En el sexenio de Enrique Peña Nieto han ocurrido más de 60 fugas de las cárceles estatales y federales, en las que han escapado más de 130 reclusos. Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo encabezan los indicadores negativos en este rubro. El Nuevo Sistema de Justicia Penal está despresurizando el sistema penitenciario, y en un año disminuyó la población en más de 30 mil internos
El sistema nacional de prisiones continúa como el eslabón más débil y abandonado de la cadena del sistema de justicia mexicano, pese al engañoso y ambiguo nombre de “nuevo sistema penitenciario”. Una seguidilla de fugas, riñas, corrupción, autogobierno y violación sistemática de derechos humanos, abraza a presos y funcionarios.
Las más recientes fugas ocurridas en el penal de Aguaruto, en Culiacán, de donde escapó Juan José Esparragoza Monzón “El Negro” y cuatro reconocidos sicarios del Cártel de Sinaloa la tarde del 16 de marzo, y del Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (CEDES) en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la noche del jueves 22 -de los cuales 12 reos fueron recapturados el jueves 23, informó Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad Pública-son el claro ejemplo de la debilidad institucional incentivada por el crimen organizado.
Apenas un día antes de la evasión del hijo del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, a través de redes sociales, se dieron a conocer imágenes de video de las brutales condiciones en las que un grupo de internos era humillado en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Apodaca, Nuevo León.
Los presos neoleoneses, miembros de la facción criminal de Los Zetas, ahora llamada Cártel del Noreste (CDN), tallaban el piso de una celda de rodillas, semidesnudos, con lencería femenina, mientras otros reclusos los pateaban y les proferían insultos. En uno de los videos se observa a una de las víctimas siendo obligada a practicarle sexo oral a uno de los líderes, ante el griterío de unos animadores.
Los hechos descritos no son acciones aisladas, son consecuencia del mal manejo de los establecimientos cuya misión es reinsertar socialmente a quienes delinquen, a través de un tratamiento que debería de dignificarle. Por desgracia, el producto que se obtiene de esta materia desde hace varias décadas, es el fracaso de un modelo, obsoleto y carcomido por la corrupción.
GOBIERNO INEFICIENTE
Durante la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, los resultados han sido vergonzosos en el rubro carcelario. Y no porque toda la responsabilidad recaiga sobre el mandatario, sino porque la Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinar los esfuerzos del Sistema Penitenciario Nacional, conformado por los penales de administraciones municipales y estatales, así como los centros federales de readaptación social (CEFERESOs).
En el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reporta a través de sus cuadernos estadísticos 60 eventos de fuga en los que 132 internos escaparon de por lo menos 22 penales, incluidos dos federales, uno de ellos de máxima seguridad.
También se advierten 31 actos de intento de fuga en los que 71 presos no pudieron huir de al menos 20 establecimientos carcelarios, entre ellos el complejo penitenciario Islas Marías y otros cuatro CEFERESOs de mediana y máxima seguridad. En algunos casos, los custodios descubrieron a tiempo el plan de escape, y en otros, los propios prisioneros se delataron o fallaron en su propósito.
En el caso de las evasiones consumadas, el Estado de Hidalgo lidera la incidencia en estos cuatro años dos meses, con nueve sucesos de fuga, en los que 21 internos alcanzaron la calle de manera ilegítima; le sigue Sinaloa, con nueve evasiones en las que 20 procesados y sentenciados se sustrajeron de la acción de la justicia; y Quintana Roo, en cuyas cárceles hubo siete casos con 17 fugitivos.
Morelos ocupa el cuarto sitio al registrar cinco asuntos con 12 evasores; Tamaulipas -antes líder nacional- tuvo cuatro casos que significaron la ausencia de 11 delincuentes; Chihuahua en cuatro incidentes sufrió de la fuga de igual número de internos; y Nayarit, en tres “descuidos” ya no encontró en sus celdas a nueve convictos. Guerrero, por su parte, en solo dos acciones, “perdió” a diez enjuiciados.
En las tentativas de fuga, Hidalgo lideró el rubro con cuatro eventos en los que personal de vigilancia y custodia impidió que seis presos escaparan de sus cárceles. En Baja California, donde no hubo fugas en estos años recientes, sí se descubrieron intentonas en cuatro ocasiones que protagonizaron cuatro reclusos. Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Durango, les siguieron en el orden.
De hecho, el primer mes de la gestión del Gobierno Federal se registró una masacre en el extinto Centro de Readaptación Social Número 2, en Gómez Palacio, Durango, cuando un grupo de internos convertido en turba fue abatido al pretender escapar del penal. El saldo fue de 23 reos muertos, aunque en la estadística oficial solo aparecen 13.
JUEGOS, MALABARES
El primer gran problema que enfrentó la administración peñanietista en el ámbito de su competencia en materia carcelaria se presentó el 2 de febrero de 2013, en el penal de máxima seguridad “Laguna del Toro”, en el complejo penitenciario de las Islas Marías, cuando los internos se abalanzaron sobre los custodios para liberar a algunos de sus compañeros que estaban en celdas de castigo.
