Dado a la falta de reglamento vitivinicultores y ejidatarios, temen que las inmobiliarias construyan en la “Ruta del Vino”. Aún faltan las consultas del 25 de marzo y 17 de abril. “No hay ‘dientes’ para sancionar a quienes pretenden fraccionar terrenos para su venta”, dijo Álvaro Ptanick, representante de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California
Después de años de estar en la “congeladora” se anunció que a más tardar en un mes se aplicará el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada.
Las últimas consultas están programadas entre el 25 de marzo y el 17 de abril, plazo en el que, una vez más, revisar y analizar si el programa sectorial publicado desde octubre de 2010, requiere de modificaciones.
De entrada, el plan aún carece de un reglamento, lo que para vitivinicultores, ejidatarios y pobladores asentados en la zona mantiene latente el peligro de que la “Ruta del Vino” se vea invadida por empresas inmobiliarias que terminen por levantar asentamientos humanos en terrenos destinados al cultivo de la vid, así como otros tantos productos que generan sus tierras.
“No hay modificaciones en los ejes principales, el agua, el paisaje y la agricultura, no hay ‘dientes’ para sancionar a quienes pretenden fraccionar terrenos para su venta”, declaró Álvaro Ptanick, representante de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California.
Actualmente en “La Ruta del Vino” existen 50 hoteles y cabañas, de los cuales más de la mitad han “brotado” en el último año, y en el mayor de los casos de forma irregular. En ese aspecto es en el que parecen estar de acuerdo ejidatarios y vitivinicultores: no se debe permitir la construcción de más hoteles, pues eso significa la reducción de terreno disponible para el cultivo.
El otro gran problema es el ya de por sí escaso abastecimiento de agua. Si ya existe la queja constante de los ejidatarios que programas y obras que se han llevado a cabo beneficia los vitivinicultores, consentidos de las autoridades, ahora la denuncia es de unos y otros, pues el vital líquido faltará para todos.
En medio de las construcciones clandestinas, la venta indiscriminada de parcelas, hoteles que aparecen todos los días y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el Programa Sectorial sigue en receso, “no ha habido capacidad para vigilar el crecimiento desordenado”, manifestó Hans Backhoff, presidente de Provino.
“La gente está muy confundida”, resumió por su parte Rafael Romo, presidente de la Unión de Ejidatarios de la Zona Norte de Ensenada.
Crece el desorden
La “Región del Vino” comprende básicamente cuatro delegaciones: La Misión, San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco.
Para regularla, el programa partió de leyes como la General de Asentamientos Humanos, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. A grandes rasgos determinan que el ordenamiento debe asegurar el desarrollo del asentamiento humano ahí distribuido, pero también garantizar el equilibrio en el crecimiento entre la parte urbana y rural. Contribuir, en resumen, al desarrollo social, económico y ecológico.
Ya el documento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) publicado en 2005 se plateaba entre los objetivos de la regionalización el impulsar las vocaciones económicas de cada una de las regiones del municipio, y descentralizar los servicios públicos municipales y programas institucionales, lo cual, en el caso del Valle de Guadalupe, se ha cumplido parcialmente en el primer caso, mientras en el segundo, como en el resto de las regiones de Ensenada, no se ha dado.
El programa para la “Región del Vino” comprende 98 mil hectáreas -más de 12 mil de superficie agrícola, 8 mil de temporal y 4 mil en modalidad de riego- para las que se fija una “política social municipal” en los rubros de educación, salud, prevención de adicciones, desarrollo social, desarrollo cultural, deporte y recreación.
Dentro del glamour que ahora rodea al Valle de Guadalupe, se tienen incluso identificadas las localidades de mayor marginación y pobreza: Santa Anita, Ampliación El Porvenir, Úrsulo Galván y la Colonia Mixteca.
La mala situación de los servicios públicos es un rubro que se remarca en el documento, desde la carencia de energía eléctrica en muchas viviendas, así como agua entubada, sanitario, con un rezago hasta del 40 por ciento, y donde Santo Antonio de las Minas enfrenta los mayores problemas: “Entre otras privaciones cruciales en las familias, están en menores condiciones para gozar de una vida larga y saludable”.
Una de las alegatas que han sostenido lo ejidatarios al quejarse de que las políticas gubernamentales tienden a privilegiar a los empresarios del vino, cuando en la agricultura de la región se dan con vastedad otros productos, se asienta en el documento oficial. La producción predominante es de jitomate, “seguido lejanamente” del cebollín en tercer lugar, y de ahí le siguen granos, avena, maíz, cebada, trigo, espárrago, alfalfa, olivo, naranja, pepino, aguacate, entre otros.
Hay que agregar la actividad pecuaria, con más de 4 mil cabezas de ganado bovino, 3 mil 400 de ovino, y 400 entre caprino y porcino. Hoy en día algunos vaqueros han tenido que vender parte o todo su ganado al verse arrastrados por la preponderancia de la vitivinicultura, o simplemente por la escasez de agua o la falta de apoyos gubernamentales canalizados ahora a los empresarios del vino.
