Activistas y funcionarios se contradicen en el tema de la venta de agua entre México y Estados Unidos, mientras en el Valle de Mexicali, la “falla de riegos” ha afectado las cosechas. Abogados e investigadores denuncian irregularidades en el funcionamiento del Acta 319 firmada entre México y Estados Unidos, y la venta de agua. Desde CILA hablan de sequías y recortes del líquido
Los productores del Valle de Mexicali empiezan a sufrir los estragos de la falta de agua, mientras que en las zonas urbanas el gobierno estatal promueve una nueva Ley de Aguas que, entre otras cosas, incluye un aumento en las tarifas arriba del 30 por ciento, lo que no había sucedido en los últimos siete años.
En ese marco se abre la coyuntura de fin de la vigencia del Acta 319, “… acuerdo donde México pide apoyo a Estados Unidos para almacenar el agua que no pudo manejar, por la ineptitud, por la inexperiencia de la gente”, tras el temblor de Mexicali ocurrido en abril de 2010, detalló Jesús Román Calleros, académico e investigador del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Fue firmada en noviembre de 2012 y vence en diciembre de 2017, y, de no actualizarse las condiciones ahí estipuladas, se ampliarán en automático por otros diez años, hasta diciembre de 2027.
Roman Calleros, investigador
Falta un año, pero los activistas aseguran que las negociaciones ya iniciaron y es el momento de actuar para evitar los abusos y la “venta ilegal de agua” a Estados Unidos, que afirman, se está dando, aunque desde el gobierno lo niegan.
El licenciado en Derecho, Javier Zepeda, participa junto con un grupo de productores rurales en el llamado Comité Ecológico Sonora-Baja California, y como organismo han tramitado una serie de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionadas con el tema del agua.
El representante legal de los productores rurales de Mexicali recordó que el 12 de octubre presentaron ante la PGR una querella por delitos cometidos contra la seguridad de la nación por el Acta 319. Los señalados son Roberto Salmon, quien representa a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) por México; David Korenfeld, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); José de Jesús Luévano, secretario de la CILA; Francisco Bernal, representante de la CILA en Mexicali y contra la asociación civil Pronatura, que encabeza el empresario Roberto Zambrano.
“Están pisoteando nuestra Carta Magna porque están disponiendo de bienes de la nación a cambio de millones de dólares, esa es una violación agravante a nuestro orden constitucional”, considera el abogado cachanillla.
Aparte hay otra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, asentada con el número 587/2016 contra el Acta 319.
Zepeda opinó que la crisis de producción que enfrenta el Valle de Mexicali tiene que ver con el desabasto de agua, como ejemplo mencionó la última cosecha de trigo, ya que en lugar de sacar siete u ocho toneladas por hectárea obtuvieron cinco, debido a que faltaron al menos dos riegos.
En el caso del agua resguardada en Estados Unidos, producto del no uso por las repercusiones en la llamada Zona Cero -sismo de abril de 2010-, Zepeda propone que el líquido debe regresarse a Mexicali “… para reactivar la economía del Valle de Mexicali y poder tener dobles cultivos”.
De la venta de agua
“El Acta 319 es un documento arbitrario, grosero, prepotente, abusivo en contra de México”, expone por su parte el ingeniero Jesús Román Calleros, maestro en Hidrociencias por la Universidad de Chapingo.
Al tiempo que cuestiona la indolencia de funcionarios mexicanos en lo que llama “abuso contra México”, enumera una larga lista, desde el comisionado de la CILA, Roberto Salomón; Víctor Hermosillo, senador; o el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el extitular de la CONAGUA; David Korenfeld.
“Todos ellos amafiados llegaron a un acuerdo donde, pensando que México le pide ayuda a Estados Unidos”, para resolver el problema de agua generado tras el terremoto de 2010.
Francisco Bernal, CILA Mexicali
“El comisionado de CILA no supo qué hacer con el agua que tenían los canales de los módulos 11, 12 y parcial del 10, los que golpeó el terremoto. No era para tanto tardarse más de cuatro años para arreglar el detalle ese”.
De acuerdo a Calleros, Estados Unidos aprovechó esa coyuntura, “mucha gente cree que esa agua era guardada, la verdad es que el país vecino dio dinero por esa agua, esa agua, ya está comprada y jamás va a volver aquí”, advierte el académico.
“A ningún agricultor le dijeron que le iban a dar 7 mil pesos por hectárea en tanto que se quedaba Estados Unidos con esa agua”, agrega el investigador por la UABC.
En su opinión, el Acta 319 es “tan peligrosa, tan dañina para México, porque cambian la esencia del Tratado”. Menciona el Artículo 10-B, donde se define la entrega de aguas para México, “Estados Unidos lo cambia con el beneplácito de la CILA, de la CNC y del gobierno de Baja California”.
Tratado justo, acta ventajosa
Calleros analiza que debido al Acta 319 las entregas de agua a México están sujetas al nivel del espejo del agua del Lago Meade en la Presa Hoover de Las Vegas, Nevada.
Situación muy diferente a la establecida en el Tratado de Aguas Internacionales -en el Artículo 10-, que asienta, Estados Unidos entregará a México mil 850 millones de metros cúbicos anuales si las condiciones del río son normales, o en su caso, de haber una condición de excedencia, además de que el volumen de agua sería reducido si existiera una sequía extraordinaria o un serio daño en la infraestructura hidráulica en la Cuenca Alta.
