Dentro de la red de lavado que incluye a empresarios y políticos tijuanenses, la Fiscalía de San Diego acusa al abogado Donald Daniel Levy Hernández, señalado por fraude en Jalisco, de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Tres acusados que se declararon culpables revelan más detalles de la organización
Donald Daniel Levy Hernández despacha desde las instalaciones de Corporativo Levy en la Zona Río de Tijuana. El bufete legal está resguardado por un fuerte operativo de seguridad, escoltas vigilan desde la entrada principal al edificio hasta la puerta de la oficina en el segundo piso.
Sin embargo, a menos de 3 kilómetros, el abogado tijuanense es buscado por la justicia. Levy Hernández, quien en noviembre de 2015 fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México y acusado de fraude por la Fiscalía de Jalisco, cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos.
“Daniel Levy enfrenta múltiples cargos por lavado de dinero, posesión de ganancias producto del narcotráfico por más de 100 mil dólares y estructuración de transacciones financieras, tiene una orden arresto”, detalló la fiscal a cargo del caso, Christina Eastman.
El también empresario de 43 años de edad, es señalado de formar parte de la red de lavado de dinero integrada por el regidor panista con licencia Luis Torres Santillán, la familia del ex líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Escalante y el matrimonio entre David Javier Espinoza y Claudia Ramírez, entre otros, de acuerdo con la Fiscalía Estatal de San Diego.
Sentenciados trabajaban para Levy: Fiscalía
El martes 7 de marzo, en la Corte Estatal de San Diego, el juez Runston G. Maino dictó sentencia a tres de los 17 procesados por lavado, los primeros en declararse culpables.
Daniel Guerson, ciudadano estadounidense, así como las residentes de Tijuana, Claudia Fernández de Mendoza y Deborah Frida Cervantes, recibieron tres años de libertad condicional, tras declararse culpables de varios cargos por lavado de dinero y violaciones a transacciones monetarias.
Las oficinas del abogado en Zona Rio
Como parte de las condiciones del beneficio de la libertad condicional, a los sentenciados se les prohibió mantener contacto y establecer relaciones personales o laborales con Daniel Levy, quien fue descrito como un “fugitivo” en la Corte.
“Estas tres personas tomaban dinero en efectivo desde México, que pertenecía al señor Levy, lo cruzaban a Estados Unidos y lo depositaban en cantidades menores a 10 mil dólares en bancos de Estados Unidos”, explicó la fiscal Eastman.
Una de las prácticas más comunes en el lavado de dinero, es la estructuración de transacciones financieras que consiste en realizar depósitos bancarios menores a 10 mil dólares para así evitar llenar reportes financieros.
Durante la audiencia, el abogado de Deborah Frida Cervantes, explicó al juez que la joven de 28 años de edad consiguió un trabajo en la empresa de Daniel Levy, ya que era su media hermana.
“Como parte de sus tareas en el trabajo, tomaba dinero de México y lo depositaba en cuentas bancarias de Estados Unidos”, Eastman agregó en entrevista, al término de la audiencia.
Mientras que de Daniel Guerson y Claudia Fernández, añadió, también tomaban dinero en efectivo y lo depositaban en cuentas bancarias de Estados Unidos, “pero no eran necesariamente empleados consistentes de la organización, se les pagaba cierta cantidad por cada transacción que realizaban”.
Tanto Claudia Fernández como Deborah Cervantes, al ser ciudadanas mexicanas, serán deportadas a México cuando concluyan los 170 días de cárcel que les fueron determinados. La primera fue detenida el 15 de diciembre y la segunda, el 18 de diciembre de 2016.
Daniel Guerson
Ya que estando en México, no serán monitoreadas por el gobierno estadounidense de cumplir con su libertad condicional, el juez aceptó reducir las sanciones financieras que se les imponen para cubrir estos servicios.
Sus respectivos abogados aseguraron que las mujeres se dedican a ser madres y amas de casa.
Por su parte, el representante legal de Daniel Guerson, también solicitó le fuesen reducidas las sanciones financieras, bajo el entendido de que cumpliría su libertad condicional en Tijuana, donde se haría cargo de sus negocios.
Sin embargo, al ser ciudadano estadounidense y, por lo tanto, tener la posibilidad de cruzar de vuelta a ese país, este beneficio le fue negado.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Daniel Guerson aparece como socio de la empresa Autos Gran Remate, dedicada a la compra, venta y exportación de automóviles, camiones y motocicletas. En su declaración, dijo ser chofer de Uber en San Diego.
En un principio a los tres sentenciados se les fijó una sentencia de tres años de prisión, ésta entrará en efecto si incumplen algunas de las condiciones de su libertad condicional; en el caso de las ciudadanas mexicanas, por ejemplo, si regresan a Estados Unidos o cambian su estatus migratorio sin reportarlo a sus oficiales asignados.
Sobre el nivel de participación de estos tres sentenciados, la fiscal Eastman precisó “fueron acusados de una parte de los crímenes cometidos por esta organización. Queremos mandar un mensaje que Estados Unidos no va a quedarse parado mientras este dinero producto de la venta de drogas o ganancias ilícitas fluye en sus bancos”.
Socios detenidos
Con uno de los tres expedientes judiciales que integran este caso por lavado, resuelto, la Fiscalía procederá con el resto de los 14 procesados. Dos de ellos son identificados como socios del abogado Donald Daniel Levy Hernández.
