Juez de extinción de dominio adjudicó en definitiva bienes inmuebles de “El Teo” y “El Muletas” a favor del Gobierno Federal. También están actuando sobre propiedades del lugarteniente del Cártel Arellano Félix, Carlos Gamiño “El Karateca”. La PGR arma mejores demandas para apropiarse de casas, vehículos, joyas y dinero de narcos, pero la burocracia hace que pase mucho tiempo para que se materialicen las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad. De 2010 a la fecha se han seguido 94 juicios de extinción de dominio en el país. Van por bienes del hijo del capo Esparragoza, del “Comandante Tornado” del CJNG y César Villagrana “El Placa”. Siguen sin encontrar la supuesta fortuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán
Desde varias semanas hasta meses podrían pasar para que Miriam Ramírez Delgado, recluida en el penal de La Mesa, en Tijuana, relacionada con la célula criminal identificada como “La Barredora”, se entere de que ya perdió sus bienes. Ahora son propiedad del Gobierno Federal, tras agotarse el juicio de extinción de dominio en el que se probó que vehículos y dinero en cuentas bancarias eran instrumento del delito de delincuencia organizada.
Y es que el juez que falló procedente la acción de extinción de dominio no está obligado a notificar personalmente a la demandada, pues la Ley especializada en la materia establece que solo obliga notificar de esa forma el inicio del juicio y que las demás comunicaciones se verificarán mediante publicación por lista.
Lo mismo ocurrió a los narcotraficantes Teodoro García Simental “El Teo”, a quien le quitaron una casa en La Paz, Baja California, y Raydel Rosalío López Uriarte “El Muletas”, desposeído de dos casas en Tijuana y una en Rosarito, cuando finalmente fueron vencidos en juicio por la Federación, y los bienes inmuebles que estuvieron en su dominio, pasaron a la esfera gubernamental, sin contraprestación ni compensación alguna para ellos o quien legalmente represente sus intereses, porque de acuerdo a las autoridades, se demostró fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita.
La Federación también inició un procedimiento de extinción de dominio en contra de otro criminal de Baja California, Carlos Gamiño González “El Karateca”, detenido en febrero de 2016 cuando hacía las funciones de lugarteniente del Cártel Arellano Félix (CAF); fue sentenciado a 11 años de prisión en septiembre del mismo año y el gobierno busca la propiedad de un lote de joyas que encontraron en su posesión.
Desde la creación de la figura de la extinción de dominio en México, en 2009, e iniciado el primer juicio en 2010, suman 94 las acciones ejercitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Casa de Teodoro Garcia Simental, en La Paz, Baja California Sur
Luego de un inicio titubeante, con algunos reveces para el órgano procurador de justicia, el panorama se ha aclarado y ahora la mayoría de los asuntos son ganados por el Estado, con casos de éxito como la adjudicación de la finca donde en 2009 fue abatido el narcotraficante Marcos Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” en Morelos, o la residencia del extinto capo Ignacio “Nacho” Coronel Villareal, donde también encontró la muerte a manos del Ejército, en Zapopan, en julio de 2010.
En su último informe de labores (cuarto del sexenio), la PGR refirió que “en materia de extinción de dominio, se presentaron ante el juez especializado 16 demandas correspondientes a cuatro inmuebles, dos vehículos, seis numerarios en moneda nacional, cuatro numerarios en dólares americanos y diversas joyas; de igual manera, se obtuvieron seis sentencias favorables respecto de un inmueble, dos numerarios en moneda nacional y cuatro numerarios en dólares americanos, con un monto total de 10 millones 760 mil 200 pesos, y 3 millones 385 mil 580 dólares americanos”. El periodo que abarca el informe abarca del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016.
Durante el año que está por terminar se duplicó el número de acciones contra los bienes de narcos y secuestradores, al pasar de 11 asuntos en 2015 a 21 en el presente; sin embargo, a casi tres años de la primera recaptura y un año de la más reciente caída del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades siguen sin localizar su supuesta fortuna y no se ha iniciado trámite alguno para desposeerlo de sus propiedades.
El último “golpe”
El jueves 15 de diciembre de 2016, la autoridad federal obtuvo sentencia favorable del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México (único especializado en el país para conocer de todos los asuntos relacionados con la Ley Federal de Extinción de Dominio), en contra de integrantes y prestanombres del Cártel “La Barredora” que opera en Acapulco, Guerrero.
Los sancionados son Víctor Manuel Rivera Galeana “El Gordo”, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, y su pareja sentimental, Miriam Ramírez Delgado, internada en el CERESO La Mesa en Tijuana. También fueron demandadas Margarita Delgado Olea y Paola Huerta Galeana.
Tras un juicio de ocho meses y medio, el juez encontró elementos de prueba de que los hechos ilícitos imputados a los demandados existieron, aun cuando a la fecha no haya sentencia que determine su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta.
