La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), emitió una “ficha roja” para la búsqueda y localización en 190 países del ex mandatario César Horacio Duarte Jáquez, que cuenta con una orden de aprehensión por el presunto delito de peculado, y quien según afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “es un prófugo de la justicia” y huyó a El Paso, Texas, Estados Unidos, para evitar su captura.
La “ficha roja” de la Interpol la había pedido la noche del miércoles la Procuraduría General de la República (PGR). La petición se hizo a solicitud de la Fiscalía General estatal, por lo que ésta fue remitida a la Secretaría General de la Interpol, con sede en Lyon, Francia.
Un día antes, el martes, Coral Jurado pidió al gobierno de Estados Unidos, que extradite al abogado de 53 años de edad, bajo la cláusula de repatriación por “pernicioso e indeseable de aquel país”. El juez de control del Distrito Judicial Morelos, en el estado de Chihuahua, había ordenado aprehender a Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, motivo por el cual solicitó su localización y detención.
El mismo miércoles circuló a través de las diversas redes sociales, una fotografía de César Duarte, en un restaurante de El Paso, Texas, en la que acompañado de Guillermo Dowell Delgado, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -instituto al que pertenece el ex gobernador-, y Sergio Belmonte Almeida, ex director de Comunicación Social durante su gobierno.
Ese mismo día, Corral Jurado aseguró que Duarte dejó un daño patrimonial de casi 6 mil millones de pesos en Chihuahua, y detalló que su administración cuenta con 50 expedientes por distintos actos de corrupción en la gestión del priista, que durante su administración desvió recursos por más de 500 millones de pesos a una empresa fantasma ligada presuntamente al sobrino de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
El actual gobernador informó que desde días pasados planearon diversas acciones para detener a Duarte en Chihuahua, porque tuvieron información de que se dirigía a Parral, “que participaría en una ceremonia del PRI con el Comité Estatal”. Sin embargo, dijo, “decidió ya no cruzar para acá y se quedó en El Paso, donde está refugiado”.
“De aquí en adelante, vamos a ser testigos de acciones, que sin duda, abonarán a la restauración del Estado de Derecho, y en este mismo momento, informo que se siguen ejecutando diversas órdenes de cateo, con esa finalidad, cuyo resultados informaremos oportunamente, para no poner en riesgo esas importantes diligencias”, adelantó, al decir que su objetivo de hacer justicia “es indeclinable”.
“Durante mi mensaje de toma de protesta, como gobernador constitucional del estado, ofrecí a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices. Dije que el que roba desde el gobierno, no solo roba unos centavos, o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente que aspira a una vida mejor”, enfatizó Corral.
“No hay pero crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente, a los ojos, y luego embolsarse lo que debe servir para combatirla. Y si es un crimen robarle al pueblo, es aún peor no hacer nada frente a la corrupción, lo más grave es la impunidad”, dijo el gobernador, miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
Corral Jurado, señaló que el mayor reto de su gobierno que lleva apenas 6 meses en funciones, es no defraudar a los ciudadanos de Chihuahua, que se sienten “profundamente ofendidos por el saqueo sistemático” de los últimos 6 años de la administración anterior.
“[…] Hemos sido especialmente cautos, y hemos integrado de manera cuidadosa, las diversas carpetas de investigación. Por ello, hemos iniciado la “Operación Justicia para Chihuahua”, [que consiste en] el castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado”, señaló el mandatario estatal.
Corral confirmó también, que derivado de las órdenes de aprehensión de distintos jueces, la Fiscalía logró la captura de 3 funcionarios del primer círculo de Duarte Jáquez, acusados de peculado: Javier Garfio Pacheco, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y ex alcalde de Chihuahua captal, y Gerardo Villegas Madriles, ex director de la Administración de la Secretaría de Hacienda estatal.
Además de Ricardo Yáñez Herrera, quien fungió como secretario de Educación, Cultura y Deporte, director de Vialidad y de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi). Todos fueron trasladados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán, al sur de la capital del estado.
“Estamos, apenas, en el inicio de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, [entre] ex funcionarios y particulares, que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto, encabezada por el ex gobernador Duarte”, afirmó Corral.
“Tenemos un amplío trabajo de investigación, integrado en carpetas, y un caudal probatorio que rigurosamente hemos conjuntado. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha venido realizando un trabajo profesional y pesquisas, para poder acreditar ante los jueces, cómo el ex gobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto, bajo el reparto de funciones especificas, y en un concierto previo, hicieron uso del poder, para beneficio personal.
El 3 de noviembre pasado, el abogado y activista Jaime García Chávez dijo que el nombramiento del ex Senador priista Raúl Cervantes Andrade como procurador General de la República era preocupante para la investigación iniciada por corrupción al ex gobernador, por lo que puso en duda que la PGR actuara en contra de Duarte Jáquez.
El abogado explicó que él interpuso la denuncia de hechos por probable enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario priista, pero lleva “una buena amistad” con el titular del Ministerio Público Federal.
“Creo que uno de los días más felices que ha tenido [Duarte Jáquez] este año es cuando nombran a su amigo [como Procurador General de la República]”, dijo en noviembre pasado García Chávez en entrevista con el diario digital SinEmbargo. “Es un nombramiento impertinente, en general, para el combate a la corrupción”.
En septiembre de 2014, el activista chihuahuense presentó ante la PGR el contrato del Fideicomiso 744773 creado en 2012, firmado por el hoy ex gobernador Duarte y su esposa, al que destinaron 65 millones de pesos para convertirse en accionistas del Banco Unión Progreso, encabezado por el que fungió como su secretario de Hacienda: Jaime Herrera Corral.
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