En veinte días, la Ley del Agua se aprobó con el voto de trece diputados panistas y dos aliados. Causó polémica, despertó el hartazgo social, enardeció las manifestaciones y fue abrogada. Incluía aumentos a las tarifas de agua, la centralización de la dirección y el manejo operativo, la privatización para la prestación del servicio, entre otras medidas. Francisco Vega, el gobernador, reculó ante el grito de “¡Fuera Kiko!” que le prodigó la sociedad bajacaliforniana
La Ley del Agua nació moribunda, escondida, en mal lugar y en mal momento, y murió veinte días después, enterrada por el repudio popular de miles de bajacalifornianos que como nunca, salieron a la calle en abierto rechazo a esa y otras acciones gubernamentales como el gasolinazo, el alza de impuestos y el reemplacamiento, entre tantos otros aumentos.
La primera semana de diciembre de 2016, cuando comparecieron los titulares de las Comisiones de Agua en la entidad, trascendió que buscaban aumentos a la tarifa, que iban entre un 20 y 36 por ciento, pero el tema de una nueva Ley del Agua parecía sofocado.
En ese inter empezó a trascender la dimensión de la iniciativa para una nueva Ley que implicaba la reorganización de los organismos -para crear dos cabezas, uno en Zona Costa y otro en Mexicali-, el precio de las tarifas liberado de subsidios y dejado a ajustes mensuales, la inclusión del sector privado en otorgar el servicio de agua, la facultad otorgada al gobernador para influir en una serie de decisiones y la incertidumbre en cuanto al futuro laboral de los empleados de las paraestatales.
Las quejas contra la caracterizada como “privatización” y el aumento mensual a las tarifas fueron los principales detonantes, aparte del tema laboral, para el estallido social.
Además, la forma en que fue aprobada despertó las sospechas y el encono popular, votada de madrugada, en la última sesión anual del Congreso, con una sala de sesiones retacada de trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) que abiertamente mostraron su rechazo -hasta botellas de agua y monedas arrojaron a los diputados-, por lo que abandonaron la sala y buscaron un espacio alterno, a la par que decenas de porros -al parecer adictos de centros de rehabilitación- bloquearon las escaleras de acceso al tercer piso.
En ese contexto, cerca de las cuatro de la madrugada del martes 20 de diciembre fue aprobada la iniciativa de Ley del Agua turnada por el Ejecutivo con 15 votos a favor, 13 de los legisladores panistas a los que se sumaron el de la diputada perredista Rocío López y el legislador de Movimiento Ciudadano, Job Montoya. Los otros diez diputados, entre el PRI, PBC, PES y MORENA, votaron en contra.
El resto fueron los bloqueos a PEMEX en Rosarito y Mexicali, igual en Recaudación de Rentas, Congreso y Palacio Municipal en Mexicali. A esto se sumaron las megamarchas en todo Baja California y el anuncio del gobernador de que se mandaría la iniciativa para abrogar la Ley del Agua. Apenas una semana antes el propio Francisco Vega de Lamadrid había designado a los dos titulares del Organismo Metropolitano en Tijuana y Mexicali, Ricardo Magaña y Rafael Morgan, este último fungía como secretario particular del Ejecutivo.
Qué significa
La iniciativa de Ley la trabajaron abogados del área jurídica del Gobierno del Estado desde agosto pasado, tenían la idea de terminarla en octubre, pero se retrasaron dos meses y la entregaron hasta finales de noviembre. De hecho a la par de la iniciativa se elaboró una especie de cronograma para su funcionamiento, que incluía el nombramiento de un director interino para Zona Costa en enero de 2017, la integración de los consejos de administración en marzo, la creación de un programa de integración de los otro organismos de Zona Costa en junio y hacía falta el elaborar un reglamento de nueva Ley, programado para concluirlo el 6 de mayo de 2017.
En recaudacion de rentas
De acuerdo a cercanos al tema, eso implicó que en estos apenas veinte días de “vida” de la Ley, no se realizaron ni licitaciones, ni adjudicaciones ni contratos, lo único real es que se nombró a dos titulares -Magaña y Morgan-, designaciones que con la abrogación quedarían sin efecto.
