El asesinato a golpes de un funcionario de segundo nivel del gobierno panista estatal de Baja California, resultó en la localización de fajos de dinero, más de 3 millones de pesos en la casa de un empleado que ha trabajado en campañas y en el gobierno de “Kiko” desde sus candidaturas y hasta gobernador, en áreas administrativas. Al momento de su muerte, Manuel Ponce Rico tenía un sueldo de 60 mil pesos mensuales y dos cajas fuertes en su departamento, con millones de pesos y otras propiedades
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, a José Manuel Ponce Rico, subdirector administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), lo asesinaron la madrugada del 16 de noviembre de 2016 para robarle, ya que en su departamento guardaba millones de pesos en efectivo.
Según los videos de vigilancia de la zona, los ladrones estuvieron en la casa alrededor de 20 minutos, revolvieron todo el departamento, asesinaron a Ponce y al final salieron con una mochila de computadora en la que las autoridades ignoran si se llevaron dinero y cuánto fue, pero así lo presumen.
Si llevaban dinero, considerando el tamaño de la maleta y los fajos de 50 mil pesos localizados en la escena, creen que no pudo ser más de un millón de pesos lo sustraído por los asesinos.
Después del homicidio, en el departamento donde se cometió el crimen, fueron localizados casi 2 millones 190 mil pesos y 80 mil dólares en dos cajas fuertes ubicadas en el ropero de la víctima, que no se llevaron los ladrones, Dinero del cual, cuatro meses después, oficialmente siguen ignorando la procedencia.
Jose Antonio Parra Bernal
Lo que tiene claro la autoridad es que no viene de la suma del sueldo de los 61 mil 620 pesos mensuales que Ponce cobraba en el ISSSTECALI, ni de lo que antes pudo haber cobrado como funcionario administrativo público en la oficina del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, o en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD).
Del origen de los más de 3 millones de pesos localizados, los investigadores no han hecho constar nada en el expediente de la investigación de la muerte. Pero tanto los investigadores ministeriales como sus jefes en la Procuraduría han recibido datos no oficiales de funcionarios de primero y segundo nivel, ex compañeros y ex jefes de Ponce, que anotan que lo más probable es que el efectivo sea producto de la corrupción.
“Ese dinero viene de los contratos por medicamentos”, fue la premisa más repetida por funcionarios de Francisco Vega de Lamadrid. “Es uno de los cobradores del gobierno”, fue lo segundo más informado, recordando que el occiso había estado en el equipo del Ejecutivo por lo menos desde su primer intento por alcanzar la candidatura al Gobierno del Estado en el año 2001, y fue descrito como persona cercana a la oficial mayor, Loreto Quintero.
En ambos casos, las versiones dentro del gobierno hacen referencia a un comportamiento delictivo, a la obtención de dinero por el cobro de comisiones a cambio del favorecimiento con contratos.
Al inicio de la investigación hubo voces que hablaron de malos manejos de parte de Ponce en el tiempo que estuvo como administrador en ISESALUD, de mayo de 2015 a julio de 2016, sin embargo, consultadas las cuentas públicas en ese período, no se ha podido localizar ningún reporte de irregularidades o denuncias.
En el ISSSTECALI, donde laboró previo a su homicidio, tampoco hay un reporte oficial de faltantes.
— ¿Cómo se puede explicar que un funcionario de esa dependencia tenga tanto dinero en efectivo?, se pregunta al titular del ISSSTECALI, Javier Meza López.
“Hay dos vertientes: una es si de veras era un dinero de ISSSTECALI o de ISESALUD; lo que puedo comentar es que en las finanzas del ISSSTECALI no hay faltantes”, expone el funcionario, quien explica que con lo que él mismo gana como Director, difícilmente podría juntar una cantidad similar.
De la localización y el importe del dinero
Eran fajos de billetes, cada uno de 50 mil pesos y estaba unidos con un cinto del banco fechados a principios el año 2016 y finales de 2015, sumaban 2 millones 190 mil pesos, además de 80 mil dólares, equivalentes a un millón 627 mil pesos al tipo de cambio de 20.33 pesos por dólar, vigente el 16 de noviembre de 2016.
Al final, de acuerdo a lo reportado en documentación oficial, más de 3 millones de pesos fue el dinero localizado en dos cajas fuertes dentro del ropero en el departamento donde el 16 de noviembre se localizó el cadáver de José Manuel Ponce Rico, quien al ser asesinado se desempeñaba como subdirector administrativo del ISSSTECALI.
