Por estos días mucho se quejan en México del maltrato del que son víctimas los connacionales que residen en Estados Unidos. Las órdenes ejecutivas que ha firmado el Presidente de aquel país, Donald Trump, para prohibir la entrada a residentes de otras naciones y autorizar a las policías en condados y ciudades a detener y deportar a todo aquel que cometa una falta o que no tenga documentos para una estancia legal, abonan a la injusticia, violentan los Derechos Humanos y el derecho a la dignidad de las personas.
Baja California nos da la oportunidad de convivir con la migración más de cerca. Centroamericanos que llegan en un intento por cruzar sin documentos hacia la Unión Americana, mexicanos provenientes de entidades del Centro, del Pacífico y del Sur que ante la falta de oportunidades de desarrollo en sus Estados, llegan a esta frontera, a Tijuana o a Mexicali, con la misma intención: cruzar “al otro lado” en busca de la tierra prometida. Recientemente, los haitianos y africanos que por miles se han asentado, algunos de manera temporal, otros en forma definitiva en la capital del Estado y en la fronteriza ciudad.
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De parte de la sociedad en general, los migrantes sean extranjeros o nacionales, han recibido apoyo, solidaridad y alojamiento. De las autoridades han padecido la indiferencia, el acoso, el hacinamiento, la indignidad y el abuso.
Hay muchos casos de migrantes golpeados, abusados, extorsionados por policías municipales, por agentes especiales de migración. Perseguidos sin oportunidad de escape por la autoridad que aprovecha su condición de vulnerabilidad. Los casos se cuentan a lo largo de la frontera sur de México con Centroamérica, y en los Estados frontera de este país, a los cuales han llegado después de pagar miles de dólares por ello.
Las deportaciones de México hacia países centroamericanos no son tan menores a las deportaciones de mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. En 2016, la administración de Barack Obama deportó a suelo mexicano a 219 mil 932 connacionales. En el mismo año, el gobierno de Enrique Peña Nieto deportó a Centroamérica a 143 mil 226 migrantes de aquellos países, por estar en este territorio sin los documentos necesarios.
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Así de fácil: Estados Unidos acosa a los mexicanos, México acosa a los centroamericanos.
La unidad en tiempos de Trump no ha surgido. Las políticas proteccionistas del estadounidense parece serán respondidas con políticas proteccionistas de México y otras naciones afectadas por las decisiones en el vecino país.
La realidad es que los agentes del Instituto Nacional de Migración, dependencia del Gobierno Federal, parecen estar preparados para eso. De los casos documentados, uno. Sucedió esta semana, a un miembro del equipo editorial de ZETA.
Una oficina del gobierno de Estados Unidos invitó al Semanario a participar en un curso de formación y orientación que en aquel país se proporciona a quienes aspiran a convertirse en agentes de la Patrulla Fronteriza, o de Aduanas. Ellos se trasladaron a San Ysidro para platicar con instructores y alumnos, con personas de este lado de la frontera. Entre ellos el representante de ZETA.
Al concluir el acto, tomó la vía peatonal para internarse de nueva cuenta a nuestro país. Ahí empezó el problema. Como cualquier otro mexicano, intentó cruzar sin contratiempos cuando se topó con un agente del Instituto Nacional de Migración, que le solicitó “sus documentos”. Ya hemos comentado, a quienes se internan por automóvil al país, no les son solicitados medios de identificación, pero sí lo hacen de manera aleatoria a los que entran caminando, y de manera religiosa a quienes llegan al país por los aeropuertos.
Cuando se le preguntó por qué quería que le mostrara sus documentos, el joven agente le dijo “pasa al cuarto”, al tiempo que señalaba una estancia a sus espaldas. El “servidor público” no portaba un gafete visible con su fotografía, nombre y sello de la institución a la que representa.
Aquí el relato:
“Al agente se le volvió a pedir una explicación. Otra negativa. Ante la actitud del servidor público, quien llevaba su gafete oculto, se le pidió saber su nombre. ‘No te lo voy a decir’, respondió el hombre. Y cuando el personal del periódico le dijo que le tomaría una foto y mostró su celular para retratar al agente y poderlo identificar cuando levantara una queja, el agente extendió el brazo y sujetó la mano para impedir que se tomara una foto y se guardara el celular. Después de casi un minuto de jaloneos, a la vez que el agente advertía ‘a mí nadie me toma fotografías’, llegó Corina Valdivia, quien se presentó como supervisora del elemento”. Ni ante su presencia, quien después sería identificado por su “supervisora” como Martín Hernández, soltó la mano de quien trabaja en ZETA, mientras intentaba retirarle el teléfono celular.
Durante 20 minutos Valdivia se negó a proporcionar el nombre del agente, justificó la agresión al acusar al colaborador de este Semanario de intentar tomar fotografías en instalaciones federales, e intentó convencer que no tenía derecho de conocer el nombre del agente que había actuado prepotentemente primero, y con violencia después, cuando le sujetó el brazo: “Tú te tienes que identificar con él, no él contigo”, justificó Valdivia. Durante ese lapso, Hernández continuaba revisando a las personas que cruzaban de San Ysidro a Tijuana.
La protección de la supervisora continuaba: “Yo respondo por él. Si vas a poner una queja, usa mi nombre”. Finalmente, Corina Valdivia aceptó amonestarlo frente al afectado. “De mala gana, Hernández se acercó, y cuando la supervisora le indicó que no podía tocar a las personas, éste dijo que solo intentaba quitarle el teléfono, y dijo a quien esto escribe: ‘Ya vete de aquí y ponte a chambear’. Dio la espalda y se retiró”.
Del hecho fue enterado el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodulfo Figueroa. Se sorprendió, vería el caso, aplicaría las medidas necesarias para evitar que eso suceda, y afirmó, mantendría a una persona para la supervisión constante de los agentes del Instituto en los puertos de entrada peatonales. Sin justificar la actitud del agente, comentó que en ocasiones se topan con personas en mal estado que los agreden, especialmente por la tarde. Pero el hecho que se refiere en esta columna, ocurrió el jueves 2 de marzo, apenas pasado el mediodía.
Todos los días miles de mexicanos (30 mil, aseguran) norteamericanos y residentes de otros países, cruzan de manera legal la frontera entre Tijuana y San Diego en ambos sentidos. Del lado norteamericano hay casetas para ello en las tres vías: peatonal, vehicular y aeroportuaria. Los oficiales están identificados y las cámaras de seguridad lo graban todo. No es que su sistema sea infalible, pero en territorio mexicano, cruzar por la vía peatonal, puede resultar hasta peligroso. La cuestión es denunciar lo que se vive, para cambiar lo que se proyecta en el Gobierno Federal. Acusamos maltrato en el extranjero a los paisanos, cuando no vemos lo que sucede en este país a extranjeros y mexicanos por igual.
