En 2011, el abogado y profesor Netzaí
Sandoval interpuso una denuncia
contra Felipe Calderón Hinojosa por
crímenes de guerra y lesa humanidad
ante la Corte Penal Internacional, por
los muertos en la “guerra contra las
drogas”; política que Enrique Peña
Nieto continuó con prácticas
contrarias al derecho internacional
La llamada “guerra contra el narco”, que comenzó el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 12 de diciembre de hace 10 años, no tuvo justificación clara, sin embargo, hizo que en México el asesinato se convirtiera en un delito más que cotidiano, según la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con 155 mil homicidios dolosos desde enero de 2007, sin contabilizar los miles de desaparecidos y las fosas clandestinas por todo el territorio nacional.
“Que la droga no llegue a sus hijos”, fue la promesa que lanzó Calderón en diciembre de 2006 y, sin más, envió a 5 mil elementos contra el crimen organizado en el primer operativo realizado en Michoacán. Sin embargo, en la actualidad aún no hay resultados en seguridad ni en salud. Allí están los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, que reveló que alrededor de un millón 789 mil jóvenes mexicanos han consumido drogas, y que su uso se ha duplicado de 1991 a 2014.
Ante ello, el abogado y profesor de posgrado de la Universidad Iberoamericana, Netzaí Sandoval Ballesteros, se convirtió en 2011, en el primer mexicano en presentar una denuncia por crímenes de guerra y lesa humanidad contra Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos.
Ahora, dijo en entrevista con ZETA, no sería descabellado demandar al actual mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, quien continuó la estrategia del panista que ha permitido cientos de miles de muertes, por su acción u omisión en la guerra que ya lleva una década.
Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sandoval, hijo y nieto de activistas y políticos de izquierda en Guerrero, señaló a este Semanario que actualmente la CPI analiza la crisis humanitaria de México con diez casos, desde el pasado sexenio panista, hasta el actual gobierno de Peña Nieto.
Sandoval Ballesteros narró a ZETA cómo la denuncia contra Calderón pasó un primer filtro, pero los representantes del Presidente en La Haya solicitaron fuera desechada por “notoriamente improcedente”, lo que al final se superó, ya que fue admitida y estudiada porque, argumentó, “existen elementos que apuntan a la comisión de delitos internacionales en México”.
“No fue solamente nuestra denuncia. Se sumaron decenas más de organizaciones y abogados para señalar que en México hay crímenes de lesa humanidad. Existen señalamientos en ese mismo sentido por parte de muchas organizaciones internacionales e instancias de la ONU”, agregó quien fuera asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel.
“Sí sería posible una acusación en contra de Peña Nieto en la Corte Penal Internacional, no precisamente por el número de homicidios dolosos, sino por las responsabilidades, como jefe supremo del Ejército Mexicano, institución que está utilizando prácticas contrarias al derecho internacional, como la tortura, para forzar a las personas para que se auto inculpen.
“El gobierno de Peña ha tolerado ese tipo de prácticas, al igual que lo hizo el Presidente Calderón”, opina el abogado con maestría en la Universidad Complutense de Madrid.
Citando al ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, el abogado afirmó que el Ejército Mexicano no puede estar realizando la labor de las policías en las calles, porque no tienen un mandato constitucional expreso, como por ejemplo, una suspensión de garantías que le autorizara realizar dichas funciones.
“El Ejército Mexicano mismo ha señalado que no tiene un marco jurídico concreto para actuar en estos momentos. Entonces, Enrique Peña Nieto continuó con la política militarista de Felipe Calderón, a pesar de que Peña Nieto había señalado al principio de su mandato, de que iba a regresar al Ejército a sus cuarteles, y que iba a crear una Gendarmería para sustituir al Ejército, para que fuera una Policía Civil la que se encargara de la seguridad pública, pero no cumplió”, afirmó el profesor de la Universidad Iberoamericana.
“Peña Nieto realizó algunos actos francamente risibles, como colocarle estampitas a las patrullas de la Policía Federal, que ahora dicen División de Gendarmería, pero jamás creó un verdadero cuerpo civil capaz de sustituir al Ejército en las tareas policiacas que ha estado realizando, y el Ejército sigue en las calles.
Por ello Peña Nieto fracasó en su política de seguridad pública y continuó la estrategia de Calderón, y por lo tanto, sí podría ser juzgado en la CPI, inclusive con fuero, “porque el Estatuto de Roma, en el Artículo 27, no reconoce esto como un impedimento, porque no puede haber impunidad, no importa si sea un jefe de Estado, la Corte no juzga delitos comunes”, asentó el abogado por la UNAM.
En comparación con Calderón, en el caso de la posible denuncia contra Peña Nieto existen nuevos elementos como la práctica de la desaparición forzada ejercida por el Estado mexicano, en casos documentados como el de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero.
“Hay muchos elementos que nos permiten hablar de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, que además han sido verdaderos escándalos internacionales, y son casos que se convierten en elementos para acusar al gobierno de Peña Nieto, y a él mismo, por no prevenir o sancionar a quienes cometen estos delitos. Si Enrique Peña Nieto tiene conocimiento de que los soldados mexicanos están torturando en los cuarteles militares y esto ha venido ocurriendo desde años, tendría que haber tomado medidas para evitar que esto continuara ocurriendo”, considera Sandoval, para continuar:
“En el caso de Ayotzinapa también hay una serie de omisiones, de responsabilidades gravísimas por parte del Estado mexicano, incluso medidas para desvanecer pruebas, como lo hizo Tomás Zerón de Lucio, que estuvo haciendo visitas no documentadas a los lugares del crimen. Todos estos elementos nos hablan de responsabilidades penales, para encubrir un crimen de lesa humanidad, como es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que no es un caso aislado”.
Por último, el abogado constitucionalista recalcó que la denuncia se podría extender contra diversos capos del narcotráfico, porque usan armas prohibidas por el derecho internacional y realizan el reclutamiento de menores de edad para practicar hostilidades.
