De Carlos Bustamante Anchondo y su equipo de colaboradores que fueron en el XX Ayuntamiento de Tijuana se ha dicho mucho. Que fraudaron, para empezar, con las luminarias. De aquellas más de 60 mil que se contrataron como de última generación LED, al menos públicamente, en los documentos resultaron ser poco más de 3 mil las que tenían esas características.
El fraude de las luminarias que originalmente significó un daño al erario por arriba de los 140 millones de pesos, y con el que hubo de cargar y hacer frente el doctor Jorge Astiazarán en el trienio siguiente, permanece impune, mientras la ciudad sigue oscuras.
Además la Sindicatura que en el sexenio anterior ostentó el verde-ecologista Arturo Ledezma Romo, encontró que en la administración de Bustamante se habían desviado o utilizado de manera irregular, más de 300 millones de pesos. En ese caso tampoco hubo consecuencias para el ex Alcalde o alguno de sus funcionarios, los cuales hoy gozan de cabal salud política y, por supuesto, económica.
El quebranto al erario en Baja California, particularmente en los cinco Ayuntamientos es un tema de cada trienio. Ciertamente no en todos, normalmente los casos se localizan en las tres demarcaciones más grandes, por tanto las que mayor presupuesto tienen para ejercer, como es el caso de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
No hace mucho tiempo, a la par de Carlos Bustamante otros dos priistas Presidentes Municipales quebrantaban las finanzas de los Ayuntamientos para los cuales fueron electos a gobernar. Francisco Pérez Tejada Padilla en Mexicali fue denunciado y en proceso judicial, por haber omitido el pago de más de 700 millones de pesos al Issstecali, correspondiente a cuotas de los trabajadores que su administración sí descontó vía nómina. Enrique Pelayo Torres mal manejaba los recursos públicos del puerto de Ensenada, utilizando prácticamente 200 millones de pesos del subsidio federal para el Ramo 33 en pagar nómina y no en hacer obra, y otro tanto igual solicitado a crédito para el mismo efecto.
Lamentablemente para el ejercicio de la democracia y el estado de derecho, ninguno de los alcaldes mencionados ha pagado las consecuencias de haberle fallado al pueblo que los eligió –lo cual debería ser delito grave–, y mal utilizado y en algunos casos aprovechado para sí o sus amigos, los recursos económicos de la administración pública que encabezaron.
Hoy estamos a punto de entrar a los cien días de gobierno de los cinco alcaldes de Baja California que fueron electos como tales en las elecciones de junio de 2016, Gustavo Sánchez en Mexicali, Juan Manuel Gastélum en Tijuana, Marco Novelo en Ensenada, Nereida Fuentes en Tecate, y Mirna Rincón en Rosarito.
Los cinco están obligados, ahora que se les vence el término para presentar un informe de las irregularidades que encontraron en la administraciones que les entregaron sus antecesores, a hacer todo lo que esté a su alcance para que los desvíos, el peculado, el abuso, la transa y la irregularidad, no terminen como siempre en la impunidad. Incluso si se trata de una administración del mismo partido la que entregó y la que recibió.
En tiempos de transparencia y de rendición de cuentas nada mejor si buscan la reelección en el próximo proceso electoral. Aun antes que en México y en Baja California se establezca formalmente el Sistema Anticorrupción, es necesario, apremiante, que los alcaldes con sus Síndicos, presenten denuncias de lo irregular o se convertirán en cómplices de la corrupción pasada, llevando la sospecha a sus administraciones presentes.
Los diputados del Congreso del Estado de Baja California ya han demostrado que son comparsas de gobiernos y cómplices políticos de partidos, lo cual les impide actuar con dureza, justicia y transparencia al momento de juzgar las administraciones. Ahí están los casos referidos (Pelayo, Bustamante, Pérez), a quienes en su momento y sin el menor grado de conciencia, les aprobaron las cuentas públicas que están bajo sospecha.
Hoy día, la muestra la ha puesto el alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo, quien comenzó a preparar lo que sería su administración pública el día que fue notificado del triunfo electoral. Empleó con sus recursos de empresario porteño, a expertos en la administración pública para trazar las líneas a seguir, entender el funcionamiento de una municipalidad e iniciar el mismo día de la toma de posesión a administrar los bienes que los ensenadenses le confirieron.
En esa estrategia estuvo realizar una auditoría administrativa para conocer el estado de las finanzas que el también priista Gilberto Hirata Chico le entregó el último día de noviembre de 2016. Lo que encontraron los consultores en la administración pública rebasa cualquier hecho de denuncia de irregularidades en años recientes en una administración municipal en Baja California: mal uso y desvío de por lo menos mil 800 millones de pesos en tres años de administración de Hirata, “superan los dos mil millones de pesos”, explicó Novelo.
Se documentó cómo en todo 2016 el recurso del Ramo 33 no se ejerció en obra sino para el pago de nómina y gasto corriente, cómo se le debe al SAT, y a otras entidades federales como el Seguro Social y estatales como el ISSSTECALI.
Lo lamentable, hasta el 2014, el Congreso del Estado le aprobó las cuentas a Gilberto Hirata, y la Auditoría Superior de la Federación, realizó una auditoría parcial y además con ayuda de la local, proporcionando en su momento impunidad total al Acalde priista para continuar con una mala administración en detrimento del Ayuntamiento y los ensenadenses todos.
Administrar los recursos, sacar adelante a sus municipios con lo que tienen, y cuidar las finanzas públicas es responsabilidad de Alcaldes y Diputados, y en el cuidado va la investigación de los malos manejos, los ajenos y los propios. Después de todo no estamos hablando de una bicoca, sino de cientos y miles de millones de pesos mal utilizados de manera sistemática por algunos alcaldes.
El caso de Hirata no debe quedar en la impunidad, como tampoco los de Bustamante, Pelayo y Pérez, los bajacalifornianos merecen respeto y las autoridades están obligadas por Ley, a perseguir, investigar y castigar a los corruptos, omisos y malos administradores.
Si los cinco alcaldes no actúan en consecuencia, se convertirán en cómplices, lo mismo los diputados, y en ambos casos, ello podría acabar con sus posibilidades de reelegirse. Es hora de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas; quien no lo haga, se convierte en sospechoso, y en cómplice.
