Las nuevas unidades de Seguridad Pública de Tijuana, adquiridas sin licitar y puestas en operación por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, no cumplen con la recomendación para el traslado digno y seguro de los detenidos; tampoco reúnen las especificaciones requeridas por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG- de proteger la identidad de los detenidos
Sin mediar licitación alguna y con el mismo argumento de sus antecesores, “aprovechar el recurso para no devolverlo a la Federación”, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro adquirió equipo de Seguridad Pública por el orden de los 31.5 millones de pesos.
El monto formaba parte de la última ministración de 38 millones de pesos liberada en octubre de 2016 por la Federación, de un presupuesto de 80 millones de pesos que ese año etiquetó para el municipio de Tijuana, a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG- y que el gobierno de Jorge Astiazarán no alcanzó a ejercer.
A su arribo, las autoridades del XXII Ayuntamiento de Tijuana ya contaban con ese recurso en caja; no obstante optaron por adjudicar contratos directos con empresas como Ford Automotriz, S.A. de C.V., Grupo Coyote Monterrey y Cassidian de México, S.A. de C.V., para la compra de patrullas, motocicletas, así como chalecos y equipo de radiocomunicación.
Pero en el caso de las patrullas, no se cumplió con la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos -CEDH-, a cargo de Melba Olvera, a pesar de que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, se comprometió en diciembre de 2016 a dar cumplimiento a lo observado por la comisionada.
Para cumplir con las especificaciones, las patrullas utilizadas para el traslado de los detenidos debían ser modelos cerrados; de ser camionetas tipo pick-up, éstas debían no solo ser doble cabina, para que las personas aseguradas no tengan que ser llevadas en la cajuela.
De las nuevas patrullas la CEDH expuso a ZETA: “No se puede reconocer que con las medidas tomadas se esté cumpliendo cabalmente con las directrices que se señalan en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas”.
A la flotilla de 15 unidades de Seguridad Pública, el gobierno de “El Patas” solo se limitó a instalarles una estructura metálica y una lona que da techo a la cajuela y cubre parte de los costados; en el centro se le instaló un banco de metal, donde los detenidos son trasladados sin cinturón de seguridad.
La parte posterior de la camioneta queda al descubierto, por lo que tampoco cumple con la pauta establecida por FORTASEG en la compra de patrullas: proteger la identidad de los detenidos.
DETENIDOS EXPUESTOS
Una lona negra cubre poco más de la mitad de la cajuela de las 15 patrullas recién adquiridas por el XXII Ayuntamiento de Tijuana, medida que a lo mucho proporciona sombra a quienes ahí son trasladados.
Las unidades tipo pick-up son de cabina y media, pero los detenidos no son llevados en la parte posterior del interior de la parte cerrada, con lo que sí se estaría cumpliendo con las medidas de seguridad mínimas, sino que son transportados en la caja.
Amontonados, sin cinturón de seguridad y expuesta su identidad en todo el trayecto que recorre la unidad, desde el momento de la aprehensión hasta que son puestos a disposición de un juez municipal, en esas condiciones van las personas aseguradas, situación que ya ha costado vidas humanas.
Tal es el caso de María Elena Saucedo, de 35 años de edad, originaria de Paplotla, Tlaxcala, quien el 26 de diciembre de 2016 fue objeto de un arresto preventivo por “mendigar en áreas públicas” y, según reportó la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se arrojó de la patrulla en tránsito. Su cuerpo quedó tendido sobre el Libramiento Rosas Magallón.
Antes de este hecho, en mayo de 2016, la puerta de la caja de la patrulla que circulaba a exceso de velocidad en Módulos de Otay se abrió; los dos detenidos a bordo cayeron al suelo y sufrieron severas lesiones.
En ambos casos la CEDH abrió expedientes de investigación y emitió exhortos, así como la recomendación 04/2016 de fecha 31 de mayo de 2016. Ninguna observación ha sido atendida.
PROMESA INCUMPLIDA
Tras la muerte de María Elena Saucedo, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro se comprometió a cambiar el tipo de vehículos en que los detenidos son trasladados por unidades tipo panel, “solicitaremos presupuesto para ello”, ponderó.
Una semana antes del lamentable suceso en que la fémina perdiera la vida, la comisionada de Derechos Humanos en Baja California, Melba Olvera, expuso haber exhortado al secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, transportar a los detenidos en espacios cerrados “para preservar su integridad física”. El funcionario le dijo que cumpliría lo observado.
Peor aún, Olvera dijo que desde mediados de 2016 hasta noviembre del mismo año, se observó que pocos detenidos eran trasladados en la parte posterior de la unidad, la mayoría se transportaba en la cabina trasera.
Pero a partir de diciembre, con el inicio del nuevo gobierno municipal, de nuevo se utilizaron las cajuelas de las patrullas para moverlos de un lugar a otro.
Ese punto también fue expuesto en la reunión con el secretario de SSPM, el cual prometió atender.
Una semana antes de la entrega del nuevo equipo de Seguridad Pública, en la reunión del Grupo 21, a la que fue invitado Sotomayor, habló sobre el proyecto de adquisición, haciendo hincapié que para el transporte de quienes eran trasladados en arresto preventivo, se adquirían “unidades tipo panel” para así cumplir con la recomendación.
Días después se dio a conocer el nuevo equipo de seguridad, 15 patrullas pick-up adquiridas con una inversión de 7.9 millones de pesos.
Ante el “riesgo” de que el recurso se perdiera por no ser ejercido a tiempo, se optó por comprar directamente el equipo, anotó el alcalde Gastélum.
PATRULLAS “ADAPTADAS” SON SEGURAS: SOTOMAYOR
Cuestionado sobre el cumplimiento de la recomendación de la CEDH de trasladar a los detenidos en forma segura, Marco Antonio Sotomayor citó: “Estamos totalmente de acuerdo, y de hecho estamos contestando la recomendación”.
Haciendo alusión a las patrullas recién adquiridas a las que se les complementó estructura metálica y lona, afirmó que en esa misma medida “todos los nuevos vehículos van a estar adaptados”.
Y advirtió: “Desafortunadamente, materialmente no es imposible hacerlo de una forma distinta por las unidades con que contamos. Sí creemos que va a ser una inversión multianual, porque prácticamente implica la renovación de alrededor del 80 por ciento del parque vehicular y todo depende del recurso, estamos buscando estrategias alternas, por ejemplo que cuando suban personas, vayan bien aseguradas para que no suceda lo que desafortunadamente ha sucedido”.
SORPRENDE A CEDH NUEVAS UNIDADES
Melba Olvera se declaró “sorprendida por la adquisición de las nuevas patrullas”, hecho que, subrayó, “no es una forma de cumplir con un exhorto”.
Compartió que al ver el tipo de unidades y la adaptación que les hicieron, se comunicó con Marco Antonio Sotomayor, quien le argumentó que FORTASEG les pidió esas condiciones “porque así se protege la identidad de los detenidos”, el funcionario prometió que las personas trasladadas serían llevadas en la doble cabina, pero en las calles se observan estas patrullas con detenidos en la cajuela.
“Me parece interesante evaluar cuales son los criterios de FORTASEG para que el otorgamiento de los recursos vaya en cumplimiento a los lineamientos de Derechos Humanos, pero eso es de competencia federal”, lamentó la titular de la CEDH.
Pero a las autoridades estatales y municipales sí se les continuará recomendando “que en los procesos de traslado de las y los detenidos se respete la dignidad de las personas y se prevenga de poner a ellos y a la autoridad en riesgo”. (Con información de Daniel Rodríguez)
