Magistrados de un Tribunal Colegiado resolvieron confirmar la negativa de ampararle contra las extradiciones a Texas y California. El ex líder del Cártel de Sinaloa deja diez procesos penales sin sentencia en México. El capo reclamaba hostigamiento sexual de un custodio en el CEFERESO de Ciudad Juárez y la prohibición a sus hijas para visitarlo
Unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la solicitud para conocer de la impugnación de dos amparos denegados a Joaquín “El Chapo” Guzmán hace tres meses, y unas horas antes de que Donald Trump asumiera la Presidencia de los Estados Unidos de América, el gobierno mexicano entregó al narcotraficante para que sea juzgado en ese país.
Al reasumir la competencia -no aceptada por el máximo órgano de justicia del país-, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió confirmar la negativa de amparar y proteger a Guzmán Loera en contra de los acuerdos del 20 de mayo de 2016, que concedieron su extradición a las Cortes de Distrito de Texas y California.
Al enterarse de que la SCJN no ejerció la facultad de atracción de los dos recursos de revisión, los magistrados del Colegiado sesionaron la mañana del jueves 19 de enero de 2017 y emitieron el fallo que dio luz verde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para materializar la entrega del ex líder del Cártel de Sinaloa para ser procesado en la Unión Americana por diversos delitos.
Apenas días antes, el defensor del “Chapo” manifestaba su optimismo a través de redes sociales en que si la Corte mexicana atraía el asunto “paralizaría” la extradición por lo menos durante los siguientes seis meses. El abogado José Refugio Rodríguez consiguió pequeños “triunfos” jurídicos en otros juicios de garantías, que parecían darle un respiro al sinaloense.
Sin embargo, el miércoles 18 de enero último, los ministros adscritos de la Primera Sala determinaron -en sesión privada- “no hacer suya” la petición de la defensa para atraer los medios de impugnación interpuestos por el equipo legal de Joaquín Archivaldo y las esperanzas de prolongar el caso se esfumaron, al grado de que Rodríguez tuvo que trasladarse a Ciudad Juárez para intentar ver a su cliente la misma mañana en que se consumó la extradición.
De acuerdo con los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, que ya tenían el proyecto de sentencia elaborado desde diciembre de 2016, el Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la misma capital, tuvo razón al negar la protección al capo.
En el caso del recurso de revisión por la extradición a California se asentó: “Al resultar infundados los agravios esgrimidos por el recurrente principal, y no existir aspecto que deba suplirse a su favor, pues la resolución reclamada cumple con los requisitos que establece el tratado de extradición, así como innecesario el estudio del que hicieron valer el secretario de gobernación por conducto del director general de procedimientos constitucionales y secretaria de relaciones exteriores, por conducto del representante jurídico, en las revisiones adhesivas, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida”.
En la revisión del amparo negado para la extradición a Texas, se resolvió: “Al resultar uno de los agravios esgrimidos parcialmente fundado, pero ineficaz para conceder la protección constitucional solicitada e infundados los restantes esgrimidos por el recurrente principal, y no existir aspecto que deba suplirse a su favor lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida, por ende, sobreseer en el juicio respecto de las autoridades citadas en esta ejecutoria, negar la protección constitucional al quejoso, y finalmente, declarar sin materia los recursos de revisión adhesiva hechos valer”.
Las autoridades norteamericanas enjuiciarán a Guzmán Loera por su presunta autoría en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros cargos, los cuales datan desde la década de los noventa.
Últimas del “Chapo” en Juárez
La noticia del desechamiento de sus recursos en la SCJN, no cayó bien a Joaquín Guzmán Loera desde un día anterior, quien fue notificado al respecto en el área de locutorios del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde desde mayo del año pasado había reclamado violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales y a través de su abogada, Silvia Rocío Delgado, las ha elevado ante instancias judiciales.