Según la versión profusamente distribuida desde el Gobierno del Estado, la Ley incluía:
* La creación de un Sistema Estatal del Agua para optimizar su control y evaluación, así como la coordinación entre las autoridades.
* La monopolización del servicio que implicaba la desaparición de las comisiones estatales y la creación de dos organismos, uno para la Zona Costa y el otro para Mexicali.
* Las tarifas se determinarían con base al costo para la prestación de los servicios, con actualización anual y apegada al valor real
* La participación del sector privado para prestar los servicios públicos, la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y los proyectos relacionados con el servicio a través de concesiones y contratos.
* El corte del servicio se planteaba por incumplimiento de pago a los 90 días.
“La principal motivación de este cambio legal es solucionar de fondo los problemas existentes en la entidad tales como la declaratoria de sequía extrema desde 2014 decretada por CONAGUA, el desabasto y la racionalización del suministro de agua en Ensenada, y el garantizar el suministro de agua en todos los municipios del Estado”.
En esa misma Ley se incluía una larga lista de atribuciones del gobernador, como dictar la política hídrica estatal, reglamentar el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal, fijar las reservas, establecer vedas de control, entre otros. En el caso de los consejos de administración de los organismos operadores, sería el gobernador quien encabezará ese organismo y quien nombrase al representante ciudadano – a propuesta de los cabildos- más dos representantes de la Iniciativa Privada designados también por el Ejecutivo. Se estipula que el gobernador nombrará y removerá libremente al director general del organismo.
Una parte controversial es la relativa a la participación del sector privado, sea en la prestación de los servicios públicos, el aprovechamiento de las aguas tratadas, la administración, operación y mantenimiento, total o parcial, de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos y la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con servicios públicos de agua.
Destaca el Artículo 49 de la Ley que tiene que ver con la entrega de concesiones para el otorgamiento de servicios públicos, las cuales definirán por el organismo operador. “Las concesiones se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar inversiones y obtener la utilidad razonable que debe percibir el concesionario, la cual no podrá exceder de 30 años, pudiendo prorrogarse”, marca el Artículo 52 o el 117 que define que las tarifas y cuotas se actualizarán mensualmente.
En crisis
En el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) -por poner un ejemplo- solicitó y le fue aprobado para este año un presupuesto de mil 134 millones de pesos, los cuales planea invertir en el mantenimiento de la planta potabilizadora, el abastecimiento de medidores, la rehabilitación de las aguas residuales y la adquisición de equipo hidroneumático de desazolve.
De acuerdo a datos expuestos en la comparecencia ante diputados, el organismo requiere de una inversión de mil 280 millones de pesos para invertir en infraestructura para la población sin servicio de alcantarillado sanitario y la adecuación del sistema de desalojo de aguas residuales. Aparte se requiere reposición del parque vehicular, maquinaria y herramienta mayor, entre tantas necesidades.
Francisco Javier Paredes Rodríguez, titular de la CESPM, comenta que la Comisión Nacional del Agua a nivel federal recortó cerca del 70% del presupuesto para obra en los Estados, lo que implica que localmente se dejan de realizar trabajos por cerca de 120 millones de pesos. Menciona casos como el programa Proder, donde el organismo paga por derechos del agua, pero luego se les regresan esos montos para hacer obra, con la condición que la CESPM ponga otro tanto. “Ese es uno de los programas que sufrió una disminución sensible en este ejercicio 2017”, explica.
Paredes refiere que de los cerca de mil millones de presupuesto, apenas el 5% va a obra y cerca del 50% a sueldos, y acepta que el organismo está en una situación crítica: “Vamos a tener que esmerarnos al máximo para recuperar cartera vencida, aplicarnos para tratar de convencer a nuestros usuarios de que nos paguen”.
Números rojos
De acuerdo a Modesto Ortega Montaño, ex titular de la CESPM -removido abruptamente en enero de 2015-, todas las comisiones de agua operan con números rojos y en su momento él propuso ante el secretario de Finanzas el aumento a las tarifas, pero no lo aprobaron por temor a repercusiones políticas.
