Primero, nuestro reconocimiento para los mexicanos que se manifestaron pacíficamente el domingo 15 de enero, particularmente para los miles de residentes de Baja California que formaron parte de la movilización social en los cinco municipios, encabezados por el entusiasmo y participación de los mexicalenses.
Casi 70 mil almas en todo el Estado, gente que consideró que al salir -respetando las leyes- a las calles a reclamar el correcto funcionamiento y mejores decisiones de sus gobiernos, en una real búsqueda del bienestar de la comunidad, era la mejor forma de contribuir, de cumplir con su deber de participación ciudadana.
Todos ciudadanos hartos de escuchar de los “necesarios”, “obligatorios” e inevitables aumentos de precios en servicios o combustibles, mientras deben soportar a funcionarios electos con onerosos sueldos y presupuestos obesos que incluyen el pago de montones de privilegios, al tiempo de atestiguar cómo usan para gastos personales los fondos de “gasto social”, destinados apoyar a los más desprotegidos.
Gente cansada de conocer a diario las decenas de actos de corrupción de una clase política privilegiada que usa el poder para enriquecerse, al aprobar obras con sobreprecios, al entregar en asignación directa proyectos y enormes presupuestos a sus amigos y socios, de quienes reciben delictivamente comisiones del 20 por ciento o mansiones blancas.
En ese contexto, el civismo bajacaliforniano tuvo el 15 de enero una de sus más apartidistas y numerosas expresiones, pese a la presencia de agrupaciones sociales, de organismos empresariales, incluso de políticos y/o representantes de partidos que intentaron sacar provecho o capitalizar el hartazgo social, la sociedad logró mantener el movimiento netamente ciudadano. Fue la democracia funcionando.
A los principales reclamos, que fueron la reducción del precio de la gasolina por parte de la Federación y la derogación de la Ley de Aguas que aumentaría el precio del agua en Baja California y permitiría al gobierno hacer negocios con la privatización del servicio, solo la segunda petición fue atenida.
En el caso del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, primero intentó contener el reclamo social cancelando el reemplacamiento, otra de sus propuestas onerosas e innecesarias, prometiendo – sin dar detalles- ahorrar 495 millones de pesos con una reingeniería administrativa.
Las manifestaciones públicas acompañadas de la interposición de amparos, lo llevaron a anunciar el 17 de enero la abrogación de la Ley de Agua; dijo lo hizo por su sensibilidad política, pero la realidad evidencia que fue por la presión de un amplio sector de la población. De nuevo, los diputados locales que acostumbran someterse a los deseos del mandatario se manifestaron dispuestos a hacer lo que les ordenen, pero siguen sin dar muestras de solidaridad social, por ejemplo, sin renunciar a sus gastos de representación que, por cierto, este año aumentaron de 20 a 31 millones de pesos.
El agua y las placas son hasta ahora los logros de los bajacalifornianos, pero los pliegos petitorios de los grupos ciudadanos han dejado claro que van por mejores gobiernos y menos abusos del erario.
De entrada, exigen al gobernador y a los alcaldes presentar un amparo contra el gasolinazo, a lo que no han tenido respuesta. Los ayuntamientos tampoco han contestado a la petición de suspender los incrementos anunciados al cobro del Impuesto Predial, al alumbrado público, además de establecer tarifas justas, acordes al deficiente servicio de transporte, el cual ya aumentó de precio sin aprobación.
Los bajacalifornianos también proponen que se prohíban los bonos de fin de año, eliminar el fuero, reducir el número de diputados y senadores, eliminar a los plurinominales, cancelar la pensión vitalicia de los ex presidentes. En el Estado, reducir los salarios de funcionarios de primer nivel a 25 salarios mínimos, que son un promedio de 60 mil pesos mensuales Y todavía más difícil de lograr: las renuncias y juicios políticos contra Enrique Peña Nieto y Francisco Vega de Lamadrid.
Hasta donde se tiene conocimiento, los grupos de profesionales que se han unido siguen trabajando en las formas de lucha con que acompañarán las manifestaciones públicas y los amparos, acciones de anticonstitucionalidad y la posibilidad de realizar plebiscitos o referéndum para que la sociedad manifieste su aprobación o rechazo a reformas, adiciones o derogaciones constitucionales y leyes, así como la presentación de iniciativas ciudadanas para afectar leyes trascendentes en el Estado.
Ahora es cuestión de ver si los bajacalifornianos son capaces de capitalizar la unidad social generada, para lograr “sin violencia” que sus gobiernos abusen menos del erario, le bajen a sus prerrogativas y cumplan con su trabajo de administrar, que abandonen el camino fácil de seguir abusando de los mismos y busquen alternativas de solución que beneficien a la mayoría de la gente.
