Ya son tres semanas de bloqueos ciudadanos en los accesos a los edificios estatales y el Congreso. Los manifestantes adelantaron no se moverán hasta ser atendidos por el gobernador con pliego petitorio. Autoridades estatales y municipales cambiaron discurso conciliador, ahora descreditan movilización y acusan intervención de partidos políticos de oposición
Apenas se acababan de sentar para dialogar -manifestantes y gobierno estatal- y el intento se truncó, debido a la inasistencia en esa primera cita del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
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“Si no está el gobernador nos vamos”, dijeron sin pensarlo mucho el grupo de representantes de los ciudadanos el lunes 23 de enero por la tarde. Del lado oficial, encabezados por el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, se quedaron pasmados. Y es que era apenas el arranque de los trabajos entre ambas partes.
“El gobernador tiene su espacio y su lugar, mi espacio y mi lugar son dentro de las instalaciones de gobierno, ahí yo recibiré a los señores que se han manifestado, con mucho gusto”, afirmó el titular del Ejecutivo a la periodista Rosa María Méndez, del Canal 66 de televisión mexicalense, en apresurada entrevista la tarde del martes 24 de enero, al salir de una larga reunión con su gabinete en instalaciones del Instituto Municipal del Deporte.
Un par de horas después los grupos empresariales instaron a Vega a “poner orden” bajo la premisa de que “si no quieren negociar, que se aplique la Ley”, sostuvo Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
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Beca progreso no se olvida
“El sector empresarial hace un exhorto al gobernador para que solucionen de manera inmediata los bloqueos a oficinas de gobierno y en obras de Constellation Brands”, expuso el líder empresarial en rueda de prensa.
A manera de respuesta, la tarde-noche de ese martes un grupo de manifestantes bloquearon las instalaciones de la Caja Auxiliar de Recaudación de Rentas del Estado, ubicadas en la populosa zona de Palaco, al Oriente de la ciudad.
“Plantón hasta que nos quiten”
Guadalupe Montoya, miembro de la comisión municipal del movimiento de protesta, señaló que continuarán en los plantones hasta que sean escuchados por el gobernador y éste cumpla con el pliego petitorio. Advirtió que no se moverán aunque el gobierno utilice la fuerza pública, “porque es necesario el diálogo con el Ejecutivo”.
En el caso del Ayuntamiento de Mexicali, cuyas oficinas llevan una semana sin bloqueo, hubo una reunión el jueves 26 de enero, la comisión ciudadana insistió al alcalde Gustavo Sánchez en la cancelación a los aumentos anunciados a los impuestos Predial y al Alumbrado Público, pero el munícipe insistió en que tal medida es imposible, ante la falta de acuerdo citaron para un nuevo encuentro el martes 31 de enero, a la espera de que el Ayuntamiento les presente una propuesta alternativa, de lo contrario contemplan la posibilidad de volver a bloquear el edificio.
En cuanto al Poder Legislativo, Montoya dijo que se está preparando un pliego petitorio para entregarlo al Congreso del Estado y así discutir el tema de la liberación de las instalaciones.
Gobierno acusa cerrazón e inclusión de intereses partidistas
Un día después, martes 24 de enero, desde la Secretaría General de Gobierno surgió la propuesta de reunirse la tarde del miércoles para llegar a un posible acuerdo y pactar una reunión donde participaría el gobernador Vega de Lamadrid, pero nada se logró.
La tarde del miércoles 25 se había agendado un nuevo intento de instalación de la mesa de diálogo, esta vez en una de las salas del CEART, pero igual, se suspendió sin instalarse debido a la ausencia del gobernador del Estado.
Esa tarde, el secretario general de Gobierno endureció su discurso: “Vemos una cerrazón y un interés político detrás de todo esto. Obviamente hay temas que están en el pliego petitorio y que pueden resolverse, aquí están los titulares. Pero vemos ya un interés político más que ciudadano. Son intereses de buscar generar caos, ingobernabilidad. Nosotros seguimos manteniendo la decisión del dialogo, de llegar al acuerdo, pero vemos cerrazón, lamentablemente vemos participación de partidos políticos. Ya hay una ruta que no le abona a resolver los problemas que le preocupan a la gente…”.