La resolución, que es apelable, señala que 2 millones 960 mil 491 pesos que había en ocho cuentas bancarias, tres de ellas a nombre de Miriam Ramírez, así como un automóvil Mini Cooper 2012, con valor comercial de 396 mil 300 pesos y una camioneta Toyota Sienna XLE Limited 2012, con valor de 647 mil pesos, también propiedad de Miriam, son el producto de los delitos cometidos por la organización criminal.
“La Barredora” surgió del seno del Cártel de los Beltrán Leyva a principios de la década. El grupo delincuencial formaba parte del llamado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) que había asumido el control del narcotráfico, levantones, secuestros y extorsiones en el puerto guerrerense, pero luego se escindió para generar una ola de violencia que a la fecha prevalece en esa región del país.
“El Gordo”, fundador de “La Barredora” y Miriam, la mujer con la que tuvo cuatro hijos, fueron detenidos por agentes federales en un hotel del Estado de México a principios de noviembre de 2011. A la pareja le aseguraron un fusil de asalto, un cargador, un arma corta, un cargador para arma corta, una granada de fragmentación, 600 gramos de cocaína en piedra y equipo de comunicación.
La casa del “Teo”
El 1 de agosto de 2012, el Ministerio Público federal ejercitó la acción de extinción de dominio ante el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en contra de Diego García Simental, conocido como Eduardo y/o Teodoro García Simental “El Teo”. También fueron demandados los empresarios Arturo Trinidad Castro Hernández y Andrés Pelagio Vega.
El fiscal reclamó la adjudicación de la residencia en la que fue capturado “El Teo” en enero de 2010 y la cantidad de 400 mil pesos asegurados durante el mismo operativo. El inmueble se localiza en la calle Pez Vela número 710, también identificado como el lote 24, manzana 101-013-113, en la colonia FidePaz, municipio La Paz, Baja California Sur.
Desde el penal de máxima seguridad “Altiplano”, García Simental contestó mediante un escrito presentado en el Juzgado el 3 de septiembre de 2012. “El Teo” argumentó que era una falacia que fuera el dueño del suntuoso inmueble, consistente en casa y terreno. Dijo no tener derecho de propiedad que se le atribuía, pues solo disfrutaba de la posesión por arrendamiento de la finca. Sobre el dinero asegurado aceptó que era suyo, pero que tenía procedencia lícita producto de la actividad comercial de compraventa de carros a la que se dedicaba. Sus codemandados, los empresarios, no contestaron la demanda.
Casa de Raydel Lopez Uriarte en Rosarito, Baja California
Los argumentos del que fuera calificado como uno de los más sanguinarios jefes de sicarios y células del CAF de nada sirvieron. En sentencia dictada el 12 de agosto de 2013 se declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el dinero, así como del inmueble materia del juicio. “Se declara judicialmente la extinción de dominio a favor del Gobierno Federal”, se lee en la resolución.
Para el juez Alfonso Javier Flores Padilla, las pruebas aportadas por el Ministerio Público federal, básicamente las imputaciones en diversas causas penales, demostraron que el dinero y el bien inmueble “son producto del delito de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud”, situación que no pudieron controvertir legalmente los demandados.
El razonamiento del juzgador se robusteció con el hecho de que el supuesto dueño de la residencia con alberca la adquirió en 2 millones de pesos, cuando un avalúo realizado 20 días después por peritos oficiales de la PGR determinó que el valor comercial del bien raíz era de 8 millones 771 mil pesos. García Simental tampoco acreditó con probanza alguna que compraba y vendía vehículos.
El día 21 del mismo mes fue interpuesto el recurso de apelación, correspondiéndole conocer del asunto en segunda instancia al Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que el 22 de noviembre de 2013 confirmó el fallo en favor de la PGR.
Fue hasta octubre de 2015 que el director general y el subdirector jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, informaron al juez que se realizaron las anotaciones marginales en libros y escritura, con la finalidad que el inmueble objeto del juicio quedara a favor del Gobierno Federal, de acuerdo con la sentencia dictada.
Los depas del “Muletas”
El 2 de septiembre de 2013, la PGR ejercitó la acción de extinción de dominio en contra del también ex jefe de células del CAF, Raydel López Uriarte y/o Raydé Rosalío López Uriarte “El Muletas”. Fueron codemandados David Alejandro Rangel Casas, Manuel Torres Solís, y Antonia Samaduroff Pabloff, señalados de ser testaferros del detenido el 3 de febrero de 2010.
A los mencionados se les vinculó criminalmente con los inmuebles, principalmente departamentos, en las siguientes ubicaciones:
* Avenida Río Mississippi número 61, sección 6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa; también identificado como lote 61, manzana 49, colonia Zona Río Tijuana en Tijuana, Baja California.
