Pescadores de El Golfo de Santa Clara esperaban desde hace cinco meses los permisos federales para poder salir a pescar curvina golfina y, cuando se enteraron que no habría licencias esta temporada, salieron a quemar vehículos de CONAPESCA. La inconformidad social por el tema de la curvina sigue latente y se suma al final de la vigencia del programa federal de compensación por la veda en la zona protegida que llega hasta el sur de San Felipe
La respuesta violenta fue inmediata la noche del miércoles 8 de marzo, apenas los pescadores del Golfo, localizado en Sonora, en los límites con Baja California, se enteraron que el Gobierno Federal no había validado ni emitido el Estudio de Impacto Ambiental que dicen les cobraron y les prometieron; estudio que han solicitado de manera reiterada desde octubre de 2016 y que les permitiría salir a pescar curvina golfina.
La problemática por la falta de dinero, la frustración por las limitaciones de la actividad laboral y el descontento se manifestaron en una turba de pescadores que salió a incendiar vehículos de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), al menos siete pick-ups y tres pangas quedaron consumidas por el fuego.
Ya en plena rebeldía, residentes de este poblado bloquearon el acceso que comunica con San Luis Río Colorado para evitar la llegada de agentes de Seguridad Publica.
Una semana antes, estos pescadores habían hecho un llamado público cuando salieron a bloquear la vialidad que da salida hacia Puerto Peñasco.
La gota que derramó ese colmado vaso fue la información que recibieron de sus representantes el 8 de marzo, quienes estaban en la Ciudad de México para sostener varias entrevistas con la petición de que se emitiera el Estudio de Impacto Ambiental pendiente desde octubre pasado.
Ante la negativa, los pescadores causaron daños materiales en las instalaciones federales en el Golfo, mientras elementos de la Secretaría de Marina resguardaron la integridad de empleados de PROFEPA y CONAPESCA para evitar que fueran agredidos.
Protestas en el golfo de Santa Clara
De acuerdo a la versión del alcalde sanlusino Enrique Reina Lizárraga, cerca de la una de la madrugada del jueves 9 de marzo, la tensión social había disminuido en las calles del poblado. Sin embargo, las autoridades se preparan para más manifestaciones de molestia social porque los problemas en esa comunidad de pescadores apenas empiezan.
Vedas, compensaciones insuficientes y estudios de impacto ambiental
Los trabajadores del mar justifican su frustración ante las “largas y ausencias de respuesta” de la autoridad en que la posibilidad de pescar curvina golfina solo dura dos meses – febrero y marzo- y ya se perdió la mitad.
Explican que el tema es solo una parte del enrome problema económico de la comunidad, ya que dentro de un mes finaliza el Programa de Compensación implementado por el Gobierno Federal desde mediados de abril de 2015, mediante el cual se estableció una veda total en lo que ahora llaman Zona Restringida, que va desde el Golfo hasta el sur del puerto de San Felipe.
Durante esos 24 meses los pescadores de ambas zonas han estado recibiendo una compensación federal, pero está por concluir y no se sabe qué pasará con ese programa, el cual no ha funcionado y cuya prohibición solo ha servido para fomentar la pesca furtiva de totoaba, que de acuerdo a las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es encabezada por los cárteles de la droga, por lo menos en la zona que corresponde a Baja California.
La mencionada veda está justificada por el Gobierno Federal en el objetivo de proteger de la extinción a la vaquita marina, especie que habita solo en la parte norte del Golfo de California y en peligro de extinción. De acuerdo a datos oficiales, hace dos años quedaban cerca de 120 especímenes, hoy solo sobrevive la mitad.
Aún se desconocen los resultados positivos de esta prohibición, sin embargo, en los poblados de pescadores afectados, desde el inicio han manifestado que sus percepciones económicas y su vida han sido afectados porque las compensaciones resultan insuficientes, por debajo de lo que ellos ganarían si los dejaran trabajar, y no llegan a todos los pescadores reales.
“Aquí la gente está muy enojada, no sabemos qué es lo que va a pasar”, comenta una de las pescadoras, quien acusa, no les otorgaron el Estudio de Impacto Ambiental, aun cuando lo cobraron en el permiso.
“El Golfo está triste, está solo, hay pangas quemadas en el parque, carros quemados en otras partes. El gobierno prácticamente nos estuvo viendo la cara, diciéndonos que nos iban a dar el Estudio de Impacto Ambiental y no nos dio nada”, explica la mujer dedicada la pesca, quien prefiere omitir su nombre.
Según los residentes del pueblo, hace dos semanas algunos pescadores -ya desesperados- salieron al mar, pero luego no podían vender la curvina porque no tenían el documento federal.
“El pueblo prácticamente está de luto, haga de cuenta que con la curvina todos nos alivianamos”, sostiene una fémina dedicada a la pesca.
Del rechazo al estallido
Sunshine Rodríguez, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, explica el antecedente: “Tuvimos llamadas de acercamiento antes de este estallido social. Lo que pasó es que uno de los representantes del Golfo ya iba en camino, (de regreso) ya nos habían dado la negativa por parte de las autoridades”.
El líder de los pescadores en San Felipe hablo del retraso burocrático que impidió a los pescadores tener los permisos para ganarse el sustento, a pesar de que los representantes de los trabajadores del mar llevaban cinco meses presionando.
Pangas de CONAPESCA quemadas
“Lo que pasó es que tardó mucho INAPESCA en dar el nombre del arte de pesca -tipo de red específico para la pesca de curvina-, por lo que el Manifiesto de Impacto Ambiental tardaría hasta sesenta días en emitirse. Y es que la temporada de pesca de curvina es de solo dos meses y ya va a la mitad, solo quedan tres mareas por aprovechar”.
