“Los hombres, al falsear la realidad, aman más las apariencias que lo verdadero”.- Esquilo
La Reforma Constitucional del 18 de junio de año 2008 constituye una de las reformas legislativas más importantes en nuestro país, pero en materia penal, sin lugar a duda, es la reforma más importante que se ha efectuado en nuestro país y que constituyó una respuesta para muchos reclamos y, por otro lado, justificaciones a los fracasos gubernamentales en los tres órdenes de gobierno contra la inseguridad, la delincuencia organizada y la corrupción.
Esta reforma cambió la estructura fundamental de 10 artículos de la Constitución Política del país; en lo particular, los que en su mayoría se refieren a las garantías individuales. Recientemente, en la ciudad de Tijuana el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) criticó la falta de resultados por parte de las autoridades en el combate a la delincuencia y se ha señalado a la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal como factor que favorece a la inseguridad, lo anterior, a través de un comunicado emitido por Gilberto Fimbres Hernández, dirigente de dicha organización, en donde se subraya el incremento de homicidios en los dos primeros meses del año y cómo ha disminuido la capacidad de asombro e indignación por parte de la sociedad y las autoridades.
Además, abundó que ante este desafío se requieren nuevas estrategias y líneas de acción que incluyan a los jueces (que no tienen ninguna participación constitucional en la investigación de delitos), fiscales y a policías, pero también, la participación de los sectores públicos, privado y social.
Esta es una declaración interesante pero sería importante que a nombre de ese grupo empresarial comentara igualmente la reforma que en cuanto a la Ley del Trabajo se realizó para disminuir sensiblemente la indemnización laboral que debe otorgarse a los trabajadores en caso de accidente de trabajo o del salario de hambre y miseria de los trabajadores mexicanos; de igual forma, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana durante una reunión del grupo de coordinación vinculó al Nuevo Sistema de Justicia Penal con los robos y homicidios.
Agregó y así lo publicó la prensa que “por lo garantista del sistema, que no es malo que sea garantista, lo malo es que tenemos que estar mejor preparados para presentar a los presuntos responsables”, según Humberto Jaramillo Rodríguez.
Estas dos declaraciones revelan un grave desconocimiento del NSJP que entró en vigor el 18 de junio del 2016 y cómo de manera absurda se confunde a este sistema con el combate a la delincuencia. Es claro que la responsabilidad de la seguridad en el estado le corresponde al Gobernador, quien ha descuidado de manera gravísima esta delicada tarea que como compromiso legal tiene con la ciudadanía.
Baja California se mantiene como el estado de la frontera norte del país con mayor incidencia delictiva, nuestra entidad encabeza a los estados norteños de la República con 8194 delitos, tomando en consideración que la cifra negra de la delincuencia llega a casi el 82%, esto es, que solo se denuncian el 12% de los delitos que en realidad se cometen. En el ámbito de los ilícitos le siguen los estados de Sonora con 2332, Chihuahua con 5078, Coahuila con 3874, Nuevo León con 6678 y Tamaulipas con 4087; de estas cifras el 27% de todos los delitos del norte del país corresponden a nuestro estado; para el mes de enero del año en curso, en Baja California se habían cometido 8194 delitos en relación a Nuevo León con 6678 o Sonora con 2332.
Las autoridades encargadas de la investigación del delito, su persecución y esclarecimiento, no han logrado la eficacia que la ciudadanía no solo requiere sino que, además, exige y merece, pero ello no debe de ser óbice para que quienes busquen posicionarse políticamente, declaren sin certeza y sin conocimiento en su afán protagonista.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