Como consta en el expediente 16/2017 del NUC02216/ 47729, la ubicación del dinero no fue reportada en el primer levantamiento o revisión de la escena del crimen hecho por personal de la PGJE, sino hasta al día siguiente, en una segunda inspección.
Ponce había sido asesinado a golpes, de una manera que los investigadores creyeron en primero que podía tratarse de un crimen pasional. Sin embargo, desde iniciadas las investigaciones, jefes y coordinadores de la Procuraduría recibieron información extraoficial que en esa casa había “mucho dinero” que no había sido localizado en la primera revisión, razón por la que se instruyó una segunda inspección pericial en la escena, y es así como se localizaron las dos cajas fuertes en el ropero.
Audiencia
Entonces la hipótesis del móvil pasional cambió a un robo que salió muy mal.
Cuando las autoridades reportaron públicamente el hallazgo de los más de 3 millones entre pesos y dólares, la siguiente reacción en el círculo cercano de la víctima fue “había más, mucho más”, mencionaban entre 10 y 14 millones de pesos.
De hecho, el abogado de una de las tres familias de la víctima llevó un recado-advertencia a los funcionarios de la PGJE: o le entregaban todo el dinero a un familiar muy cercano a Ponce, o la víctima “diría todo”, sin especificar a qué se refería con todo, incluso amedrentaron con realizar una conferencia para informar a la prensa.
Sin embargo, personal de la Procuraduría no encontró más dinero. Pero como lo encontrado era de principios de 2016 y de ese período han transcurrido un año, los investigadores consideran que en efecto, pudo haber más. Ahora, si existen o existieron entre 7 y 11 millones de pesos adicionales, las autoridades ministeriales consideran pudo encontrarse en una segunda casa de la víctima, pero de acuerdo al expediente del caso, no localizaron nada más, y ellos no tienen mayor referencia de su existencia, más que un reclamo extraoficial de una de las víctimas con la muerte de Ponce.
En una declaración ministerial de Marco Antonio Quintero Martínez “Chóforo”, a quien le solicitaron y aceptó declarar como amigo de la víctima a finales de 2016, dijo que en lo último tres años Ponce convivía mucho con José Antonio Parra, también que estos dos hombres habían trabajado juntos en la oficina de Francisco Vega por tres años, y en ISESALUD, y que por pláticas con Ponce se había enterado que estaba manejando mucho dinero por los contratos con los proveedores y que en todo eso su mano derecha era Parra.
Asimismo, los investigadores fueron enterados de nuevo por abogados aún no acreditados legalmente en el caso, al día siguiente del hallazgo, que la última esposa solicitaría el retorno del dinero encontrado, el cual le informaron, le reembolsarían al momento que pruebe la procedencia lícita y la propiedad.
ZETA contactó a la señora para preguntarle sobre este aspecto, sin embargo, declinó hablar.
El descubrimiento del crimen
Jesús Manuel Ponce Rico era un hombre rutinario. Diariamente se levantaba antes de las seis de la mañana, iba al gimnasio, se ejercitaba cerca de una hora, de ahí pasaba por un café y luego regresaba a su departamento en el fraccionamiento Los Pinos. Antes de las 8:30 ya estaba en su oficina en el ISSSTECALI, donde fungía como subdirector administrativo.
El lugar del incidente
Por eso, cuando el miércoles 16 de noviembre no llegó temprano a su trabajo, sus compañeros se extrañaron. Le llamaron y no contestaba el teléfono. La tarde-noche anterior había sido de larga parranda que incluyó comida, bebida y la asistencia nocturna a un juego de beisbol de los Águilas de Mexicali.
A las diez de la mañana de ese 16 de noviembre, Manuel Ponce tenía una reunión con los titulares del ISSSTECALI y de Contraloría, pero nunca llegó. Uno de sus compañeros -Ricardo Romero Vela- fue enviado a buscarlo hasta el departamento que rentaba en el fraccionamiento Los Pinos, ubicado en el número 405 de la calle Laureles.
Desde la banqueta le gritaba pero nadie salía, la puerta de la entrada no se miraba desde la calle y la reja externa estaba cerrada, por lo que acudió con la dueña de los departamentos en la casa de al lado. Para esto ya había llegado otro empleado del ISSSTECALI, por lo cual ambos ingresaron al departamento.