Lo que reclama la ciudadanía
Las demandas del grupo ciudadano que mantiene bloqueadas en Mexicali las oficinas del Gobierno del Estado, del Congreso y de Recaudación de Rentas incluyen:
* Renuncia inmediata del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, juicio político y recuperación de bienes sustraídos.
* Revocación inmediata a diputados traidores al pueblo.
* Eliminación de los diputados plurinominales.
* Promover y apoyar un amparo ciudadano ante el Gobierno Federal para la eliminación del impuesto a la gasolina.
* Rechazo a la instalación de la cervecera Constellation Brands.
* Abrogación de la Ley de Asociaciones Publico Privadas.
* Pago inmediato de sueldo y prestaciones retenidas a empleados estatales.
* Reducción del sueldo del gobernador hasta un máximo de 25 salarios mínimos y alinear al resto de los funcionarios de primer nivel, así como la eliminación de beneficios especiales.
* Abrogación de la Ley Vehicular.
* No recorte a las medicinas para la atención a enfermedades crónicas.
Necesario abrir el dialogo: Rueda
Al mediodía del 23 de enero, en la explanada central del edificio del Gobierno del Estado en Mexicali, llegó el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, junto con la oficial mayor Loreto Quintero, el subsecretario Francisco Iribe y el titular del Jurídico, Víctor Lujano. Después de la abrupta salida de los manifestantes, Rueda declaró:
Domingo 22 en Mexicali
“Nuestra disposición al diálogo está manifiesta con nuestra presencia, estamos aquí para escucharlos, para establecer este diálogo que ellos han solicitado. Apenas hace unos minutos nos acaban de entregar el pliego de peticiones, por lo tanto estamos aquí para tener un acercamiento con ellos y mostrar toda la voluntad y disposición del Gobierno del Estado para dialogar y encontrar un punto de encuentro”.
El funcionario justificó la ausencia del gobernador por las tormentas que se han presentado en la entidad y su presencia en el Consejo Estatal de Protección Civil que se ha instalado de manera permanente.
Según Rueda, “el abrir el dialogo es muy importante”, comentando además que el pliego petitorio recién recibido “es muy diferente al que nos entregaron muy al principio”, aun así, insistió en la necesidad de sentarse a platicar.
Las demandas son muy sencillas: León
Uno de los participantes en el movimiento, el ingeniero León Fierro, considera: “Desde el principio han estado jugando con el abanico de posibilidades y midiendo fuerzas con el movimiento para ver qué tanto le ceden al pueblo”, en referencia a la actitud gubernamental.
Como ejemplo, recuerda que en el primer pliego, por error de los redactores no incluyeron la abrogación de la Ley de Agua, pese a que era uno delos temas principales, “aun así la eliminación de esta legislación fue uno de los primeros anuncios de ‘Kiko’ Vega. Hay que reconocer que aunque nosotros tengamos fallas de redacción, las demandas son muy sencillas. Cómo es posible que estos cuates, con todo el aparato no puedan reconocer que el pueblo está cansado de tanta fregadera”.
De acuerdo con Fierro, están en la mejor disposición de participar en las mesas, “pero lo que no queremos es que vayan a ser palabras al aire. Por eso la exigencia de que el gobernador se presente para tener esa certeza”, dijo el joven activista, añadiendo que desde el martes 24 de enero había reiniciado la búsqueda de comunicación con la parte oficial.
En cuanto a la demanda de renuncia para el mandatario estatal explica: “Es una exigencia del pueblo, para demostrar el gobierno que verdaderamente está cumpliendo, pues tendría que cumplir con todo lo demás”.