En la más reciente de las quejas del “Chapo”, su defensora señaló que sufría de hostigamiento sexual por parte del personal de seguridad y custodia. Más concretamente, afirmó la profesionista, se trataba de un elemento de custodia quien tocaba y acosaba a su defendido al momento de practicarle las revisiones rutinarias durante los traslados a las diversas áreas. Como un “masaje incómodo” definía Guzmán los cacheos, asegura la defensora, aunque no se presentó denuncia formal al respecto.
Antes, el sinaloense presentó demandas de amparo en contra del frío extremo de la celda en la que lo mantuvieron durante los últimos ocho meses, malos tratos, tortura psicológica, falta de planes para su tratamiento de reinserción social, la afectación a sus menores hijas al prohibirles visitarlo y su traslado del penal federal de Altiplano, entre otras cuestiones.
Con respecto al juicio de garantías en el que se quejó de “la violación al derecho humano a la salud y el pretender privar de la vida al mantenerlo en su celda con frío extremo y sin cobija, a pesar de múltiples requerimientos de la misma”, el asunto causó sobreseimiento el miércoles 18 de enero, pues el reo no pudo probar su dicho ante el Juez Sexto de Distrito de Chihuahua, y en el caso de una cobija extra, ésta le fue entregada horas después de promover el amparo.
Por lo que ve a la protección de la justicia solicitada el 22 de octubre de 2016 al Juzgado Quinto de Distrito de Chihuahua por los actos de “incomunicación, malos tratos y falta de planes de reinserción social”, el juicio sigue adelante, ya que “El Chapo” Guzmán señaló a múltiples autoridades como responsables.
El capo sumó diversos reclamos a esta demanda, señalándose “la negativa de autorizar y permitir al quejoso recibir visita familiar o íntima en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 9; así como la omisión de diseñarle un plan de actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades del agraviado, a fin de salvaguardar su integridad, salud, actividades deportivas, laborales, educativas, culturales, de protección a la salud y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización del centro de reclusión”.
Así, Guzmán Loera señaló como autoridades responsables por no permitir la visita de sus hijas gemelas, además del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el director general del CEFERESO 9, a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por no permitirle hacer ejercicio y no proporcionarle un plan adecuado de reinserción, “El Chapo” señaló como funcionarios responsables, además de las autoridades penitenciarias, a los secretarios de Gobernación, Educación Pública, Desarrollo Social, de Economía, Cultura, Salud y del Trabajo y Previsión Social, entre otros.
Por otra parte, el recurso de revisión interpuesto por autoridades federales en contra del amparo que el recluso ganó para ser devuelto al CEFERESO Número 1 Altiplano, apenas fue radicado a finales de diciembre en el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, pero ya no será necesaria su confirmación.
Gana pequeñas “batallas”
Al iniciar el nuevo año, todo eran buenas noticias para el ex líder del Cártel de Sinaloa, al obtener sentencias de amparo, que aunque no resolvían el fondo de sus procesos penales, sí le daban un respiro, que ahora se sabe fue solo un espejismo de que lograría la hazaña de vencer la mayoría de sus procesos como lo hizo en su primera etapa en prisión, o tendría tiempo para planear una tercera fuga.
La primera novedad para “El Chapo” fue que uno de sus expedientes de mayor antigüedad, la causa penal por su primera fuga de las prisiones de máxima seguridad, hace 16 años, exactamente el día de su extradición, será remitido a la SCJN para que se realice un estudio sobre la figura del arraigo aplicada en 2001, cuando no estaba incorporada a la Constitución mexicana.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa de amparo al capo en contra del auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y delincuencia organizada, pero dejó a salvo la jurisdicción al máximo tribunal de justicia del país para el análisis de la presunta inconstitucionalidad planteada.