Lo primero que notaron fue el desorden en la sala y en la cocina la puerta del refrigerador abierta. Al subir a la recámara, estaba en completo desorden y sobre la cama el cuerpo sin vida de Jesús Manuel recostado bocarriba, con una cobija y una almohada llenas de sangre que le cubrían el rostro.
De acuerdo a la autopsia tenía el rostro destrozado, traumatismo craneoencefálico provocado con mecanismo contuso, heridas en cuello y cabeza, hemorragia en ambos ojos, y escoriaciones en pecho y cuello. Pasaban las 11:40 de la mañana.
Al lugar llegó en pocos minutos el agente municipal Paulino López Márquez a bordo de la patrulla 1724 y después dos agentes de la Policía Ministerial, de apellidos Ponce Ayón y González Arce; luego Ricardo Hernández, supervisor de la Policía Municipal y también el comandante de esta corporación, Carlos Lozoya Pérez. En total fueron seis las primeras personas que ingresaron al departamento ese miércoles 16 de noviembre.
Aficionado al beisbol de toda la vida, Ponce Rico tenía 49 años, media cerca de 1.80 metros y estaba en perfecta condición física. De acuerdo al reporte del Servicio Médico Forense, el cuerpo presentaba 17 heridas, tenía la cara y cabeza destrozadas.
De fiesta
La tarde del martes 15 de noviembre, Jesús Manuel Ponce se había quedado de ver con José Antonio Parra Bernal -trabajaron juntos en la oficina del Ejecutivo y en ISSSTECALI-, y, de acuerdo a sus declaraciones, Éste buscaba colocarse de nuevo en la nómina gubernamental.
Kiko Vega, en campana
Parra se reunió casi a mediodía con Rutilo Pérez Flores, director de Adquisiciones en Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Por la tarde se citaron y se juntaron en el restaurant Mochomos en la llamada Zona Dorada de Mexicali -al Poniente-, donde comieron con un empresario hermosillense, Roberto Alcides Beltrones Gutiérrez y su secretaria.
Tras esa reunión ambos se dirigieron en la camioneta de Ponce al restaurant-bar 854, en la colonia Cuauhtémoc, donde Ponce tenía cita con Salvador Morales Riubí, el ex diputado local, ex líder estatal del Partido Acción Nacional, ex director del ISSSTECALI -–en la primera etapa de “Kiko” como Gobernador- y secretario particular del Ejecutivo.
Después de un buen rato en ese lugar y ya entonados, se fueron hasta el estadio de béisbol, donde Ponce y sus acompañantes fueron recibidos en un palco (el ex funcionario asesinado viene de una familia de beisbolistas, era beisbolista y su cuñado labora en el área de relaciones públicas del estadio). Ahí siguieron bebiendo.
Posteriormente pretendían seguir la juerga a la Cantina Los Remedios -en Justo Sierra y Cuauhtémoc, muy cerca del estadio-, salieron del estacionamiento con la intención, pero metros adelante, Parra, quien conducía el auto de la víctima, se emparejó con Morales Riubí y le señaló a Ponce, quien iba en el lugar del copiloto aparentemente dormido, así que acordaron no seguir el recorrido pactado; por lo que Morales Riubí optó por irse a su hotel y Parra fue a dejar a Ponce Rico al departamento del funcionario del ISSSTECALI.
En su declaración, Parra Bernal explicó que “como pudo” ayudó a Ponce a llegar al departamento, metió el auto en el espacio destinado, lo acostó, permaneció cerca de 20 minutos, hizo varias llamadas, algunas a su amigo Raymundo Muñoz Rodríguez, con quien se había estado marcando porque este tijuanense estaba celebrando su cumpleaños en Mexicali y quería que lo acompañara.
Después de hacer llamadas, optó por cerrar la puerta y retirarse en taxi. Dijo no recordar si había puesto el candado en la reja externa y la puerta del departamento, según su versión, la cerró Ponce Rico desde adentro, a pesar que aparentemente estaba muy borracho.
Los investigadores comprobaron que el departamento solo se podía cerrar por fuera con llave, o por dentro, lo que indica que si Ponce estaba en la cama muy tomado, al salir sin llave, Parra debió dejar la puerta abierta.
Adicionalmente, conforme a declaraciones de dos vecinos, también dejó abierta y sin candado, la puerta de entrada a los estacionamientos y los departamentos.
