Mientras que en las mesas de diálogo de ciudadanos y funcionarios parece no haber mucho avance, producto de las protestas, el tema legal despunta como una posible solución para desatorar varios de los reclamos ciudadanos asentados en diferentes pliegos petitorios que han sido enviados por manifestantes del movimiento Resiste Mexicali a las autoridades. Agricultores contemplan hasta siete recursos para impedir construcción de acueducto en el Valle
El cauce de las protestas sociales derivó, por un lado, en las mesas de diálogo en conjunto con Gobierno del Estado, municipio y de última hora el Congreso; y por otro, en una ruta legal.
Los ciudadanos organizados buscan dar marcha atrás a las leyes que consideran pueden derivar en la “privatización” del agua, donde ahora incluyen la Ley de Asociaciones Público- Privadas, llamadas APPs.
Sobre las diversas peticiones recaen dos temas fundamentales, el primero, el del acueducto Villahermosa-Mexicali, donde los abogados han trazado una estrategia que contempla presiones internacionales; por el lado legal, la petición de juicio político contra los diputados del Congreso que votaron a favor de la Ley del Agua, así como contra el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.
Otras peticiones que analizan, son la revocación de mandato y el retiro del fuero constitucional, a la par, en el caso del acueducto.
Diálogo no avanza
León Fierro, miembro de la asamblea que se encuentra en la mesa de diálogo en el Ayuntamiento de Mexicali, explicó que no se ha podido llegar a un acuerdo en dos de las peticiones: la cancelación del incremento al Impuesto al Predial, y la eliminación del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
“Gustavo (Sánchez) le ha sacado muchas vueltas, está todo muy claro, hay más de mil millones de pesos pendientes que no los puede cobrar a los grandes deudores; muchos de ellos al ver la seriedad del movimiento ya lo empezaron a abonar sin siquiera tener un proceso, es decir, todavía no se ejercen medidas de presión oficiales y ya están pagando; imagínate cuando los trates de embargar, claro que van a pagar”, consideró Fierro para después dejar claro que al pagar los grandes deudores no sería necesario el incremento al pago del Impuesto Predial para el resto de la ciudadanía. El alcalde propuso un subsidio para 35 mil familias, pero solo representa el 10 por ciento de la población, lo que calificó como injusto.
Agregó que siguen en la postura contra el pago del DAP, así como el incremento en la entrada a los parques públicos y buscarán medidas de presión más enérgicas, aunque tendrán que ser aprobadas por la asamblea. Hasta el momento el presidente municipal ha accedido a renunciar al fuero constitucional, a la reducción del sueldo y a compensaciones.
Aunado al pliego petitorio, hay dos nuevos puntos: uso de Suelo de la empresa cervecera y la municipalización del agua, pero éstos no han querido ser tocados por el alcalde.
En las mesas del Ejecutivo del Estado tampoco se han presentado avances, uno de los representantes de los manifestantes -que no tiene atribuciones para hablar con la prensa- expresó que hasta el momento solo se ha logrado atención médica para maestros interinos por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), y una nueva reunión para el 15 de febrero para tema del adeudo a maestros jubilados.
Respecto el agua no hay avances, pues el Gobierno del Estado no reconoce atribuciones en la concesión del agua para el acueducto Villahermosa-Mexicali, y lo delega a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Revocación de mandato
El vicepresidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales, afirmó que buscan la revocación de mandato por medio del juicio político.
“La revocación de mandato ya está establecida en el Artículo 12 de la Constitución de Baja California, donde se establecen las bases para quien sea sujeto de esa revocación, y el único medio es a través del juicio político”, mismo que se realiza al servidor público que hubiera realizado actos u omisiones que vulneren el interés público fundamental.
“Es evidente que los diputados en este caso han vulnerado esos principios rectores y buen despacho, me refiero a la Ley del Agua principalmente, al Dictamen 62, al 57, a la propia designación de la mesa directiva violando el Artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Cómo es posible que estén en ese tenor violando su propia Ley”, planteó el litigante.
Rosales confirmó que se encuentran asentadas las bases para que proceda un juicio político, ya que los ciudadanos se están uniendo y participando activamente para recabar firmas e impulsar la recolocación de mandato.
“Estamos presionando jurídicamente y ciudadanamente al desafuero constitucional, ese es el gran tema ahorita, hay una iniciativa presentada el 6 de octubre del año pasado por el diputado (Jorge) Núñez que va a desaforar a los diputados, al gobernador y al presidente municipal, para estar a la vanguardia de otros Estados de la República”.
— En el caso del gobernador ¿tendrían que votar las 2/3 partes del Congreso de mayoría panista?
“Ese es el problema que se tiene, estamos siendo rehenes de unos cuantos diputados que sabemos que van a votar a favor de que no proceda el juicio político, eso es lo vergonzoso que ellos saben del desorden, estamos a nivel nacional como la vergüenza de la República Mexicana de un gobierno panista, al CEN del PAN le está preocupando, el mismo Ernesto Ruffo que quiere ser candidato a Presidente de la Republica está viendo un Estado desquebrajado”.
Del juicio político a diputados, quienes votarían por la medida, explicó: “Ellos seguramente están pensando que van a estar presentes y no van a votar; ¡no señores! Hay excusas, no pueden ser juez y parte. Un diputado, si yo presento un juicio político contra ti y contra toda la fracción del PAN, no puede votar porque son parte de un juicio, tendrían que votar los otros, porque eso es lo que los ciudadanos estamos exigiendo, que ya se vayan”.