“Todos tienen pasivos entonces, el más grande es el que tiene que ver con el crédito japonés que lo tiene Mexicali, Tijuana y Ensenada. Tan solo Mexicali eran mil 100 millones de pesos, deuda que fue reestructurada porque estaba en UDIs y la cambiaron a pesos, aunque tuvieron que pagar una sanción muy fuerte por el cambio”.
Según el también ex líder municipal del Partido Acción Nacional en Mexicali, la crisis financiera del organismo es una combinación de factores. Recuerda que cuando se hizo la obra con el crédito japonés se consultó con la ciudadanía beneficiada, en este caso en el Poniente de la ciudad, en la zona de Los Santorales donde se introdujo agua potable, a lo que la gente se comprometió a pagar los costos de esa infraestructura.
“La gente no pagó y el gobierno, como aval, debió haber previsto un plan financiero para amortizar la deuda, pero solo se estaban haciendo pagos parciales. Aparte había otros adeudos para reparaciones, ampliación de redes. Cuando yo entré a la CESPM el 70 por ciento no pagaba su cuota”, dice en alusión a los ciudadanos donde se había gestionado la infraestructura de agua potable.
Aparte hay morosidad en cuanto al pago del líquido, igual, cerca de un 70% que lo usa y no lo paga. En el caso del uso comercial o industrial no hay adeudos, debido a que de no pagar, el suministro se les corta inmediatamente.
El ex funcionario menciona algunas incongruencias, como el que mediante un decreto emitido por el gobernador se ha exentado del pago a organismos de la sociedad civil registrados en el padrón de Desarrollo Social, pero ahí se incluye a empresas privadas. Otro es que varias instancias como la UABC o el Ayuntamiento tampoco pagan el agua.
Ortega Montaño calcula que en Mexicali está azolvada cerca del 70% de la tubería de la ciudad y en las estaciones de bombeo de aguas negras hacen falta bombas, sobre todo en la Zona Poniente de la ciudad. En el caso de las tuberías de agua potable menciona que una buena parte ya es muy vieja.
“Están detectadas todas las fallas que hay en la ciudad, lo que pasa es que no hay dinero y se va priorizando como se presentan las cosas”, asume Ortega, para concluir que en Mexicali se necesitarían más de mil millones de pesos para la reparación y mantenimiento de toda la red.
La abrogación
Alrededor de las 11:30 pm del miércoles 18 de enero fueron liberadas las oficinas del Congreso del Estado, con el fin que la iniciativa del Ejecutivo donde se derogaba la Ley del Agua, además de las modificaciones presupuestales y hacendarias, pudiera ingresar por medio de oficialía de partes.
La sesión se programó para el jueves 19 a las diez de la mañana, pero se retrasó debido a la falta de acuerdos en el Ayuntamiento de Mexicali, donde otro grupo se encontraba dialogando con el alcalde Gustavo Sánchez y otros seis regidores sobre el pliego petitorio para liberar las instalaciones.
Finalmente, poco después de las doce del día se dio por iniciada la sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la mesa directiva, Raúl Castañeda Pomposo, quien puso a disposición del pleno del Congreso el punto para la dispensa de trámite para la abrogación de la Ley Estatal del Agua para el Estado de Baja California, y se crea la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado.
Posteriormente y de manera unánime, los diputados votaron a favor de abrogar la Ley, sin embargo el sonido “falló”, por lo que no pudieron emitir sus posicionamientos, a excepción de la mesa directiva, la única que contaba con sonido.
Antecedentes de abrogaciones
En tiempos de Ernesto Ruffo se turnó desde el Ejecutivo una iniciativa para un nuevo Código de Procedimientos Civiles, pero se tuvo que dar marcha atrás debido a un amplio reclamo de grupos de abogados.
En noviembre de 2012 -en tiempos de José Guadalupe Osuna Millán como gobernador- el Congreso aprobó una iniciativa turnada por el Ejecutivo, creando el Instituto de Ciencias Forenses del Estado y unificando en un organismo el Servicio Médico Forense -que dependía del Poder Judicial- y Servicios Periciales, que eran parte de la Procuraduría estatal.
Ante el rechazo del Poder Judicial para deshacerse del SEMEFO y la crisis en esa instancia por falta de pago, un paro laboral que devino en la negativa en recibir cadáveres, el mandatario optó por la abrogación a las siete semanas de haberlo aprobado.