Después de dejar a Ponce con las puertas abiertas -refieren testigos-, Parra, con residencia en el fraccionamiento Real del Mar en Tijuana, todavía alcanzó a reunirse en Cantina de Los Remedios con su amigo Raymundo Muñoz -al lugar llegó en taxi-, con quien bebió un rato y de ahí fue por su carro al estacionamiento de Mochomos para trasladarse hasta su casa en Tijuana, adonde llegó pasadas las cuatro de la mañana.
De acuerdo a la investigación e hipótesis de la PGJE, Parra dejó las puertas abiertas intencionalmente y conspiró con su compadre Raymundo Muñoz Rodríguez, el que celebraba su cumpleaños en Mexicali, que fue quien acordó y conocía -de un restaurante que visitaba en Tijuana- a los autores materiales del robo.
Los autores materiales y la madeja
Datos dactilares logrados en la revisión del departamento donde se cometió el crimen, arrojaron dos huellas positivas, una del empleado de las alarmas que había trabajado en la casa, y otra de un joven de Tijuana, Carlos Villa González, conocido también como Jesús Blaster Ramírez o Josué Blaster Ramírez, alias “El Blaster”.
En la audiencia de Parra, desarrollada entre el 16 y 17 de marzo, las autoridades relacionaron a Villa González “El Blaster” con otro joven de nombre Guillermo Jesús Arroyo Guillén, quien aportó datos e identificó a los presuntos autores materiales del robo, sin embargo, en la presentación el Ministerio Público no detalló cómo llegaron al joven Arroyo y esto fue parte de la discusión, donde no fue vinculado a proceso Parra Bernal, detenido el 10 de marzo como autor intelectual del homicidio de Manuel Ponce.
En el expediente, los datos indican que los investigadores identificaron al joven Arroyo como parte del grupo de amigos y conocidos cercanos de “El Blaster” a quien andaban buscando, y por eso lo interrogaron.
Lo pudieron localizar a principios de enero del 2017, Jesús Arroyo Guillén “El Seiler”, de 25 años y residente de la colonia 3 de Octubre de Tijuana, ante los investigadores que lo interrogaron dijo conocer a Carlos Villa González de la Zona Norte de Tijuana, detalló que ambos se dedicaban al grafiti y posteriormente coincidieron -Arroyo por robo- como internos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tijuana.
Luego salió y volvió a caer por drogas y finalmente el 14 de octubre de 2016, fue liberado y su amigo “El Blaster” le consiguió trabajo como valet parking en un restaurante de mariscos en Playas de Tijuana.
En su declaración, Arroyo Guillén dijo que a mediados de noviembre de 2016 lo invitaron a Mexicali al cumpleaños de otro amigo, Luis Hernández “El Chupón”, y otro más que apenas conoció, apodado “El Javi”. Explicó que en el lugar había otras personas que apenas conocía.
En la versión de Arroyo Guillén, éste confesó que los citaron en Mexicali en el restaurant Applebee’s, donde estuvieron bebiendo, pero luego todos sus acompañantes lo dejaron y nunca regresaron por él.
A este hombre fue a quien los investigadores le mostraron varios videos, incluido uno obtenido de una cámara de un negocio cercano al departamento de Ponce, en el cual se ve a las tres personas que ingresan a la zona del departamento donde sucedió el crimen y los mismos que salen minutos después. Y “El Seiler” dijo reconocer en el video a tres de los hombres con los que estuvo conviviendo.
Conforme a los videos, fue un poco después de medianoche cuando los tres tipos empezaron a merodear en esa zona -hay dos autos compactos blancos en la escena- y es hasta las cuatro de la mañana cuando se mira que ingresan al departamento y cerca de 18 minutos después salen corriendo, cargando una especie de maletín.
El 13 de enero de 2017, el juez Fernando Serrano liberó la orden de aprehensión contra Carlos Villa González “El Blaster”, quien fue detenido el 16 de enero en Tijuana.
De la vinculación de los autores materiales con “El Ray” y Parra
Otro de los implicados, de acuerdo a información del Ministerio Púbico, es el farmacéutico Marco Antonio Hernández López, quien en sus declaraciones relata cómo uno de sus socios, de nombre César Ortiz Reyes, lo invitó a Mexicali “a ir por unas cosas”.
En su declaración indica que desconocía que fuera un robo, y menciona a otros participantes -algunos por apodos-, “Shinola”, “Popeye”, “Lalo”.
