Libretas y papeles asegurados a la organización criminal de los descendientes del extinto capo Ignacio “Nacho” Coronel, ponen al descubierto sus finanzas. El gasto corriente del grupo, que incluye nómina, pago a policías corruptos, gasolina, tiempo aire para telefonía celular y renta de inmuebles, era superior a un millón de pesos mensuales. Además se documentan gastos extraordinarios en la compra de armas de fuego, municiones, reparaciones y acondicionamiento de compartimientos en vehículos para el trasiego de droga, armamento y dinero. En su siniestra “contabilidad” registraron 14 secuestros
Investigaciones realizadas desde 2013 por autoridades federales al Cártel de los Coroneles o “La Corona” que permitieron la captura de Javier Carrasco Coronel “El 06”, en noviembre de 2016, en Sinaloa, contienen parte de la contabilidad que de forma rudimentaria llevaba la organización criminal.
En cuadernos y hojas sueltas, la célula de la familia Coronel que operaba para el Cártel de Sinaloa, documentó la identidad de sus miembros, sus sueldos, los secuestros cometidos, el fin que daban a sus víctimas, los gastos y sus ingresos, tanto por los plagios como por la venta de droga.
El grupo delictivo, venido a menos tras el abatimiento de su líder, Ignacio “Nacho” Coronel Villareal, en julio de 2010 a manos del Ejército Mexicano en Guadalajara, Jalisco, fue desterrado durante un tiempo de las “grandes ligas” del narcotráfico, al surgir el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y “La Resistencia”.
La muerte de Mario Carrasco Coronel “El Gallo” horas después que asumió el mando dejado por “Nacho”, la detención de Martín Alejandro N, alias el Águila en mayo de 2011 y la captura de José Ángel Carrasco Coronel “El Changel” en enero de 2013, orillaron al clan a dedicarse al secuestro para capitalizarse de nuevo y replantear su regreso al Cártel de Sinaloa.
Los hermanos del “Changel”, Ezequiel y Javier Carrasco Coronel “El 05” y “El 06”, se hicieron cargo de operar la organización con el apoyo de su testaferros “El Talibán 24” y desde Zapopan, Jalisco, se movieron los últimos años por Colima, Nayarit y Sinaloa, reanudando actividades de narcotráfico en Tapachula, Chiapas.
Antes que fuese atrapado Javier Carrasco Coronel, uno de los 122 objetivos prioritarios de la actual administración federal, las autoridades ya habían identificado su presunta participación intelectual en el secuestro de diversas personas, a quienes privaron de la vida, pese a cobrar parte del dinero exigido por el rescate.
Narcocuentas
La información que dio luz a policías y agentes del Ministerio Público federal fue localizada durante una serie de cateos practicados en inmuebles del Estado de Nayarit. El área de Homicidios y Secuestros de la Fiscalía General de esa entidad, con residencia en Tepic, aseguró cuatro libretas y varias hojas sueltas que contenían la “contabilidad” de los narcos.
Los documentos fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí se establecen los datos de 14 secuestros y el cobro de por lo menos 8 millones de pesos y 35 mil dólares, “dinero que utilizaba la organización criminal para la compra de material bélico, realizar compartimientos ocultos a los vehículos que utilizan para transportar narcótico, armas de fuego y numerario en efectivo”.
El efectivo obtenido también se empleaba en la renta de casas de seguridad a las que llamaban “ratoneras”, para la compra de combustible de vehículos, para la reparación mecánica de los mismos, la adquisición de aparatos de radiocomunicación, alimentos y para cooptar a las autoridades municipales y estatales, así como invertir en la compra de narcóticos.
De información desprendida de algunas hojas de una sola de las libretas, se estima que el grupo criminal tenía un gasto corriente mensual de un millón 86 mil pesos. Destinaban 242 mil pesos para el pago de 17 “trabajadores”, 40 mil para la renta de inmuebles, 136 mil en gasolina, 68 mil en fichas de “tiempo aire” para teléfono móvil y 600 mil pesos para sobornar a policías.
Como gastos extraordinarios se tenía la compra de armamento, reparaciones de vehículos y las ostentosas fiestas de los líderes de “La Corona”, tanto navideñas, como bautizos y otros motivos de festejo en los que contrataban a diversos grupos musicales, sobre todo aquellos que cantan los corridos afines a la familia Coronel, como “El Cachorro” Delgado, a quien aseguran haber pagado 20 mil dólares por amenizarles una fiesta decembrina.
En el caso de la protección policial, la libreta número uno señala en la hoja siete: “Gastos estatales y zapopanos”, en presunta alusión a la Policía Estatal de Jalisco y a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Zapopan (en 2012 y 2013). En la hoja ocho del mismo cuaderno destaca el siguiente texto: “5 patrullas de 20,000 c/u x quincena -al parecer estatales-, 10 patrullas de zapopanos 20,000 c/u quincenales, $600,000 mensuales en patrulla (sic) dinero que se le entrega al pelón de patrulla de Zapopana 4705”.