* Calle 7 número 47, lote 1, manzana 32, Zona Urbana ex Ejido Matamoros en Tijuana, Baja California.
* Calle Misión San Miguel sin número y/o Circuito Misión San Juan, lotes 46 y 47, manzana 132 y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, manzana 132, lotes 46 y 47, fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, Baja California.
Los demandados fueron emplazados. En ese entonces, López Uriarte estaba recluido en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. Los demás, libres. No dieron contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que se les tuvo como rebeldes en el juicio y se dio por precluido su derecho a responder.
El 6 de noviembre de 2014 el juez dictó la procedencia para que el gobierno se quede con los bienes inmuebles. El impartidor de justicia asentó que la acción de extinción de dominio es un límite al régimen del derecho de propiedad protegido constitucionalmente y a través del cual solo se reputa legítima la propiedad, fruto de un medio de adquisición previsto por la Ley y del trabajo honesto.
En este caso, el Ministerio Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito, que se vincula con los inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados, que les correspondía desvirtuar esa ilegitimidad, no aportaron los elementos probatorios eficaces para ello.
Los demandados David Alejandro Rangel Casas y Antonia Samaduroff Pabloff interpusieron el recurso de apelación el 18 de noviembre de 2014, pero el 27 de enero siguiente, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia.
La burocracia que existe en el Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SAE), las oficinas de Catastro, el Registro Público y la propia PGR hicieron posible que apenas en junio de 2016 quedara anotada la inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, mientras que en Playas de Rosarito dicha anotación absoluta se efectuó a mediados de noviembre próximo pasado, decretándose así la adjudicación de los bienes en favor del Gobierno Federal.
Casos más recientes
Durante 2016, la SEIDO ejerció 21 acciones de extinción de dominio ante el Juzgado especializado, incluyendo bienes de capos de los cárteles de Sinaloa, “Los Viagras”, CJNG y de Juárez, entre los más conocidos, por la presunción de que fueron instrumento de delitos.
La primera y segunda acciones del año fueron enfocadas en contra de César Villagrana Salazar, que se cambia el nombre por el de José Joaquín Ruelas Castro “El Placa”, ex jefe de plaza en Santa Ana, Sonora, para el Cártel de Sinaloa. El hombre detenido en noviembre de 2011 actualmente está recluido en el CEFERESO 13 CPS Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En un primer juicio, la autoridad federal busca desapropiarlo de tres alhajas en material de oro blanco con incrustaciones de diamantes que en su conjunto tienen un valor comercial de 100 mil 816 pesos. La segunda demanda señala como objetivo el Motel San Ángel y/o Don Ángel, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, en la colonia del Río en Santa Ana, Sonora. El inmueble tiene un valor comercial de 3 millones 26 mil pesos. En ambos casos no se ha dictado sentencia.
Marcos Arturo Beltran Leyva, “El Barbas”
El 16 de junio inició un procedimiento contra Carlos Gamiño González, que se cambia el nombre por el de Édgar Navarro Aguilar “El Karateca” y/o “El Cinta Negra” y/o “El Zapata”, miembro del CAF. Su codemandado es Alan Fernando Gamiño Moreno. La Federación quiere en el fideicomiso al que van los fondos decomisados a los narcos, joyas valuadas en 255 mil 665 pesos. Se trata de un anillo de oro de 14 kilates, una esclava del mismo metal y kilataje con peso de 7.4 gramos, un collar, un reloj Rolex Ayster y un reloj Rolex Submariner.
Otro personaje al que la PGR ejercitó juicio de extinción de dominio fue a Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, ex líder del Cártel de Juárez, a quien el 28 de noviembre reciente le fue dictada resolución desfavorable. El juez especializado declaró procedente la acción del Gobierno Federal para quedarse con 125 mil pesos y 20 mil 376 dólares, por considerar que dichas cantidades son producto de las actividades contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de marihuana con fines de comercio.
El 29 de noviembre próximo pasado se presentó una demanda en contra de los bienes de Juan José Esparragoza Jiménez “El Cora”, hijo del legendario narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, líder del Cártel de Sinaloa. Y el 12 de diciembre último, se inició juicio similar en contra de César Iván Cazarín Molina y/o Víctor Hugo Delgado Rentería “El Comandante Tornado”, del CJNG, al que PGR le disputa dos residencias en Zapopan, Jalisco: una con valor comercial de 2 millones 390 mil pesos y otra de 2 millones 619 mil pesos.
Otros demandados son Adrián Reyes Cadena “El Tigre”, del grupo criminal “Los Viagra”; Édgar Abraham García Moreno “El Pariente”, del Cártel de “La Laguna”; Juan Carlos Hernández de Castro, del Cártel Beltrán Leyva; José Antonio López Pérez “El Chaka” y/o “El Capi”, de “Los Zetas”; e Isaac Harari Cassab, entre otros.
