La tarde del domingo 25 de diciembre, en pleno jolgorio navideño, el ex síndico de Mexicali, Humberto Zúñiga, junto con algunos familiares, viajaron hasta la zona de El Hongo para disfrutar el espectáculo de nieve en la montaña. Cerca de las tres de la tarde, el funcionario empezó a sentirse mal y optó por retirarse a la cabaña que desde hace una década tenía en esa zona. Ahí lo encontró tirado uno de sus hijos, ya estaba muerto y la causa fue un infarto fulminante. Tenía 62 años de edad.
Zúñiga llegó a Mexicali en 1984 para apoyar a sus compañeros de causa en el llamado MUP (Movimiento Urbano Popular). Eran los tiempos del gobierno priista encabezado por Xicoténcatl Leyva Mortera, quien en su campaña prometió un lote para cada familia humilde. Y pasó que le tomaron la palabra en Tijuana, Ensenada y sobre todo en Mexicali. Los colonos sin casa y organizados por grupos de izquierda empezaron a invadir terrenos y formar colonias. Así nacieron la Robledo, Hidalgo, Venustiano Carranza, Ampliación Nacionalista y varias más.
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Humberto Zúñiga se había integrado al MUP en la Ciudad de México, venía de Michoacán y militaba en el maoísta Movimiento Revolucionario del Pueblo.
En Mexicali, junto con Maclovio Soto -de la Unión de Colonias-, Graciela Romo -de la Asociación de Comités del Pueblo- y Silvia Beltrán -de la Ucosi- conformaron una vasta organización de grupos donde también participaba Javier Salivie, solo por mencionar algunos.
Junto a Beltrán y Romo -además de Martha Palacios, Dolores de Méndez y Sergio Tamai- formaron el Frente Cívico Mexicalense, organismo que convocó a la manifestación más grande efectuada en la capital del Estado con el tema de tarifas eléctricas. Fue en 1992 y la concentración esperaba a Ernesto Zedillo, entonces secretario de Educación de la administración federal de Carlos Salinas de Gortari, quien de paso no resolvió nada.
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En 1992, Zúñiga, Rodolfo Armenta, Silvia Beltrán y José Luis Sabori conformaron la fracción perredista más grande en el Congreso local, con cuatro escaños. Apenas años atrás había nacido el Partido de la Revolución Democrática y parecía que la fuerza de la izquierda era evidente, sobre todo porque en las elecciones de 1988 en Baja California había sido mayoritario el voto para el Frente Democrático Nacional que postuló como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Eran tiempos en que la izquierda se involucraba en movimientos sociales y Humberto Zúñiga era un activo militante. Un dato curioso fue que, como parte del Congreso local, participó en una comisión para investigar el caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio y tuvo acceso a información muy privilegiada. En las elecciones locales de 2013 y como parte de la cuestionada alianza con el Partido Acción Nacional, este perredista llegó como síndico procurador a la administración municipal encabezada por Jaime Díaz y, entre sus principales investigaciones, documentó irregularidades durante la administración del priista Francisco Pérez Tejada, incluso en la audiencia de vinculación a proceso -donde Pérez Tejada ocupó el banquillo de los acusados-, Zúñiga estuvo en la enorme mesa donde se sentaron los acusadores, entre éstos la ahora diputada Victoria Bentley.
Al iniciar la administración de Jaime Díaz Zúñiga pintó su raya y no quiso jugar el papel de verdugo. “No vamos a estar como los perros de rancho, que los amarran cuando hay fiesta y los sueltan a la hora del pleito”, repetía el síndico procurador.
Controversial y de carácter fuerte, Zúñiga siguió en las filas perredistas en la última parte de su vida, la cual expiró el domingo de Navidad por la tarde.
Mucho optimismo
El año que inicia este domingo se vislumbra difícil, sobre todo en el plano económico y, aunque la inseguridad parece arraigada en la entidad, el punto de pesos y centavos seguramente marcará el sello para 2017.
Por eso resaltan algunos rubros que desde la esfera estatal nos adelantaron, como el caso del tema del agua que apenas hace unos días aprobaron nuestros cuestionados diputados -sobre todo la fracción mayoritaria, panista-, donde justifican las modificaciones que incluyen tarifas y precio bajo el esquema de rescatar financieramente, aunque los organismos operadores del servicio de agua no le llamaron así.
El problema es que esa es la posición oficial y, fuera del estrecho círculo azul, la gran mayoría de la ciudadanía no les cree y la tesis más generalizada es que de sopetón implementan una serie de controversiales medidas, supuestamente para ser “más eficientes”.
Vale recordar lo sucedido con el tema del ISSSTECALI -–con pensiones y jubilaciones- que hicieron exactamente a lo mismo, sacaron las reformas a la Ley casi de un día para otro, las cabildearon fundamentalmente con la bancada el PAN -aunque tuvo el voto de los priistas- y a la hora del aterrizaje resulta que ya pasaron dos años, no hubo tal rescate y a la fecha hay más de 3 mil maestros en la penosa espera de la jubilación. Con decir que para 2017 solo alcanzó a presupuestar 200 jubilaciones, lo que implica que terminará la administración kikista y quedarán varios miles en la fila.
Por ese y otros temas, los ciudadanos de a pie vamos a requerir de mucho optimismo.
Elitista
Resulta que en la Universidad Autónoma de Baja California la lista de carreras va pegada al costo de cada una de ellas y la oferta incluye algunas más “baratas” de más o menos 2 mil pesos el semestre, hasta las más altas, donde resalta el rubro de Gastronomía, con un costo aproximado de 8 mil pesos por semestre.
Así que los aspirantes a chef, o vienen de familias acomodadas, o trabajan y ahorran, o de plano buscan otro carrera.
Al cautiverio
Donde hay una marcada incertidumbre entre la población es en las comunidades pesqueras del Puerto de San Felipe Baja California y el Golfo de Santa Clara en el lado de Sonora, en función de que no hay información relativa al Programa de Suspensión Temporal de Pesca implementado en abril de 2015 por el Gobierno Federal y destinado a preservar la llamada vaquita marina, especie única en el mundo que habita la parte alta del Golfo de California, que está en peligro de extinción y de la cual se calcula quedan cerca de 60 ejemplares.
Para ese programa y durante dos años, el Gobierno Federal destinó mil 36 millones de pesos, con una duración de dos años y que fenece en marzo de 2017.El plan incluyó el pago mensual a pescadores y permisionarios y los dejó inactivos. Hay quienes consideran que la medida resultó un verdadero fracaso, la vaquita ha continuado extinguiéndose, se incrementó la pesca furtiva de totoaba y el reparto de esos millones fue inequitativo. Pero hasta ahora no se sabe qué va a pasar con ese programa y se habla de que se tomarán medidas “desesperadas”, una de ellas, mantener en cautiverio a las pocas vaquitas con vida.
