Las manifestaciones recientes en esta gran ciudad, han dejado claro que la unión hace la fuerza y que la autoridad reconozca que el pueblo unido, jamás será vencido. Al contrario, en ese tenor reza el artículo 39, de la Constitución federal: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Esto es, que no se puede ceder el derecho o dominio a otro ente, pues el poder ya existe; no que el pueblo gobierne, sino a través de las autoridades electas por el pueblo. En sentido estricto, el término inalienable (enajenar), quiere decir que el dominio no puede transmitirse a otro individuo; de lo contrario cabe la anarquía en la forma de gobierno, cuestión que no se desea. Simple y llanamente son derechos fundamentales que ninguna autoridad puede negárselos a las personas que se manifiestan; más no para que gobiernen.
Formalmente así lo es, pero materialmente en las personas mayores de 18 años. Los que votan en las elecciones para designar a quienes componen el poder público, de ese reducido pueblo, del cual está compuesto por tres millones de habitantes en Baja California (INEGI 2015). Deliberar si la ley del agua no es para beneficio del pueblo, que se abrogue, lo que aconteció. Al abrogarse se confirma que no se instituyó para beneficio de éste. También quedó claro que los diputados se someten sin miramientos a la instrucción del Ejecutivo estatal. Entonces, ¿cómo se creó la precitada ley del agua? ¿Quién la propuso? ¿Cuál era su objeto y alcance?
Si el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, no quiere decir impedir a las instituciones creadas prestar los servicios (recaudación, legislatura estatal, bomberos, basura, panteones, registro civil, etcétera). Tampoco alterando las garantías de los demás.
Antes, gobiernos antagonistas al actual, deslizaban 2 (dos) centavos por mes. Y la prensa magnificaba con gasolinazos. Ahora, son aumentos de pesos por semanas. Recientemente bajó un centavo. En cambio hoy vale el litro 16 (dieciséis) pesos la molécula o gasolina. Antes estaba a 11 (once) pesos. Aunque suene a ironía, el señor Presidente de la República, propuso a la Soberanía de la Unión (500 diputados de todos los partidos) la Reforma Estructural (energética), quienes la aprobaron, que conlleva la liberación del precio internacional de las gasolinas (también la Eléctrica, que ha estado aumentando paulatinamente).
El deslizamiento del dólar a la baja se debe a dos cosas: Una, el presidente del vecino país del norte, con sus mandatos (órdenes ejecutivas), está creando incertidumbre con los empresarios y mercados internacionales, en su afán protagónico y protector de su economía interna, obstruyendo a empresarios que no se expandan en otros países, so pena de incrementarles un arancel de las y para las exportaciones e importaciones. Dos, el deslizamiento a la baja del subsidio a las gasolinas, da mayor certidumbre y confianza de la fortaleza en la economía mexicana. No regalar más a la población los costos (valor) de la gasolina en el consumo del energético –sean ricos, sean pobres. Empero, debe proponer derogar en la ley ingresos de la federación para el próximo ejercicio (2018), el impuesto sobre producción y servicios (IEPS), esto es, quitar los cuatro pesos que el gobierno federal se queda por cada litro de gasolina que se consume a nivel nacional.
La población creyó que el costo por litro se debe al costo internacional, pero no se dijo que el gobierno federal se queda con cuatro pesos por cada litro. Por eso, la muestra de coraje y descontento de la población en diversos estados y municipios del país.
Ahora, los reclamos son parte del pueblo. El pueblo lo conforman niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Solo los que tienen su credencial para votar y lo ejercen. No deben exigir los que tienen derecho y no votan, tampoco los que tienen placas americanas y de ONAPPAFA (Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar), u otra similar, aunque parte de la culpa la tiene el estado, que no los recoge o retiene hasta que legalicen su situación de importación, excepto los de placas extranjeras que sí cumplen en aquel país sus contribuciones; sino el pueblo que paga placas, tenencia, agua, impuestos (predial).
Atentamente.
Lic. Sergio Campillo H.
Tijuana, B.C.