Los señalamientos que pesan en contra de Guzmán tras su fuga del CEFERESO Número 2 Occidente, el 19 de enero de 2001, fueron obtenidos por el Ministerio Público Federal de las declaraciones de más de 80 personas que fueron arraigadas en la Ciudad de México. De ahí se desprendió la versión de que el procesado corrompió al personal de la prisión y había ejercido un autogobierno penitenciario.
Al interponer el amparo en contra de la causa penal iniciada en contra de Guzmán Loera, los abogados alegaron que “el arraigo no era una forma de privación de libertad prevista en la Constitución” en aquella época y debió inaplicarse el Artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) que establece dicha medida cautelar.
Tras ser negado el amparo, la defensa impugnó el fallo y en sus agravios refirió que el magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito no realizó un “ejercicio de convencionalidad ex officio mediante una interpretación entre el referido artículo de la LFDO, con el Artículo 16 Constitucional y los numerales 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.
El control de convencionalidad ex officio es un deber internacional y constitucional de todos los jueces y autoridades mexicanas de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar a un caso concreto y el bloque de derechos humanos, buscando una interpretación conforme, o, en caso extremo, desaplicarla de la resolución correspondiente.
Sin embargo, al resolver el recurso de revisión, el Quinto Tribunal Colegiado Penal estima que sobre el tema no existe jurisprudencia definida ni tres precedentes en el mismo sentido, por lo que al tratarse de un asunto que reviste interés excepcional -inédito-, “se requiere fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, que en todo caso, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede decidir”.
La otra “buena nueva” para “El Chapo” se conoció el 16 de enero último, cuando el Segundo Tribunal Unitario en el Estado de Sinaloa, le concedió un amparo para anular el auto de formal prisión que le fue dictado por los delitos derivados de su detención en Mazatlán y se reponga el procedimiento por tercera ocasión.
La primera vez que Joaquín obtuvo un amparo para reponer la causa 10/2014 del Juzgado Décimo de Distrito en Mazatlán fue para que se ordenara un análisis de la legalidad del allanamiento de la suite 401 del Condominio Miramar, donde se encontraba la madrugada del 22 de febrero de 2014. Después, se repuso el procedimiento por la falta de ratificación de los peritajes de balística de las armas aseguradas. Y ahora, la pifia a corregir es “determinar el grado de participación” del procesado en los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército por los que se le señala.
De esa forma se ordenó que el auto de formal prisión dictado en primera instancia, y confirmado en apelación, quede insubsistente y en su lugar se dicte otra resolución, que probablemente será en el mismo sentido, pero realizando el estudio ordenado por el tribunal amparista.
Los diez procesos pendientes
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera enfrentaba en México diez causas penales, que quedaron sin sentencia debido a su extradición. Desde por los delitos de cohecho, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, hasta por delincuencia organizada o aterrizaje clandestino de aeronaves, éstos son los expedientes que esperarían al “Chapo” si algún día volviera a suelo nacional:
* Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales en el Estado de México. Causa Penal 84/2010.
* Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México. Causa Penal 50/2009.
* Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Causa Penal 135/2001-II.
* Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Causa Penal 206/2010-IV.
* Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Causa Penal 364/2012.
* Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal 50/2011-I.
* Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Causa Penal 16/2001-V.
* Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. Causa Penal 10/2014.
* Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal 175/2011-V.
* Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz. Causa Penal 29/2014.
Capturas, fugas y deportación
10 de junio de 1993
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es capturado en
Guatemala. La Procuraduría General de la República (PGR) informa que militares de ese país lo entregaron a autoridades mexicanas, después de trasladarlo amarrado y en la caja de una camioneta.
22 de noviembre de 1995
Trasladan al narcotraficante del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al de Puente Grande, Jalisco. Lo sentencian a dos décadas de cárcel.
19 de enero de 2001
“El Chapo” se fuga del penal de Puente Grande, escondido en un carrito de lavandería. Faltaban 12 años para completar su sentencia; el ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, tenía 50 días en el cargo.