Según registros del OADPRS, en los hechos participaron 439 reclusos y, con motivo de la reyerta, se reportan cinco custodios heridos. Sin embargo, la estadística no contempla al celador que, víctima de quemaduras de tercer grado, murió días después en su natal Guadalajara, ni consigna la huida al monte de varias decenas de presos, de algunos ya no se volvió a saber más.
Ese mismo año, pero en el mes de mayo, cuatro internos del complejo penitenciario de la Isla María Madre intentaron fugarse, pero fueron descubiertos y devueltos por la Marina a Puerto Balleto, sede del gobierno del presidio del Pacífico mexicano.
En 2014 hubo evasión de presos del CEFERESO Número 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, e intento de fuga en el CEFERESO Número 8 Nor-Poniente, con saldo de un preso lesionado. En el caso del penal federal chihuahuense, la madrugada del 15 de marzo, cinco reos se brincaron la muralla para escapar. Tres de ellos fueron recapturados en el exterior. Los otros dos huyeron, pero tiempo después fueron reaprehendidos.
A pesar de los antecedentes, la administración de Enrique Peña se enteró de lo podrido que está el sistema de prisiones del país hasta el 11 de julio de 2015, cuando durante la noche se fugó del CEFERESO Número 1 Altiplano, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. El líder del Cártel de Sinaloa empleó para su huida un túnel de kilómetro y medio, construido durante meses desde una finca en un predio rústico hasta el piso de la regadera de la celda número 20, del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales.
Todavía en 2016, un convicto del CEFERESO Número 4 Noroeste, en El Rincón, Nayarit, donde están recluidos maestros, manifestantes y la mayoría de indígenas enjuiciados, intentó escapar, pero personal de seguridad lo impidió.
NSJP ACUSATORIO
Con la implementación en su totalidad del Nuevo Sistema Penal Acusatorio-Adversarial (NSJP), a partir de la segunda quincena de junio de 2016, es notoria la disminución en los ingresos a los penales del país y también el aumento de los egresos. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos, las autoridades siguen escudándose en el pretexto de la sobrepoblación penitenciaria como uno de los principales impedimentos para realizar adecuadamente su trabajo.
Aún persiste el hacinamiento en diversos reclusorios del territorio mexicano, pero en el lapso de un año la población en las cárceles bajó en la cantidad de 30 mil 170 presos. Mientras que al 31 de enero de 2016 había 247 mil un personas en 389 establecimientos penales, para la misma fecha, de 2017, disminuyó a 216 mil 831 internos, en 375 centros penitenciarios. Es decir, también se cerraron algunas prisiones.
La capacidad instalada en dichos penales es para 212 mil 144 convictos, por lo que actualmente solo existe una sobrepoblación de 4 mil 687, cuando a inicios de 2016 llegó a ser de 37 mil 688 privados de libertad que no tenían un sitio para alojarse dignamente. Había sobrepoblación en 181 cárceles, cuando ahora el último corte del OADPRS indica que subsiste el problema en 138 inmuebles.
Del total de personas presas, 205 mil 626 son varones (94.83%) y 11 mil 205 mujeres (5.17%). La mayoría de los reos están encausados y/o sentenciados por la comisión de delitos del fuero común (80.9%), y el resto por ilícitos del mismo fuero combinados con conductas del fuero federal (19.06%).
SALEN REOS EN BC
Durante el último año, de enero de 2016 a enero de 2017, en Baja California se abatió la sobrepoblación penitenciaria global, al disminuir la cantidad de presos de 15 mil 751 a 12 mil 626. Los cinco penales de la entidad tienen una capacidad instalada total para 14 mil 823 reclusos, lo que significa que actualmente hay 14.82% menos internos del cupo.
Sin embargo, los centros de reinserción social de Tijuana y Mexicali aún tienen sobrepoblación que mantiene en alerta a las autoridades ante riesgos de inconformidad, motín, fugas o posibles contagios.
El CRS “Lic. Jorge Duarte Castillo”, de Tijuana, albergaba hasta el 31 de enero próximo pasado a 3 mil 984 personas privadas de libertad, un 55.87% más de su capacidad, aunque inferior al 127.43% que tenía en la misma fecha del año pasado.
Por su parte, el CRS Mexicali no ha registrado ningún descenso en su población. A principios de 2016 contaba con 2 mil 960 reos, idéntica cantidad a la reportada en el mismo periodo de 2017. Mantiene el mismo 66.29% de sobrepoblación, aunque la capacidad del penal será ampliada en cuanto terminen las obras que realiza el gobierno estatal.
Las prisiones de Tecate (El Hongo y El Hongo II), y de Ensenada, han presentado una baja en el número de internos en el último año.