Tan solo en acondicionar doce vehículos utilizados para el trasiego de drogas, armas y dinero, la facción delictiva destinó 46 mil dólares. Las unidades eran llevadas a trabajos especializados de carrocería para adaptar compartimientos ocultos. Los esbirros de los Coronel se movían en carros principalmente de la marca Volkswagen Bora y Jetta, además de Jeep Cherokee.
Los secuestros
De manera simplona, pero escalofriante, en aquellas hojas de papel quedaron anotados 14 plagios. A las víctimas las consideraban “refacción”, “mascota”, “muñeca” o “cliente”. Su destino final, la muerte. En varios casos se asentaba como “se le dio un beso”, “le dio un tour” o “le dio vacaciones”, registrando el nombre o apodo del sicario que concluyó con el cautiverio de quien no se volvería a quejar.
En los secuestros cometidos en Jalisco y Nayarit estaban definidos los roles. Los sicarios “El Cholo”, “Pacheco”, “El Canelo”, “René” y “Lupillo” daban los levantones. También enganchaban a las víctimas “Lolita”, “Aída” y “Clarita Coronel”. El mismo “Lupillo”, “El Cobijas”, “César el Gordo”, “Omar” y “David” cuidaban a los y las plagiadas. “El Cholo” y “El Canelo” cobraban los rescates. “Lupillo”, pero sobre todo “Isaac”, daban el último “beso” a los infortunados.
La segunda libreta contenía la lista de personas miembros de la organización criminal y su domicilio o forma de localizarles. La mayoría de los delincuentes son originarios de Tamazula, Durango, y otros oriundos y vecinos de Culiacán, Sinaloa.
Además del aprehendido Javier Carrasco Coronel y del aún prófugo Ezequiel, de los mismos apellidos, los más importantes sicarios del grupo están identificados como Guadalupe Quiñónes Recio “Lupillo”, quien ganaba 15 mil pesos quincenales; René Rivas Quiñónes, de igual sueldo; Jesús Quiñónes Recio, 5 mil pesos; Rosendo Alonso Quiñónes Beltrán “El Canelo” y Joel Beltrán Vizcarra “El Cobijas”, ambos percibían 4 mil pesos quincenales.
De “Clarita” se indaga si se trata de la hija del extinto Ignacio Coronel Villareal. Por lo menos se menciona a otras cinco mujeres, tres que llevan el apellido Coronel: Daisy, Araceli y Aída, y dos de apelativo Rivas: Nely o Mely, y Olivia.
En el expediente también se cuenta con las identidades de Job Emmanuel Beltrán Vizcarra “El Jopi”, Jesús Rivas Quiñónes, Josué Gerardo Domínguez Flores “El Cabezón”, Jesús Alberto Pérez Quiñónes “El Flaco”, Isaac Ruiz Hernández “Ñoño”, Ismael Acosta Medina “El Pelón” o “Mavel”; Omar Quiñónes “El Güero”, Israel Quiñónes, Luis Rivas “El Chingón”, José de Jesús Corona, Luis Quiñónes y Fermín Adán Beltrán Vizcarra. Por apodo se busca a “Conmano”, “El Jasiel” y a “El Talibán 24”, que incluso cuenta con dos narcocorridos que no revelan su nombre.
Negocios del narco
En diez hojas sueltas, tamaño oficio, escritas a mano con tinta color azul, destacan actividades y transacciones presuntamente de narcotráfico, aunque no se detalla la sustancia o producto que se comercializa. Se describen compras y ventas de “tambos” en Tapachula, Chiapas, que arrojan importantes sumas de dinero en divisa norteamericana, entre mayo de 2012 y la fecha de la localización de las libretas.
Por ejemplo, en uno de los papeles se afirma que “Patrón 24” (“El Talibán”) invirtió 144 mil 915 dólares en la compra de 15 “tambos” con el amigo de “Clarita”. Otros miembros de la organización de “La Corona” adquirieron los referidos “tambos”, incluidas las mujeres. También, en clave, se habla de la negociación de “cuadros”, al parecer paquetes o bultos de droga (“ladrillos”) que se llevaban hacia el centro del país y a Los Ángeles, California.
Autoridades ministeriales estiman que con los datos obtenidos de las pruebas documentales y las declaraciones de algunos de los miembros detenidos de este grupo, se puede establecer la presunta responsabilidad de las personas mencionadas en la averiguación previa. Informes de inteligencia abonan que la banda de “Los Coroneles” opera en la República Mexicana desde una fecha indeterminada, aunque se anota “al parecer desde los años noventa y a principios del año 2001”, principalmente en Jalisco.