Se trata de Marcelo Zúñiga Escalona y Carolina Lefort Figueroa. El primero aparece como socio fundador de Levy & Asociados Corporativo Internacional y Fusion Productions, en esta segunda empresa está registrada Carolina Lefort Figueroa, también como socia. Esto de acuerdo a los registros públicos de ambas empresas.
Mientras el Corporativo Levy ofrece servicios de derecho penal, migratorio, civil, mercantil, inmobiliario, fiscal y aduanero, con direcciones tanto en Tijuana como en San Ysidro, California, Fusion Productions se dedica, entre otras funciones, a la contratación, producción y representación de artistas como grupos musicales y cantantes.
De acuerdo con el acta de constitución de sociedad, el 29 de octubre de 2008, se registró el bufet de abogados Levy & Asociados Corporativo Internacional. Como socio mayoritario, con 55 acciones, figura Donald Daniel Levy Hernández, seguido de Marcelo Zúñiga Escalona con 27 acciones, Zenaida Lugo Lizárraga con 10 acciones y Cristina Figueroa Valencia con ocho acciones.
Claudia Fernandez de Mendoza
Un año después, el 30 de abril de 2009, se dio de alta a la empresa Fusion Productions con Donald Daniel Levy Hernández como principal socio y con Marcelo Zúñiga Escalona, Carolina Lefort Figueroa, Nidia Lizette Escamilla Caro, Martha Marine Argüelles Castillo y Juan Fernando Villaseñor Servín como socios minoritarios.
Tanto Marcelo Zúñiga como Carolina Lefort Figueroa están acusados por la Fiscalía de integrar una segunda célula, conformada por seis personas, que se desprende de la red principal, entre quienes figuran el regidor con licencia Luis Torres Santillán, así como Karla y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo del empresario Jorge Escalante.
En octubre de 2011, Marcelo Zúñiga y Cristina Figueroa –socios fundadores de Corporativo Levy– crearon la empresa Corporativo Zúñiga, el cual ofrecía servicios legales migratorios y penales en Estados Unidos, registrado bajo la partida 5869247 en el Registro Público de la Propiedad.
Marcelo Zúñiga Escalona recibió su título como licenciado en derecho por el Centro Universitario de Tijuana, en 2004.
Años antes, también juntos, adquirieron un condominio con valor de un millón 944 mil pesos, a través de una transacción fechada el 14 de septiembre de 2006.
Mientras que Levy Hernández, con otra de las socias de su Corporativo, Zenaida Lugo Lizárraga adquirió un inmueble en la colonia Chapultepec Octava Sección de Tijuana, en 2015.
El Corporativo Levy no sólo ofrece servicios legales, sino que se encarga de la administración de empresas en ambos lados de la frontera.
Tanto Marcelo Zúñiga como Carolina Lefort se encuentran detenidos desde diciembre de 2016. Junto con los 12 acusados restantes, se presentará en la Corte, el 22 de marzo. La Fiscalía espera que ese día, los abogados de los acusados y los fiscales puedan llegar a acuerdos de culpabilidad que abrevien el proceso penal.
Caso contrario, iniciarían los juicios de quienes se declaren inocentes de los cargos que se les imputan. En dos ocasiones, en enero y febrero, esta audiencia ha sido pospuesta bajo el argumento de que la defensa requiere más tiempo para procesar la evidencia.
Y con auto de formal prisión en Jalisco
El 11 de noviembre de 2015, Donald Daniel Levy Hernández fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras esperaba abordar un vuelo hacia la ciudad de Tijuana, y trasladado a Guadalajara, Jalisco.
La Fiscalía de esa entidad lo acusaba de fraude genérico por 3 millones de dólares. El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los detalles.
“Después de tres años se pudo ejercitar la orden de aprehensión en contra de Donald Daniel Levy Hernández, originario de Tijuana, representante legal de la empresa Opera Show”, refirió.
El fiscal general de Jalisco añadió que Daniel Levy “había estado evadiendo la justicia a través de argucias legales y ausencias temporales” hasta que fue fichado por la Interpol y detenido en la capital del país.
También aseguró que el entonces detenido estaba acusado en “diversas denuncias y con una actividad frecuente entre Estados Unidos y México por diversos fraudes, entre otros, uno por 3 millones de dólares, por el que se había girado esta orden de aprehensión”.
Dos días después, el abogado y empresario ya se encontraba de regreso en su oficina en Tijuana. Aunque su captura se derivó de una orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal en Guadalajara, recobró su libertad.
De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, Levy Hernández se ostentaba como representante de una empresa organizadora de espectáculos musicales prometiendo la presentación de grupos y solistas, a cambio de recibir importantes depósitos bancarios en su cuenta de cheques.
Sin embargo, solo entregaba copias simples de los contratos y, según la dependencia estatal, “las víctimas del fraude se daban cuenta tiempo después de que los espectáculos contratados no se presentarían”.
Desde Tijuana, el hombre negó los delitos que se le imputaban y aseguró que se trataba de un asunto civil y no penal.
Sin embargo, de acuerdo con búsquedas judiciales, el caso llevado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco continúa en proceso y el auto de formal prisión vigente.
El 8 de febrero de 2016, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le negó el amparo, con número de origen 1985/2015, contra el auto de formal prisión que se le dictó.
Casi un año después, el 3 de marzo de 2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Tercer Circuito confirmó la negativa de amparo.
Por lo que, Levy Hernández continúa bajo proceso por el delito de fraude genérico. De igual forma, el 26 de enero de 2017, tramitó un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, bajo el expediente 117/2017, el cual fue admitido hasta el 23 de febrero, pero el juez todavía no determina si le será otorgado o no.
