La Constitución Mexicana de 1917, como bien dijera el maestro colombiano e ilustre Presidente de la Corte colombiana, Luis Carlos Sáchica, refiriéndose a su Constitución, la nuestra también tiene 100 años haciéndose. La nuestra ha pasado por muy variadas pruebas y problemas. En efecto la permanencia y vigencia de la actual Constitución no ha sido fácil. Surgió como un intento de reformar la de 1857 y terminó siendo la primera constitución social del mundo. En este orden de ideas, Carranza convocó a un Congreso Constituyente con el propósito de hacerle reformas y adiciones a la de 1857. Los Constituyentes reunidos en Querétaro, recibieron una Iniciativa del Primer Jefe de la Revolución, que dejó insatisfechos al ala progresista del movimiento social, fundamentalmente aquellos con mando de tropas y vinculados al Gral. Álvaro Obregón. Muy pronto Carranza y su grupo fueron rebasados por las exigencias recogidas en todo el territorio nacional y que fueron la verdadera causa del levantamiento social del siglo XX.
La Constitución tuvo también que superar en el Constituyente de 1916-17, los intentos de los abogados formalistas como José Natividad Macías, Presidente del Congreso, ilustre director de la escuela nacional de Jurisprudencia y Rector de la Universidad Nacional o Luis Manuel Rojas, y Alfonso Cravioto, constituyentes del bloque del Presidente Carranza, quienes se oponían a que nuestra Carta de Cartas contuviera las garantías sociales, por las que tanto habían luchado los revolucionarios de principios de siglo, fue gracias al tesón y combatividad de los generales Múgica, Jara y los trabajadores Gracidas, Victoria, Monzón, entre otros, quienes vencieron los pruritos formales carrancistas y nos dieron la primera constitución social del mundo. No vamos a permitir que la Constitución fuera redactada como un telegrama cuyas palabras cuestan dinero, dijeron los del ala radical, ni tampoco queremos que sea tan solo un traje de luces para el pueblo. Pedimos que se incorporen los principios laborales que demandan los mexicanos, jornada laboral mínima, prohibición de trabajo a menores entre otras cosas, fue la consigna. Los abogados formalistas, todos ellos carrancistas, sostuvieron que incorporar estos principios a una Constitución, era como ponerle una par de pistolas a un Santo Cristo, a lo que le contestaron los constituyentes progresistas, que si para resolver los problemas de los mexicanos era necesario ponerle cananas y un 30-30 al santo cristo, que se le pusiera. Así se ganó la batalla para el establecimiento de garantías sociales en nuestra constitución, que son una obligación de hacer para el Estado. Pero apenas aprobada la Constitución surgieron voces como la de Manuel Calero y Sierra, ilustre abogado porfirista, quien en un libro desconoció la legitimidad de nuestra Constitución desde varios puntos de vista, el político, el revolucionario y el jurídico, que en su momento generaron graves dudas sobre la legitimidad de nuestra Norma de Normas.
Superados sus problemas iniciales, vino lo complicado, hacer efectivos sus principios y sus garantías, fueron años de pruebas, donde la lucha de las facciones revolucionaria puso a prueba su legitimidad. De los años 1920 a los 40, la consolidación de nuestro marco constitucional estuvo acompañada de levantamientos armados regionales, muertes, intentos de golpes de estado, que afortunadamente no tuvieron éxito. La segunda guerra mundial y la etapa de crecimiento industrial de nuestro país fortaleció la Constitución, pero los peligros no desaparecieron, los grupo de derecha y conservadores se negaban a aceptar sus instituciones de garantías sociales, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Nacionalización de la industria eléctrica, la creación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, entre otros, generaron ríspidas reacciones, acusando a los gobiernos de aquella época de socialistas y comunicantes. Hoy esas amenazas están superadas. Nadie duda de la legitimidad de la Constitución ni de sus garantías sociales, al contrario se ha dado una corriente de agregar aspiraciones y buenos deseos a la Constitución, así se han incorporado el derecho a la protección de la salud, los derechos de los niños, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros. Si bien todos son más bien programa que norma, su incorporación al orden constitucional, ratifica lo expresado hace muchos años por el gran constitucionalista mexicano Diego Valadés, “En México se reforma la Constitución porque se cree en ella”. Hoy por hoy, el peligro de nuestro orden constitucional está en el desacato, en el no cumplimiento de sus normas y principios, en la discrecionalidad con que los miembros del poder las interpretan o las aplican.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
