Como gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walther modernizó el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Por diversas razones, dos que destacan.
Contaba con Armando Arteaga, que en el momento era secretario de Finanzas y especialista informático, y, el RPPC es una significativa fuente de ingresos para el Estado.
Al digitalizarlo y además ofrecer el servicio de consulta remota, el principio de publicidad se potencializó. Hubo una mayor apertura y especialmente un mejor acceso a la información. De hecho, pocos Estados ofrecían el servicio digital como lo hacía Baja California.
Como en muchas, por no decir todas las áreas del Gobierno del Estado (cualquiera de los 32, aunque ahora refiramos al de Baja California), el Registro Público de la Propiedad y el Comercio se prestaba y se presta para la transa. Vamos, en esa oficina quedan registradas todas las transacciones inmobiliarias y comerciales que se realizan en la entidad. Venta y compra de bienes inmuebles, hipotecas, derechos amplios de explotación de bienes inmuebles, prescripciones, demandas de inmuebles, otorgamiento y revocación de poderes generales, nombramientos de consejos de administración, los administradores de las sociedades mercantiles, la constitución de las empresas, entre otros.
Transar en el RPPC era y es relativamente fácil. Por ejemplo, sin un acreedor busca los bienes de un deudor para embargarlos y obtener así el pago comprometido, acude al Registro. En teoría ahí deberá entroncar toda la información respecto a las propiedades y las sociedades que tiene el deudor y actuar en consecuencia, pero -aquí va el pero- el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, o cualquiera de los registrados públicos de alguno de los cinco municipios que comprenden el Estado , puede llegar a pactar con el deudor -si éste tiene los suficientes recursos económicos, o el poder político preponderante- para que la información de sus bienes, sociedades y transacciones no aparezca, no sea pública, se oculte.
Más o menos es lo que sucede hoy día en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que por encomienda del gobernador dirige el panista Antonio Ariana Regalado. Siendo una de las tres direcciones que no dependen directamente de un secretario, sino de manera exclusiva del Ejecutivo del Estado -DIF y Comunicación Social son las otras dos-, por lo tanto el nombramiento del titular es facultad exclusiva, en este caso, de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Ubica ahí, pues, a una de las personas de mayor confianza, después de todo, en esa oficina se obtienen muchos provechos, se oculta información y se extraen datos privilegiados sobre patrimonios.
Sin embargo, en los últimos meses se ha ocultado información relacionada con el gobernador Francisco Vega, y de algunas personas que se dicen sus cercanos y los socios de éstos. Específicamente en los casos de las propiedades de Vega de Lamadrid, las más de 50 detectadas en mayo de 2013, las nuevas, las de Fernando Beltrán Rendón, su amigo y concesionario estatal, y las de éste con sus asociados y colaboradores, como fue el caso del regidor de Tijuana, Luis Torres, o uno de los miembros del Consejo de Administración de URBACA (compañía que ha obtenido más de mil millones de pesos en convenios y contratos de obra por parte del Gobierno del Estado de Vega), Víctor Llamas.
No solo requirió de un rastreo de notas y altas en el RPPC llegar a la propiedad en Cumbres de Juárez de Tijuana, donde el gobernador construye la mansión que ocupará la familia Vega Ruacho, sino que se debió conocer los nombres de todos los allegados al mandatario estatal para saber de los entresijos legales y ocultamiento de bienes que hizo para adquirir la tierra que cuando inició la edificación de su propiedad, aún no estaba a su nombre. El historial del terreno en Cumbres de Juárez da cuenta de nombres “ajenos” a Francisco Vega de Lamadrid desde el momento que inició la construcción en un predio que él explota, pues públicamente ha dicho que es su casa, que él la construye, que es un exitoso empresario, pero no está a su nombre.
Ahora que se reveló gracias a un comprometido grupo de constructores, los abusos en la redacción de convocatorias para licitar obras y favorecer a una constructora en particular –URBACA– en una millonaria licitación para construir un acueducto para el Valle de Mexicali -obra por cierto realizada con dinero público federal, pero para beneficio de una empresa privada como lo es la cervecera Constellation Brands-, de todos fue conocido que el millonario contrato no había caído en poder de aquella empresa precisamente por la celeridad que tuvo para completar el proyecto ejecutivo y cumplir con todos y cada uno de sus requerimientos, sino porque, aseguraron los constructores, en URBACA recibieron con anticipación los pormenores de la obra a licitar, lo cual les dio el tiempo suficiente para elaborar el proyecto ganador, en lugar de los 20 días que tuvieron el resto de los mortales.
Al investigar por qué ese privilegio para la empresa que ahora se defiende públicamente de lo que no quiso aclarar ante la denuncia de los constructores, éstos se dieron cuenta que el favor no fue de gratis, sino que venía por otra relación también por muchos conocida, por pocos denunciada, entre Víctor Llamas y Fernando Beltrán, la cual fue negada por ambos hasta que después de revisar cientos de documentos públicos, ZETA pudo comprobar a través de una sociedad que comparten los referidos Beltrán/Llamas. Una sola de la cual no se encontró mayor información porque los datos que deberían ser públicos, fueron ocultados o limitados en el Registro Público.
Lo mismo ocurrió luego de la detención del regidor Torres en San Diego por lavado de dinero. Muchos sabían que era colaborador de Fernando Beltrán, que trabajaba para él, pero pocos podían confirmarlo. De hecho el mismo martes 20 de diciembre, cuando ocurrió la aprehensión, un comunicado que traía a Fernando Beltrán y a su empresa Zanfer como remitente, negaba la relación entre éste y el Regidor, hasta que una vez más en ZETA localizamos un documento que acreditaba al detenido como apoderado del amigo del gobernador.
Los pocos documentos que han dejado desde el grupo del Ejecutivo estatal en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California sobre las transacciones inmobiliarias y comerciales de él, sus amigos y asociados, dan cuenta de una historia turbia de intereses y privilegios que solo sucede cuando se está al mando de la administración pública del Estado. No están disponibles para consulta las actas constitutivas de varias de las empresas de Beltrán, Lamas, de compañías constructoras y empresarios ligados al poder político y los negocios oficiales en Baja California. Ni acudiendo personalmente a las oficinas para buscar la información de manera manual, es posible encontrarla.
El Registro Público de la propiedad y el Comercio en Baja California, parece propiedad del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y los suyos, para utilizarlo a discreción en beneficio propio y en detrimento de la sociedad y el principio de publicidad del mismo que da certeza jurídica.
En Baja California, Antonio Araiza Regalado se está convirtiendo en cómplice de la opacidad, y sospechoso de transar para ocultar lo que debería, de acuerdo a la Ley, ser público: quién hace negocios con quién y quién compra o vende cuál inmueble.
Oportuno sería que una entidad, el ORFIS, la Auditoría Superior de la Federación, realizara una auditoría del sistema que se utiliza para ocultar la información pública y de paso qué sucede con los recursos que ahí se generan y que no aparecen con claridad en el Presupuesto de Ingresos, mucho menos su destino; y sí, debería ser una entidad externa, porque pedirle al Congreso del Estado que lo ordene será enfrentarnos otra vez a la negativa de los trece votos panistas, y de la Contraloría que maneja Bladimiro Hernández, ni hablamos, que está ahí para ser comparsa más que fiscal.