Y sobre una posible respuesta violenta: “Todos los días, desde que estábamos en La Rosita (planta PEMEX) nos han estado amenazando, como dicen, ya nos quitaron tanto que hasta el miedo nos han quitado. Digamos que está ahí siempre la alerta, pero ya no el pánico…”.
Refleja el hartazgo: Mena
“Este movimiento es algo inédito aquí en Mexicali y representa el hartazgo de la ciudadanía en contra de las medidas políticas y contra los políticos tradicionales y contra toda la corrupción que hay en el país y contra las decisiones irresponsables de los diputados y del Ejecutivo”, considera José Moreno Mena, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Aunque el aumento a la gasolina fue el detonante, opina que “atrás del gasolinazo hay una serie de deudas que tiene el Estado con la ciudadanía”, afortunadamente la gente pudo rescatar temas locales como el agua o el reemplacamiento, que golpean la economía de la población.
“Creo que es un movimiento muy legítimo, tan es así que el Estado ha tenido que responder de manera rápida a algunas de las demandas”, refiere el investigador social, además, dice, se tiene que aprovechar el momento coyuntural para ajustar cuentas con los políticos para que éstos sepan que ya no pueden tomar decisiones sin consultar al pueblo.
Moreno Mena plantea que se trata de un movimiento muy fresco, pero también muy político, y a la vez está en contra de la forma de hacer política de los partidos tradicionales, es un movimiento muy plural y con una juventud muy participativa.
“Para mi es algo alentador porque las nuevas generaciones, a pesar de lo que se diga, sí están preocupadas por lo que está sucediendo en este país. Ojala que los gobiernos, sean locales o nacionales, sean receptivos y entiendan, que sean sensibles y escuchen la voz de toda esta gente”, planteó.
En cuanto al estancamiento en las negociaciones, “estos gobiernos están acostumbrados a ser autoritarios, a no escuchar a la población, pensaron que con solucionar dos o tres demandas de las que se planteaban ya se soluciona el problema, y esto creo que va para más, representa un movimiento nacional muy fuerte”.
Para el investigador universitario es un error que -hasta el momento- el gobernador no se haya sentado a dialogar con los manifestantes y haya mandado a sus funcionarios que no tienen capacidad de tomar decisiones.
En cuanto al riesgo de que se intente un desalojo violento asume: “La forma tradicional de los gobiernos es dejar que el movimiento se prolongue y, cuando lo ve débil, tratar de reprimir, girar ordenes de aprehensión a los que considera líderes y amedrentar el movimiento. Creo que es una tentación muy fuerte que tiene el Estado”.
A la par, menciona que el movimiento ha despertado una enorme simpatía dentro de la población, por lo que acciones represivas podrían ser muy contraproducentes para el gobierno y llevar a situaciones violentas, a una radicalización. “Creo que el mejor paso es acercarse y dialogar”, remata.
Por su parte, el abogado y también académico universitario Arnoldo Castilla expuso:
“Hay una sociedad muy lastimada por la corrupción. Creo que hay un ánimo renovador en la sociedad bajacaliforniana, nunca se habían dado manifestaciones tan concurridas. Sería muy sana la presencia del gobernador ante una comisión de la sociedad civil para dar por terminado este conflicto que corre el peligro de irse agrandando, de que lleguen provocadores y las cosas de puedan hacer más graves”.
Menciona que la situación se ha complicado con el tema de la instalación de una cervecera en el Valle, “todos estos problemas requieren de escuchar a la sociedad”, considerando que no se ha contemplado la magnitud del problema, debido a que han sido muchos años de corruptelas y la gente quiere un “hasta aquí”.
Según Castilla, el gobernador podría negociar una legislación simplificada para el referéndum, el plebiscito, las denuncias públicas y sobre todo el establecimiento de la revocación de mandato.
“Percibo un deseo de cambio muy legítimo que requiere la atención de la autoridad y no esperar a que las cosas se sigan complicando. La violencia, la mano dura para el desalojo de los edificios del Gobierno del Estado es no recomendable, sería como echar gasolina al fuego”, concluyó.