En todos los casos, se da oportunidad a los demandados de defenderse adecuada y oportunamente, siguiéndose las formalidades esenciales del procedimiento con la llamada “garantía de audiencia” establecida en el Artículo 14 constitucional. De esa forma se tiene que cumplir con siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar y; 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Los crímenes de 2016: 897 asesinatos; incrementaron 46.5%
En comparación con 2015, los homicidios en 2016 incrementaron un 46.5 por ciento, siendo diciembre el mes más violento del año que termina. En Tijuana, 897 personas han sido asesinadas violentamente, 99 solo del 1 al 27 de diciembre de 2016. Las zonas más peligrosas de la ciudad durante el año han sido las delegaciones Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos, Zona Norte y Subdelegación Los Pinos.
Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), señaló que más del 90% de los homicidios cometidos en 2016 se relacionan con narcomenudeo.
Explicó que de los 897 asesinatos del año, entre el 30 y 33% hay un proceso ante el Juzgado. Del resto, dijo, existe un avance, “en algunos casos están identificados los presuntos responsables, se cuenta con confesiones, pruebas testimoniales, sin embargo, no se han llegado a las detenciones”.
La causa de que la estadística haya aumentado en 2016, agrega Guerrero, es la pugna entre los cárteles por la venta de droga, así como el arribo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su fusión con el Cártel Tijuana Nueva Generación en contra del Cártel de Sinaloa.
Entre los hechos delictivos más violentos en 2016 destacan: crímenes de mujeres, niños, balaceras, multihomicidios, cuerpos desmembrados, calcinados y colgados.
El asesinato de “Chayito”. El viernes 29 de abril fue asesinada Eneyda Rosario Ramos Noriega, estudiante de Medicina. La joven fue encontrada en el piso de un sótano con una bolsa negra en la cabeza. Su rostro estaba ensangrentado y huellas de golpes. Vanessa Garza, estudiante de Derecho y una de los dos presuntos responsables de asesinar a la joven, confesó que su novio Alejandro Castellanos mató a Ramos Noriega porque “no superó que lo dejó por un amigo”. Los dos fueron detenidos.
El crimen de un policía honesto. El sábado 28 de mayo, el cuerpo del policía comercial Saúl Mateo Calderón quedó tendido sin vida frente a su casa en la colonia 3 de octubre. Aún portaba su uniforme. Había terminado su turno y apenas regresaba a su casa a descansar, cuando sus asesinos le dispararon de frente, en el pecho y en el estómago. Mateo Calderón había librado un enfrentamiento con los vendedores de droga al menudeo de la zona, que se ponían cerca de su casa a ofertar sus enervantes.
Homicidio de preparatoriano. Omar Gutiérrez Mireles, de 17 años de edad, era estudiante del tercer semestre del Colegio de Bachilleres (COBACH) Plantel Nueva Tijuana. Fue asesinado por un sujeto la noche del jueves 10 de noviembre al salir de la escuela. Al parecer se trató de un robo.
Víctimas de la barbarie. Gabriela, de 17 años de edad, fue asesinada y su cuerpo abandonado en la colonia El Chicote de la delegación Sánchez Taboada, el viernes 16 de septiembre. Un día antes, el 15 fue ultimada Cynthia Patricia Calderón Verduzco, sorprendida por su asesino mientras dormía en su casa, dentro del fraccionamiento Villa del Campo de la delegación La Presa. Mientras que Desteny Memory Hernández, originaria de San Diego, California, de 18 años de edad, se encontró muerta por impactos de bala en la cara y el cuerpo en unos campos de beisbol sobre la Vía Rápida Poniente el jueves 8 de septiembre, tras ser reportada como desaparecida.
Usiel y Kimberly. Una vida de golpes, maltrato y omisión de cuidados antecedió a la violenta muerte de Kimberly y Usiel. A los agravios sufridos por Kimberly, de solo un año cuatro meses de edad, se sumó la violación. Usiel falleció por traumatismo craneoencefálico, encontrándose su cuerpo dentro de una bolsa de plástico a la orilla del Bulevar 2000, la noche del martes 12 de julio. Kimberly murió por desnucamiento el lunes 11 de julio.
Aidé y sus hijas. De acuerdo a la PGJE, el crimen de Aidé Fierro Castro y sus dos hijas menores de edad, fue en venganza por un adeudo de droga por parte de la pareja sentimental de la líder priista en la colonia El Niño. De los cuatro presuntos implicados en el homicidio ocurrido el 16 de diciembre, tres ya fueron aprehendidos e internos en el Centro de Reinserción Social de La Mesa. La audiencia de vinculación a proceso tendrá lugar hoy miércoles 28 de diciembre.
