El exhorto que el Gobierno Federal hizo para que los poderes de la Federación, organismos autónomos y gobiernos locales reduzcan en 10% sus partidas de sueldos, rindió frutos al interior del Instituto Nacional Electoral.
Luego de que la propia administración de Enrique Peña Nieto anunciara el lunes 9 de enero, que aplicaría esa medida en el caso de los funcionarios federales “de mando superior”, en un intento de aminorar el golpe a la economía que ocasionó el encarecimiento de la gasolina registrado el 1 de enero, el titular del INE Lorenzo Córdova dio a conocer, este miércoles 11, que el organismo determinó aplicar la reducción a las remuneraciones de los consejeros electorales, así como de los miembros de la Junta General Ejecutiva.
A propósito de esta disposición, el consejero presidente declaró en conferencia de prensa: “México vive una coyuntura histórica difícil y compleja que afecta al desempeño de la economía (y) al bienestar de la sociedad”. El responsable de los procesos electorales en el país, incluso hizo alarde de que en un período de 5 años, ni consejeros ni directores ejecutivos han gozado de incremento salarial.
También se refirió a otras disposiciones contempladas para enfrentar la situación económica por la que México atraviesa: Devolver a la SHCP, mil millones de pesos destinados a la construcción de nueva sede, con lo que el proyecto de obra queda cancelado; renunciar al pago de teléfonos celulares, a cargo del Instituto, para uso de consejeros y directores ejecutivos.
De acuerdo a Córdova Vianello, el presupuesto para construir el inmueble se canalizará a efecto de que la Cámara de Diputados disponga de ese recurso.
El anuncio procedió una semana después de que se conociera que para 2017, conforme a las Bases de Presupuesto y la estructura ocupacional del instituto, el salario de los consejeros se incrementaría en 3.2 por ciento y su remuneración de fin de año o aguinaldo, en 15%. Aumentos que, según se dijo, quedarían sujetos a modificaciones, toda vez que con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2017, los organismos autónomos, así como los poderes legislativo y judicial, tienen hasta finales de febrero para publicar el “manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos”.
