Poco antes de las dos de la tarde, los siete acusados restantes de conformar el principal círculo en esta red de lavado de dinero, ingresaron a la sala.
A diferencia de la última ocasión en que se encontraron en los pasillos de la Corte Superior de San Diego, esta vez, los acusados sonrieron, se saludaron y charlaron entre sí.
El regidor panista con licencia, Luis Torres Santillán, saludó y pasó unos minutos con David Javier Espinoza, a quien la Fiscalía señala de encabezar la organización por medio de su casa de cambio Olymar, ubicada en Tijuana.
El empresario también charló con su esposa Claudia Ramírez y su hijo David Alejandro Espinoza, también acusados, antes de ingresar a la sala.
Solo la familia Escalante se mantuvo relativamente alejada del resto de los asistentes y apresuró su salida al finalizar la audiencia. Los acompañó Jorge Escalante, esposo de Karla Escalante y padre de Jorge Carlos Escalante, también acusados.
Una vez dentro de la sala, se les unió Liza Ampudia, también acusada en este caso penal. En menos de cinco minutos, los abogados explicaron que pedirían más tiempo para revisar la evidencia, por lo que se fijó la siguiente audiencia para el 5 de junio.
Ese día, gracias a un trámite hecho ante la Corte, los acusados no tendrán que presentarse, solamente sus abogados.
Mientras que el 18 de julio se llevará a cabo el examen preliminar. “En esa fecha, la Fiscalía tiene que presentar la evidencia del caso si nadie se declara culpable o si el caso sigue sin resolverse”, detalló el fiscal John Dunn a medios de comunicación.
Sobre la audiencia pospuesta dijo: “Este caso es un poco complicado, con muchos documentos”, y adelantó que es posible que el 5 de junio, los abogados pidan nuevamente más tiempo para tomar una decisión.
También manifestó que la Fiscalía continúa aportando evidencia sobre las acusaciones, como reportes de investigación, documentos bancarios y evidencia electrónica sobre el lavado de dinero.
Banquera y abogada a prisión
La mañana del 22 de marzo, los seis acusados restantes de conformar una célula de esta red, se presentaron en audiencia. Todos, con uniformes penitenciarios, tomaron los asientos tanto del Jurado como de los acusados.
Más de una hora de diálogo entre el juez Runston G. Maino, la fiscal Christina Eastman y los seis abogados, dejó posturas divididas.
Los representantes de Jorge Ernesto Corona, Jesús Federico Olmedo, Eduardo Sánchez Aguilar y Marcelo Zúñiga solicitaron más tiempo a la Corte para continuar la revisión de las más de 33 mil páginas de evidencia que conforman el expediente.
No obstante, los abogados de Yajaira Cabanillas y Carolina Lefort Figueroa les aconsejaron declararse culpables. Y así lo hicieron.
Después que los cuatro detenidos abandonaran la sala, a la cual regresarán el 27 de abril, los abogados de las dos acusadas se acercaron con unas hojas azules. Se trataba de los formatos de admisión de culpabilidad.
En el caso de Cabanillas, su abogado Felipe Hueso, le tradujo el documento en el que la mujer, quien trabajaba en un banco de San Diego, rechaza su derecho a ir a juicio para defender su inocencia.
Mientras que Carolina Lefort Figueroa sí requirió de una traductora de la Corte para la misma explicación. A mano, los abogados llenaron los documentos para presentarlos minutos después al juez Maison.
Cabanillas, de cabello rubio rizado y atado en una cola de caballo, lloró durante la lectura de las acusaciones. Incluso el juez le recomendó tomar un poco de agua al verla “conmocionada”.
Al declararse culpable de un cargo de lavado de dinero por más de un millón de dólares, además de posesión de más de 25 mil dólares producto de las ganancias del narcotráfico, a Cabanillas se le retiraron tres cargos adicionales, incluidos dos por lavado de dinero.
Según el acuerdo llegado con la Fiscalía, Cabanillas podría ser sentenciada a cuatro años de prisión y dos años de libertad condicional.
Por su parte, Lefort admitió un cargo por violación de transacción monetaria, en la modalidad de estructuración financiera, por lo que podrá ser sentenciada a un año de prisión y tres años de libertad condicional.
Si cualquiera de las dos no respeta las condiciones de su libertad condicional, entonces recibirá tres años de prisión adicionales. Ambas regresarán a la Corte el 27 de abril para escuchar sus sentencias.
Al término de la audiencia, la fiscal a cargo de este caso, Christina Eastman, explicó que las acusaciones hacia Lefort se deben a que la joven de 29 años realizó “depósitos bancarios fragmentados por debajo de 10 mil dólares a una institución financiera en Estados Unidos con la intención de realizar una actividad ilegal, y así evitar el llenado de un reporte sobre las transacciones”.
Siguen vínculos con abogado tijuanense
Como parte de los términos de la admisión de culpabilidad de las dos acusadas, el juez Runston G. Maison prohibió a Yajaira Cabanillas y a Deborah Cervantes, el contacto con Donald Levy o cualquier otro acusado.
Al respecto, la fiscal Eastman señaló: “Cabanillas se declaró culpable de un cargo de lavado por más de un millón de dólares, del que también está acusado Donald Levy, es la misma actividad criminal”.
De igual forma, explicó que este caso está ligado al de Daniel Guerson, Claudia Mendoza y Deborah Frida Cervantes, a quienes también les prohibieron contacto con el abogado tijuanense Donald Levy.
De acuerdo a registros públicos, Marcelo Zúñiga y Carolina Lefort Figueroa mantuvieron vínculos de negocios con Levy en Tijuana.
El primero aparece como socio fundador de Levy & Asociados Corporativo Internacional, donde todavía labora Donald Daniel Levy, así como de Fusion Productions. En esta segunda empresa está registrada Carolina Lefort Figueroa, también como socia.
Donald Daniel Levy, quien había sido detenido en noviembre de 2015 en el Aeropuerto de la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, Jalisco, donde enfrenta cargos por fraude, cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por este expediente penal.
No obstante, por lo menos hasta hace dos semanas, continuaba laborando en su despacho en la Zona Río de Tijuana.