12, 13 y 14 de febrero de 2014
La PGR, la Secretaría de Marina y elementos de la Policía Federal detienen a Daniel Fernández Domínguez “El Pelacas” en Aguascalientes, así como a Enrique Sandoval Romero “El 19”, Apolonio Sandoval Romero “El 30” y Jesús Peña González “El 20”. Al primero se le incautaron armas, automóviles y una veintena de teléfonos celulares que serían vitales en la búsqueda de Guzmán Loera. Los otros tres eran vigilantes de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa junto a “El Chapo”.
17 y 21 de febrero de 2014
Sintiéndose perseguido por la autoridad, “El Chapo” hace una llamada de auxilio desde un número registrado en uno de los dispositivos decomisados a “El Pelacas”, lo que sería vital para ubicarlo físicamente.
22 de febrero de 2014
La Marina reaprehende a Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa. Veinte minutos antes de las siete de la mañana ingresaron a la habitación 401 de los condominios Miramar, a pocos metros de la playa. Al momento de su detención, el criminal descansaba junto a sus hijas, esposa y colaboradores. A las tres de la tarde es ingresado al penal de máxima seguridad Altiplano. Habían pasado 13 años, un mes y tres días desde su primer escape.
25 de febrero de 2014
Se le dicta auto de formal prisión en el Juzgado Tercero de Distrito por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se confirma su identidad ante la incredulidad de la sociedad mexicana. El ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, señala que la extradición solicitada por las autoridades de Estados Unidos no se dará pronto.
11 de julio de 2015
Joaquín Guzmán escapa de nuevo, esta vez del penal Altiplano. Pocos minutos antes de las nueve de la noche, “El Chapo” ingresa por un agujero bajo la regadera de la celda 20 del pasillo 2, posteriormente se traslada a través de un túnel que lo aleja de prisión.
12 de julio de 2015
Los primeros minutos de ese día, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó de la fuga del “Chapo”, la cual fue confirmada después por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en un mensaje de cinco minutos, se refiere al acontecimiento como un “hecho muy lamentable” y como “una afrenta al Estado mexicano”.
29 de julio de 2015
Se recibe una solicitud de extradición de un tribunal en California, Estados Unidos, en contra del capo.
3 de septiembre de 2015
La PGR acoge la petición de extraditar a Guzmán por parte de la Corte de Texas, Estados Unidos.
2 de octubre de 2015
El actor y director de cine estadounidense Sean Penn, apoyado por la actriz mexicana Kate del Castillo, se entrevistan con Guzmán Loera en un rancho en las montañas de Tamazula, en la sierra de Durango. Entre octubre y noviembre tiene varias conversaciones que suman siete horas y un video. La información obtenida se dio a conocer de manera parcial el sábado 9 de enero de 2016 en la revista norteamericana Rolling Stone.
16 de octubre de 2015
La persecución de la PGR y Marina contra Joaquín Guzmán se intensifica. Mientras huía de un operativo del Gobierno Federal en Cosalá, al Sur de Sinaloa, el criminal resulta herido en la cara y en una pierna, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad.
8 de enero de 2016
Se registra una balacera en una vivienda del fraccionamiento Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa. Mueren cinco presuntos delincuentes y otros seis son detenidos. “El Chapo” escapa del domicilio a través del drenaje junto a Iván Gastélum “El Cholo”, uno de sus principales colaboradores. Cubiertos de desperdicios, roban un vehículo y se trasladan al motel Doux, al Norte de la ciudad. Ahí son detenidos y esposados por elementos del Ejército; es trasladado a la Ciudad de México poco después de la 1:30 pm.
19 de enero de 2017
A un año y once días de su más reciente captura, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es extraditado a Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México le negó el amparo, lo que derivó en su entrega a las autoridades norteamericanas. Fue trasladado desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Nueva York, Estados Unidos. El hecho se da en el último día de Barack Obama como Presidente de la Unión Americana y a pocas horas de la toma de protesta de Donald Trump.
