Los promotores lo advirtieron, la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal no era un mecanismo para reducir la incidencia delictiva y tampoco la llave de acceso al sueño de la justicia. Está claro que su aplicación al igual que la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales tenía el objetivo central de despresurizar el sistema penitenciario nacional y reducir los gastos del gobierno, además de ayudar a combatir el enorme rezago en el poder judicial.
La intención era y es, que un mínimo de expedientes-denuncias lleguen al juicio oral. En el año 2013 en Mexicali, donde el NSJP llevaba ya tres años operando, Marcos Pérez Núñez administrador del sistema, declaró públicamente que desde el inicio, el objetivo era judicializar solo el 3 por ciento de las denuncias.
Otra de las consignas básicas es que la prisión preventiva sea la última alternativa del juzgador cuando les presentan al imputado por algún delito. Así que la mayoría de los detenidos –salvo por temas de homicidios, secuestros, trata o delincuencia organizada que incluyan flagrancia– llevan su proceso en libertad, y se procura que sus penas y sanciones tampoco incluyan prisión.
En 2014 los diputados se dieron cuenta finalmente de lo increíblemente ineficiente que era el poder judicial: muchas de las personas internas en los Centros de Readaptación Social estaban presas –en ocasiones por años– sin ser sentenciadas, así que decidieron detener ese abuso y se fueron al otro extremo.
El detalle es que ahora en un México con más de 90 mil asesinatos en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y con autoridades asegurando que la mayoría son ejecuciones entre vendedores de droga, muchas de las personas detenidas con armas o con enervantes, son presentadas ante el juez que califica la detención y después regresan a la calle, aseguran policías y ministerios públicos, a seguir delinquiendo, porque pueden y deben llevar sus procesos en libertad y en otras ocasiones por faltas al debido proceso en la captura.
Cierto, el nuevos sistema califica con más rigor la reincidencia, pero el problema es volver a detenerlos en flagrancia.
Entonces resulta que los traficantes y/o vendedores de ‘cristal’, cocaína o mariguana, al igual que los hombres y mujeres que circulan por las calles de las ciudades mexicanas portando sin permiso desde una pistola u otro tipo de arma de uso exclusivo del Ejército, que antes sobornaban a policías y ministerios públicos para ser liberados, ahora regresan a la calle sin mayor problema, la ley les da el beneficio de la libertad. Esa parte de la corrupción sí debe estar disminuyendo.
El beneficio alcanza también a algunos ladrones que roban o asaltan con arma punzocortante, es más, si un violador primo-delincuente confiesa en juicio abreviado, puede gozar su libertad al concluir el proceso.
Esto se vivió en Mexicali desde el año 2010, y en la Zona Costa de Baja California a partir del año 2016, sin embargo, fue hasta el pasado febrero y lo que va de marzo, con el incremento en la incidencia de robos y de homicidios –más de 300 en tres meses en Tijuana y tres en Tecate solo en lo que va de marzo–, cuando diversos representantes del sector empresarial empezaron a manifestar su preocupación por lo que ven como una consecuencia de la implementación del NSJP, que privilegia medidas alternas mientras las corporaciones armadas encargadas de la labor preventiva siguen siendo acusadas de violentar los procedimientos.
Y no se trata de rechazar el NSJP, porque nadie puede estar contra la protección de las garantías, de dejar atrás el oscurantismo de los abusos, los sobornos, de alcanzar una real transparencia y que las víctimas sean verdaderamente resarcidas por el daño recibido, el problema es como dijo no hace mucho el secretario de defensa General Salvador Cienfuegos, “el nuevo sistema penal acusatorio, no podemos decir que es malo, lo que pasa es que no está funcionando” y como han mencionado sus promotores, es perfectible.
Está probado que la prisión tampoco es la panacea y menos en los penales mexicanos, donde los tratamientos de reinserción social son prácticamente inexistentes. Sin embargo la sociedad está presionando para que sus funcionarios, sus legisladores, encuentren un punto medio, algo que sea más equilibrado entre los derechos de los imputados, los derechos de las víctimas y de la sociedad a sentirse menos insegura.
Actualmente en el Senado y la Cámara de Diputados están circulando diversas propuestas, desde las que pugnan por eliminar por completo la prisión preventiva, hasta las que buscan reincorporar esa pena a ciertos delitos. En Baja California el diputado Jorge Ramos, presidente de la comisión de seguridad pública en la Cámara baja, está haciendo una recopilación de inquietudes y propuestas en ese sentido, pero en este momento los bajacalifornianos cuentan con 15 diputados y 3 senadores, todos obligados a escucharlos y va siendo hora de ponerlos a trabajar.