Aparte hay un contexto más adverso que tiene que ver con la conclusión del Programa de Protección a la Vaquita Marina, que incluye una veda total en la zona protegida de la Reserva de la Biosfera -virtualmente toda la parte norte del Golfo de California, hasta el sur de San Felipe- con estudios que aún no han concluido.
“Hay que recordar que cuando más vale el pescado es ahora en la cuaresma, ahorita es cuando tiene un valor real que nos convenga, ya después se desploma el precio”, justificó.
Rodríguez agrega que no pueden entrar a pescar a la zona de amortiguamiento sin el Manifiesto de Impacto Ambiental, pero para obtenerlo, les tuvieron que otorgar un permiso nuevo. “Yo no puedo solicitar un Manifiesto de Impacto Ambiental si no sé con qué voy a pescar”.
Asegura que desde octubre de 2016, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) ya tenía el nombre del tipo de red, pero “no lo soltó” hasta enero pasado.
Dice que en seis días la autoridad sacó los permisos -trabajando horas extra- porque supuestamente había un acuerdo de que sacando los permisos “podríamos meter la solicitud del Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual saldría en cuatro o cinco días, sin embargo, quien tomó esa decisión y dijo eso, hoy lo desconoce, aunque lo tengamos en minuta nosotros”, dice Sunshine en referencia a funcionarios de INAPESCA que, hasta la tarde del miércoles 8 de marzo, les dieron la respuesta negativa.
“Hay mucha arbitrariedad dentro del sector pesquero, ésta es la punta del iceberg porque realmente han fallado con el programa de compensación, han abandonado el programa, dejando a la deriva a mucha gente, no sabemos qué está sucediendo con las cuentas, han dado de baja a cientos de personas y no han dado altas, no sabemos qué está sucediendo con ese dinero. Todo eso está haciendo que el estallido social se venga imparable”, considera el líder de los pescadores en San Felipe.
Sobre el Programa de Compensación -instaurado en abril de 2015 por dos años- no tienen ninguna información: “Ni siquiera nos hemos sentado a platicar el tema. Antes mandaban por nosotros, nos pagaban los vuelos para que viniéramos a hacer las negociaciones a México, y ahora ni siquiera nos contestan los teléfonos las autoridades competentes. Esto es solo un pedacito de lo que tiende a venirse, no sabemos nada”, cita Sunshine Rodríguez entrevistado vía telefónica desde la Ciudad de México.
“INAPESCA no tiene un solo arte de pesca que nos puedan decir, con esto van a pescar. Cómo puede ser posible que estemos jugando con la vida de miles de familias y esta gente salga con este tipo de cosas”, comenta en alusión a los funcionarios del Instituto.
Como si no fuera suficiente, Sunshine Rodríguez menciona que recientemente les habían dado permiso para la pesca de callo de hacha, pero ahora se los tienen cerrados, congelados por lo que llaman “Marea Roja” y, aunque se han realizado hasta cinco estudios –todos negativos, la Ley marca que con tres son suficientes-, no se los han abierto para la pesca. “Nos están bloqueado por todos lado”, asume el líder de los pescadores de San Felipe.
Para evitar mayores afectaciones a su ya de por sí lastimada economía, difícilmente podrán salir a pescar en esta temporada.
En la opinión de la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, los pescadores de curvina golfina de San Felipe y Golfo de Santa Clara deben recibir una compensación económica y, a través de un comunicado, informó que el miércoles 8 de marzo presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo proponiendo que se otorgue tal compensación.
ZETA solicitó entrevista con el delegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en Ensenada, pero no respondió al llamado.
Autoridades denuncian a pescadores
La postura oficial se dio a conocer a través de un comunicado la tarde del jueves 9 de marzo, el cual se publica completo a continuación:
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presenta denuncia penal contra quien resulte responsable de las agresiones físicas a inspectores federales, la destrucción de 4 vehículos oficiales así como el robo de una embarcación de esta dependencia, en el poblado del Golfo de Santa Clara, Sonora.
“Lo anterior, como resultado de los hechos ocurridos contra 10 servidores públicos de la PROFEPA y LA Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) así como 18 oficiales de la Comisión Nacional de Pesca, la noche de ayer miércoles en aquel poblado por un indeterminado grupo de personas que además quemó un total de 15 vehículos oficiales.
“De acuerdo al primer reporte oficial, 3 inspectores de la PROFEPA que fueron golpeados, lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Son.
“El recuento de los bienes dañados de PROFEPA son 2 camionetas, 01 lancha y 01 cuatrimoto, incendiadas. Además, del robo de una lancha asegurada.
También, fueron quemadas 8 camionetas y una lancha de la CONAPESCA; así como dos lanchas de la CONANP.
“El grupo agresor justifico sus acciones ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Es de resaltar que de acuerdo a la SEMARNAT la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el día 22 de febrero del 2017, a solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfina; lo anterior, refleja la irresponsabilidad con la actuaron los líderes de este gremio al solicitar tardíamente la autorización.
“Toma relevancia que las acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias del gobierno federal, entre ellas la PROFEPA, se han enfocado primordialmente a combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos pescadores han denunciado, por lo que la situación de la autorización de impacto ambiental era ajena a las competencias de esta Procuraduría.
“Finalmente, la PROFEPA mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento a que el Ministerio Público Federal dé curso a las investigaciones y sancione a los responsables”.