“Ninguna de esas tres cosas ha ocurrido”, sentencia el especialista, quien también cuestiona, esa parte del Tratado ha sido cambiada en el Acta 319, “si el nivel del agua en el Lago Meade llega a mil 075 sobre el nivel medio del mar, se reducirán las cantidades de agua a México, California, Nevada y Arizona, es decir, a los miembros de la Cuenca Baja”, refiere Calleros,”oficialmente no somos parte de la Cuenca Baja, pero para quitarnos agua, sí”.
Para el reconocido académico, lo estipulado en el Tratado es muy claro al incluir que si dentro de la cuenca hidrológica del Río Colorado se presenta una sequía, el líquido se reducirá a todos los usuarios “… en la misma proporción para México y Estados Unidos, por supuesto que hay un riesgo, porque todo mundo cree que el Acta 319 establece ese control para toda la región Oeste de Estados Unidos, y eso no es cierto: es solo para la cuenca hidrológica del Río Colorado, exclusivamente”.
Asimismo, indica que en muchos de los casos en el Valle de Mexicali no se dan los riegos oportunos, con graves problemas en la operación del distrito de riego. Además, en el Módulo 18, los usuarios quieren vender parte de su agua a Estados Unidos, a razón de un millón de dólares por año, por doce años, bajo pretexto de que inversionistas les van a aportar para revestir canales, mejorar tierras, reponer compuertas, a cambio del agua que no usan, debido a los suelos arcillosos, de ahí el sobrante.
“Pero eso puede desencadenar que los demás módulos de riego hagan lo mismo, porque hay un mercado muy grande de agua, sobre todo en Estados Unidos”, estima.
CILA, 284 millones de metros cúbicos en reserva
Francisco Bernal Rodríguez, representante de CILA en Mexicali, comenta que el Acta 319 se firmó como un acuerdo para implementarlo en cinco años, con la idea de ampliar una serie de medidas contempladas en el Acta 318, hecha para almacenar volúmenes de agua no utilizados por el terremoto, lo que generó una serie de críticas.
De acuerdo con el funcionario, el Tratado establece que el agua dotada para un año se tiene que utilizar en ese lapso, no hay manera ni espacio físico del lado mexicano para retenerla, ni almacenarla. En esa acta se establecieron una serie de medidas en función del comportamiento que se había tenido en los años 2011 y 2012. Además, as acciones que realizan son en función de la información que tienen respecto a pronósticos del comportamiento de la cuenca, la cual tiene dos grandes almacenamientos: el Lago Powell, en la parte alta, frontera con el Gran Cañón, y la de Hoover en Las Vegas.
La Presa Morelos
Contrario a lo dicho por los activistas, Bernal asevera que el agua que se quedó en Estados Unidos a raíz del no uso por el terremoto es propiedad de México y a la fecha se contabilizan 284 millones de metros cúbicos, aunque se habían almacenado 431 millones -de ahí bajaron los 129 millones por el flujo pulso-, aparte que se ha restado por evaporación, para sumar los 284 actuales. “Esos son para cuando el lado mexicano los solicite, cuando los requiera, ahorita los tenemos como una reserva”, asume, e insiste, ese volumen es propiedad de la nación, no de los usuarios, ya que a éstos se les pagó en esos años conforme a un programa de rescate de volúmenes aplicado por CONAGUA.
Negocian próxima acta
Con relación al acta que suplirá a la 319, el comisionado de CILA recordó que han sostenido una serie de pláticas desde 2014 y 2015, cuando continuaron trabajando algunos grupos que han buscado opciones para mejorar y prolongar algunos conceptos que son preventivos para evitar un posible colapso del sistema y establecer líneas de cooperación internacional, a fin de desarrollar proyectos de infraestructura y evitar condiciones críticas para los dos países.
“El monitorear la hidrología de la cuenca permite tomar decisiones por si llegamos a los niveles que establece el acta de recortes, pero antes debemos prever que no lleguemos a esos niveles, ahora estamos en un ciclo de sequía, de escasez, cerrando el año dieciseisavo. Del año 2000 a la fecha ha ido bajando, está disminuyendo drásticamente”.
El Tratado establece que en caso de sequía extraordinaria se reducirán los consumos tanto a Estados Unidos como a México, por eso quedó asentado en el Acta 319, “dado que antes no había acuerdo ni teníamos una definición de sequía extraordinaria”, justifica Bernal Rodríguez.
“Los Estados no consumimos más de lo que tenemos asignado, sin embargo, la producción de la cuenca es menor a lo que estamos consumiendo. Cuando se hicieron los análisis de la cuenca para establecer consumos, se tomaron datos de 1890”, argumenta.
Entre 1906 y 2012, el flujo promedio fue de 14.9 millones de acres pies, menos de lo que gastaban en las dos subcuentas. Ahora gastan dos millones más, los que han salido del volumen que tenían acumulado, pero de seguir a ese ritmo, en 15 años se abatirían tales reservas.
“En todo este contexto se están buscando medidas que quedarían en la siguiente acta, le llaman la 3 XX, para conservar el agua, para ahorrar el líquido”, y menciona que del lado americano ya se están gastando menos, como en California.
“Para el Valle de Mexicali podrían ser el revestimiento de canales, reemplazo de compuertas, control de la medición del agua. En la zona urbana seria un mayor uso de agua reciclada. Si no iniciamos ya con las condiciones que se están presentando en la cuenca del Río Colorado, es muy probable que en 2018 tengamos un recorte”, remata el funcionario.