Rendición de cuentas
Para el connotado abogado y académico Arnoldo Castilla, las movilizaciones ciudadanas y sus demandas engloban varias situaciones con aspectos jurídicos, antropológicos, políticos, sociales y económicos: “Creo que no le hemos dado la importancia debida a lo jurídico, se trata de un problema de rendición de cuentas y de democracia. Tenemos primero las garantías individuales, los derechos humanos establecidos en la Constitución, luego los tratados internacionales y también las leyes federales y las locales”.
Castilla menciona recursos como el amparo o las acciones de inconstitucionalidad, o en su caso, el referéndum y las leyes de participación ciudadana para tomar el consenso de la sociedad, “ha corrido la idea que con las marchas se acaba todo, pero hay un largo camino jurídico que puede evitar la violencia y que cumpliría con la aspiración ciudadana, que es una reestructuración de la sociedad”.
En ese contexto, refiere que uno de los rubros más importantes a utilizar -y por donde podría encauzarse la lucha ciudadana- podría ser la revocación de mandato. Respecto a la Ley de Agua, de las APPs, de los permisos para la instalación de la cervecera Constellation Brands, Castilla considera que sí hay manera de detenerlos con armas jurídicas: “Claro que sí, si existen los elementos jurídicos”.
La revocación de mandato es una forma en que la sociedad se deshace de los malos funcionarios, aunque aclara el académico, aún no está incluida en la Ley de Participación Ciudadana. “Le tenemos miedo”, asume.
Aparte, refiere temas como la responsabilidad civil, la administrativa, la política.
“Aquí estamos hablando de juicio político”, aclara con relación a un rubro donde se puede incluir a cualquier funcionario en función del incumplimiento de la responsabilidad política.
Además, cita otro rubro que tiene que ver con la responsabilidad penal, habría que revisar el listado de delitos cometidos por servidores públicos contenidos en el Código Penal, como el caso de peculado, negociaciones ilícitas o el abuso de poder, todos perseguidos de oficio.
“Aunque el problema es que son delitos con penalidad baja y que por lo mismo prescriben muy rápido, deberían elevarse las penas para que tarden en prescribir”, reflexiona el especialista para luego mencionar el juicio de procedencia -también llamado de desafuero-, “cuando se comete cualquier delito, hay que quitarle la coraza protectora al funcionario y entonces ya se le puede perseguir penalmente”.
Fernando Rosales
En el hipotético caso de un posible intento de desaparición de poderes, Castilla refiere que éste se presenta en caso de que se considere que se viola la Constitución de la República -en función de ir en contra de los derechos garantizados en la Carta Magna-, ahí es cuando podría intervenir el Senado de la Republica.
“Hay que abrir el camino para formas jurídicas que faciliten fincar responsabilidades de cualquier índole, política, administrativa o penal. Los procedimientos están hechos a modo, son difíciles de llenar los requisitos que existen. Uno de los resultados de esta inconformidad ciudadana que se traduce en movimientos, marchas, debe ser el establecimiento de la revocación de mandato -muy acotada, con requisitos claros, pero tampoco inaplicable-, la finalidad es ‘no te quiero en el poder’, se pide un número de firmas y obligadamente el Congreso tiene que proceder.
“Ya no confiamos en los políticos, ya no confiamos en la representatividad y lo peligroso es que hartos de lo que está pasando, se den conflictos sociales de mayor magnitud. Vamos usando el derecho”, sintetiza.
Más acciones legales
En el caso del acueducto Villahermosa-Mexicali, los agricultores del Valle, encabezados por el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Rigoberto Campos, presentarán hasta siete recursos legales para impedir su construcción.
El abogado Rubén Amaya señaló que se planeó la estrategia en seis rubros, el primero en materia administrativa con una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), organismo garante de la gestoría ambiental.
Una segunda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de uso ilícito de atribuciones y funciones a quien resulte responsable, aquellos servidores públicos que en uso de sus funciones, actuaron ilícitamente; ésta se encuentra en proceso de ratificación, falta presentar medios de prueba.
Además, una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las afectaciones al medio ambiente y, en materia constitucional, e recurrió al amparo indirecto colectivo, pues la Ley permite que en temas ambientales se pueda presentar en esta modalidad.
El representante legal de los agricultores agregó que CONAGUA deberá ratificar que no existe un permiso para el cambio de uso del agua de agrícola a industrial, ni para la creación de la infraestructura del acueducto. La principal consecuencia al medio ambiente sería el agotamiento del acuífero, ya que con la sobreexplotación brotaría el agua salada, al encontrarse tres metros debajo del nivel del mar, lo que traería una salinidad al Valle de Mexicali, ocasionando un desastre ecológico.
Rubén Amaya explicó que aún faltan por explorar dos rutas, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al existir autoridades federales involucradas, además que, derivado de tratados internacionales, debió prevalecer el principio de precaución y conservación antes de llevar cualquier tipo de obra que pudiera afectar el medio ambiente. Otra, acudir ante Organismos No Gubernamentales internacionales como Greenpeace, donde ya hay acercamiento.
Para concluir, en la denuncia interpuesta ante la PGR se incluyó como tercera involucrada a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ya que las afectaciones se darían igualmente en el Estado vecino.
(Con información de Sergio Haro Cordero)