El titular de la SIE, Jose Maria gGonzalez, en Mexicali
Hernández López también refiere haber estado en la celebración de cumpleaños de “El Ray”- Raymundo Muñoz Rodríguez-, compadre de Parra, este último señalado y no vinculado como autor material del asesinato de Ponce.
Además, Hernández confesó haber escuchado después una conversación telefónica de su jefe Ortiz Reyes en la que éste le mencionaba a la persona del otro lado del teléfono que “las cosas se habían salido de control, que no habían encontrado nada pero no era su problema, que el compadre de ‘El Ray’ -Muñoz Rodríguez, según la autoridad- tenía que pagar”.
En su versión oficial, Hernández indica que le preguntó a Ortiz por lo sucedido en Mexicali, y que el segundo le respondió que no había intención de matar a Ponce. La intención era amarrarlo y preguntarle por el dinero de unas cajas fuertes. La persona de la casa (Ponce) era muy fuerte y se puso violento, que no lo podían controlar y todos se le fueron encima, “El Popeye”, César Humberto Reyes Ortiz y un chaparrito. Originalmente iban a buscar el dinero y las cajas de seguridad en una casa que estaban remodelando. “El trabajo” lo había puesto un compadre de Raymundo. Y uno de los ladrones que se quedó fuera había sido intervenido por la Policía.
Señalamiento de la autoría intelectual
El 10 de marzo fue capturado José Antonio Parra Bernal, a quienes los investigadores ubicaron como autor intelectual del crimen de Ponce Rico.
Manuel Ponce Rico, José Antonio Parra Bernal y Raymundo Muñoz Rodríguez eran muy cercanos, los dos primeros como funcionarios del ISSSTECALI, y el tercero como proveedor autorizado de las empresas Abastecedora SLW, S.A. de C.V. y Comercializadora de Productos del Norte, S.A. de C.V., ambas ofertan equipo médico y farmacéutico y tienen base en Saltillo, Coahuila.
De acuerdo a la tesis planteada por el agente del Ministerio Publico, Rafael Orozco, en la audiencia de vinculación a proceso de José Antonio Parra Bernal por homicidio calificado con ventaja, lo acusaban de haber participado como coautor en el incidente.
Según la relatoría del MP en dicha audiencia, las cerraduras de acceso al departamento en Los Pinos no mostraban señal de haber sido forzadas y para ingresar se tenía que abrir un candado de la reja de la cochera.
La tesis de la Procuraduría fue que Parra Bernal, junto con Muñoz Rodríguez, habían organizado el acceso al departamento de Ponce aprovechando su estado de ebriedad y que incluso Parra fue quien dejó sin seguro las dos puertas para que pudieran entrar un grupo de individuos que habían venido de Tijuana esa noche.
Muñoz Rodríguez aceptó que la noche de ese 15 de noviembre estuvo en Mexicali para festejar su cumpleaños y que tuvo comunicación en varias ocasiones con su compadre José Antonio Parra, quien a su vez estaba con Jesús Manuel Ponce. Incluso Parra y Muñoz se encontraron en Cantina Los Remedios cerca de la una de la mañana.
Al final de la audiencia, ya de madrugada
Como el móvil planteado fue el robo, los defensores de Parra argumentaron su solvencia económica, situación que el Ministerio Público no era para considerarse en esta parte del proceso.
La audiencia de vinculación se programó para el miércoles 15 de marzo a la una de la tarde -inició con una hora de retraso-, pero por la falta de un testigo y después de casi seis horas se trasladó para el día siguiente, a las diez de la mañana, dando inicio cerca de la una de la tarde para concluir a la una de la madrugada del viernes 17.
En la sesión, el juez Bernardino Ahumada decidió la no vinculación al considerar que los elementos aportados por el Ministerio Publico no eran suficientes para vincular por el crimen a Parra Bernal, por lo que éste quedó libre a las cuatro de la mañana del viernes 17 de marzo.
“Lo que hoy se ha resuelto es suficiente para dejar claro que este conjunto de antecedentes de investigación que el fiscal dio a conocimiento y los datos que de ellos derivan no son de utilidad y pertinencia para acreditar, aun de manera circunstancial, la probabilidad de que José Antonio Parra Bernal participó como autor en el hecho que ha sido motivo de la imputación en su contra”, lo que significó la liberación del entonces imputado, aunque desde la PGJE adelantaron que impugnarían la decisión del juez.
