¿Qué ha pasado? Cómo llegamos a esta situación tan terrible. Asesinatos, robos, asaltos, secuestros, violaciones, fabricación de pruebas para inculpar a inocentes. ¿Dónde perdimos la pista? ¿Dónde perdimos el norte?
A mí me tocó todo el sexenio de Ernesto Zedillo construir nuevas instituciones para enfrentar exitosamente el crimen, común y el organizado. Durante estos seis años se sabía a dónde se quería llegar y con qué. Para empezar, jubilamos a todos los ministros de la anterior Suprema Corte. Había sospechas serias de que varios estaban involucrados con el crimen organizado, pero no había suficientes elementos para procesarlos.
Se decidió cortar por lo sano. Jubilarlos a todos. Crear otra Corte, con otra filosofía, más fuerte, más independiente, más pequeña, que se acercará más a ser una corte constitucional. Se nos acusó de golpe de estado jurídico, porque se fueron todos. Era necesario.
Le quitamos poder político a los ministros que se habían repartido el país, para designar jueces y magistrados a su conveniencia. Creamos el Consejo de la Judicatura, para la disciplina y administración del todo lo que era judicial, dejando lo jurisdiccional para los jueces.
Se estableció el concurso obligatorio para ser juez o magistrado. Yo era el Presidente de la Comisión del Senado que dictaminó y me dejaron bateo libre. Ni el Presidente ni su gabinete intervinieron.
Los senadores lo decidimos, incluyendo la integración de la Corte. Muchos de los favoritos no llegaron, a pesar de recomendaciones. En la creación del consejo cometimos un error, la integración propuesta por el Presidente Zedillo era de 4 integrantes de afuera del Poder Judicial y tres del seno del propio poder, nosotros cambiamos esa correlación y le dimos 4 al poder judicial y 3 externos.
Esto generó que el verdadero poder del consejo sea su presidente, quien a su vez es el Presidente de la Corte. Eso debe modificarse, pues de hecho el poder administrativo y disciplinario recae en él, concentrando mucho poder. En esa misma reforma creamos la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, instituciones que han modificado muchas veces las arbitrariedades en el sistema político mexicano.
Como era algo nuevo, el piso para solicitar estas acciones lo pusimos muy alto, es algo que también hay que modificar. Se creó también la Ley que estableció el sistema de coordinación nacional en materia de seguridad pública. Se hizo coincidente para los tres órdenes de gobierno, pues antes era solo municipal. Se hicieron las reformas en contra del crimen organizado.
Se fortaleció a la PGR. Se reformaron los conceptos constitucionales de flagrancia y reincidencia. Se creó la Policía Federal para que, con la presencia de este cuerpo, cada vez menos se utilizara a las fuerzas armadas en tareas de policía. Se modificó el sistema penitenciario. Se tomaron medidas contra el patrimonio de los narcos, para que su muerte no lavara sus recursos mal habidos.
En fin, fueron muchas reformas para enfrentar con éxito a la delincuencia. Había pues, una estrategia bien definida. Pero, aquí viene el pero, lo que fue un éxito en materia democrática, sacar al PRI de los Pinos en 2000, se convirtió en el talón de Aquiles en la lucha contra la delincuencia, pues ni los gobiernos de Fox ni de Calderón, estuvieron a la altura del reto, sobre todo sus colaboradores. Creció el poder político del narco, su capacidad económica. Su violencia.
Los jefes policiacos se convirtieron en empleados de los delincuentes. No se siguieron con los proyectos en marcha. La PFP, no siguió preparándose ni creció su número y, por lo contrario, se metió más al ejército en labores policiacas. Por recomendaciones del general colombiano Naranjo, asesor de Peña, se creó la gendarmería, con aparente duplicación de la PFP. Nadie nota que haya diferencia.
El sistema nacional de seguridad pública es un fracaso. Ha aportado miles de millones de pesos y nos hay avances sustantivos. Como hay corrupción, el dinero se gasta en autos, aparatos de espionaje electrónico, equipo policiaco, botas, toletes, uniformes, todo, absolutamente todo con sobreprecios. Todo es negocio.
De todos los órdenes de gobierno. Sobre todo, en las presidencias municipales. Los sistemas de confianza están naufragando. Todo se compra, todo se corrompe, ante la ambición desmedida de las personas a cargo de estos temas.
Desde el 2000 se colapsó el sistema. Lo más grave, con el Presidente Calderón se fabricó pruebas falsas, para obtener éxitos publicitarios. Ahí está el caso de la francesa y ahora el de las indígenas queretanas. ¿Qué nadie va a ser castigado? ¿Qué se quedarán impunes sus acciones? No crean que el asunto cambió con Peña. Pero esto lo trataremos en la segunda parte.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