La infraestructura hidráulica, el más serio problema de la Región del Vino, se concentra en la extracción de agua subterránea y en los acueductos Morelos-La Misión-Ensenada, y son para surtir el vasto municipio de Ensenada. El acuífero del Arroyo Guadalupe rodea los poblados de Francisco Zarco y El Porvenir, y fluye por un arroyo mayormente comformado de grava, arenas, limos y arcilla, últimamente afectado por el indiscriminado e ilegal saqueo de arena, otra consecuencia del Programa Sectorial congelado por casi diez años.
El programa, redactado en 2010, pero antecedido por el reporte de 2005, también tiene muy clara la principal problemática en torno a la zona, tales como el inadecuado manejo de aguas negras, el uso indiscriminado del agua pura, la sobreexplotación de acuífero de Guadalupe, nuevamente la extracción irracional del paso del agua en arroyo, la falta de regulación del uso de suelo, la edificación irregular sin orden ni autorización, actividad y asentamientos irregulares, uso comercial en áreas sin planificación ni infraestructura, contaminación por residuos, escurrimientos clandestinos de drenaje en carreteras y caminos, lotificación donde no hay servicios; en fin, devastación, desforestación y desmonte de suelos y zonas agrícolas.
Los problemas no solamente permanecen todos, sino que se han agravado. Las administraciones municipales encabezadas por Enrique Pelayo Torres y Gilberto Hirata Chico, no quisieron siquiera ni echarle un ojo al tema de la sectorización de “La Ruta del Vino”. Especialmente Hirata, oriundo de El Porvenir, y con vínculos familiares e intereses económicos en la zona.
DUDAS, INCONGRUENCIAS… Y MÁS ESPERA
“Con ese Plan de Desarrollo es como si me dijeran ‘Ya no puedes tener más hijos, porque ya no va haber terrenos para ellos’”, protesta Rodrigo Hernández, al referirse a la restricción de delimitar los terrenos hasta 300 metros y permitir la construcción de solo dos habitaciones por hectárea. Reclama que eso crea incertidumbre sobre el patrimonio que le heredará a sus vástagos.
Para el caso de construcción de hoteles, se contemplan hasta 30 habitaciones por hectárea, donde también se observan inconsistencias, a decir de la propietaria del Hotel Plaza Fátima: “Mi hotel tiene 14 habitaciones, tres cuartos por hectárea, pedí permiso para ampliación y me lo negaron porque no califico. Sin embargo hay gente que en 200 metros han metido cabañas, hoteles ilegales, no facturan, no pagan impuestos, no pertenecen a la asociación de hoteleros, es una competencia desleal, como la de los ambulantes contra los comerciantes establecidos”, ejemplificó.
Mientras que el delegado de San Antonio de las Minas, Martín Cortés, acusó que conforme la “Ruta del Vino” se ha vuelto lo más atractivo de Baja California, los hoteles y restaurantes se han multiplicado en la zona, pero con la contaminación de aguas negras: “Los negocios no desazolvan sus fosas, manan sus escurrimientos al arroyo, a la calle. Tenemos que buscarle solución a eso”.
Otro poblador reiteró a ZETA: “No tenemos agua, no tenemos el drenaje, no tenemos agua potable, no podemos darle servicio a la comunidad por falta de agua, pero sí están haciendo negocios. Hay que ser congruentes con nosotros mismos, hace falta arreglar todo eso”.
Francisco Ojeda, representante ejidal de San José de la Zorra, dijo que en papel, el Programa Sectorial y de Reordenamiento se ve muy bonito, pero cuestionó qué tan factible será mientras no se tiene un reglamento, que debería ir paralelo con éste.
“Es cierto, la percepción es que para que haya un orden, debería va a publicarse el reglamento. El programa ya está aprobado, se está actualizando, sí hay que ver si el programa es viable o no, o irregular, pero ya hay un elemento legal para poder sancionar, no hay que esperarse a que salga el reglamento, ya lleva mucho tiempo esto”, respondió por su parte el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Javier Sandoval Félix.
Sin embargo, aceptó que esa instancia tiene la facultad de proponer, y hasta de detectar irregularidades, que de hecho tienen bien detectadas las que se han señalado líneas arriba, pero que ni están encargados de entregar o no entregar permisos, menos de sancionar. Igualmente se deslinda de soluciones para la delimitación de terrenos o el manejo de aguas negras.
“Ahorita se abre la puerta para que realmente todas estas cuestiones que no se consideraron cuando se hizo por primera vez este programa ahora sí se aborden”, indicó el funcionario. Mientras que el regidor Jorge Camargo, coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, precisó que tras las consultas el programa se pasará a Cabildo, luego a Comisiones, pero antes, quieren la participación de los ciudadanos.
“Lo que queremos es que nos faciliten esta decisión, la aprobación, que nos lleven todas las opiniones, en ese sentido los regidores tenemos la responsabilidad de aprobar esto y nos comprometemos a hacerlo con responsabilidad”, enunció.
A contrarreloj, según la fecha para darle cumplimiento el documento publicado en el Diario Oficial de 2010, el alcalde Marco Antonio Novelo aseguró que tras escuchar a todos los sectores involucrados en la “Ruta del Vino”, será modificado de forma consensuada, a la par de solventar las demandas de fondo: “Tengo la voluntad de trabajar incansablemente para contrarrestar el abandono en que han permanecido por años esas delegaciones”.
