Ante manifestaciones, bloqueos carreteros, saqueos y desabasto de gasolina a nivel nacional, el presidente desoye a ciudadanos y organizaciones civiles, así como al sector empresarial. Legisladores panistas presentan iniciativa para derogar el IEPS en gasolinas, PRI argumenta que la medida está justificada e INDEX pide un diálogo nacional. “El problema es que se está presionando al sector social”, advierte la diputada Eloísa Talavera
En el aumento en el precio de las gasolinas, la administración de Enrique Peña Nieto se fue por el camino más fácil para recaudar, cargándolo al bolsillo de los mexicanos en lugar de recortar el gasto público.
Mientras que el Presidente de la República advierte que el gasolinazo se sostiene y no habrá marcha atrás, y el líder del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, justifica que el precio del combustible se debió a que no tenían de otra, de no hacerlo se hubieran recortado programas sociales y la obra pública habría quedado de lado.
El razonamiento del PRI es que anualmente gastaba 200 mil millones de pesos en mantener un precio artificial del combustible, por lo que de sostener dicha situación se habrían aumentado los impuestos, la deuda, o bien, desaparecería el programa Prospera. El argumento del partido en el poder ante la petición de un recorte en el presupuesto equivaldría al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, o a la mitad del presupuesto anual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por su parte, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se solidarizó “profundamente” con la ciudadanía mexicana ante el aumento del precio de la gasolina, pero aun así, afirmaría el jueves 5 de enero, se trata de un escenario responsable donde el gobierno reconocía el “precio real de los combustibles en el país”.
Pero al interior del partido se empiezan a presentar desacuerdos. Ahí está el caso del senador Patricio Martínez García, quien envió una carta difiriendo de la postura de Ochoa Reza y le pide hacer una reconsideración de sus declaraciones, además de una revisión a la Ley de Ingresos.
Ante tal situación un grupo de senadores encabezado por Francisco Búrquez presentó ayer jueves 5 de enero, en la comisión permanente del Senado, una iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 2, fracción I, inciso D, y el Artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en materia de gasolinas, con lo que se busca generar un ahorro de 300 mil millones de pesos.
Desde el 1 de enero de 2017 se liberaron los precios del combustible y, a inicios de la semana, se registraron los primeros aumentos considerables en productos de la canasta básica.
En Tijuana, por ejemplo, algunos productores de queso incrementaron por lo menos 10 por ciento el producto desde miércoles 4, en tanto que las tortillas en algunos comercios subieron un peso, pasando de 14 a 15 pesos, aumentos que también se dieron en el centro de la República.
En su momento la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) advirtió que la canasta básica aumentaría en promedio un 20%, en igual porcentaje se elevarían las tarifas en el transporte de mercancía. Productores de leche a nivel nacional mencionaron que los lácteos tendrán aproximadamente entre el 8 y 10% de incremento. A esto se suma el de las tarifas eléctricas que se viene presentando desde julio de 2016, además de que se dio la liberación del precio del gas.
Para el economista Roberto Valero Berrospe, esta medida representa una pérdida del poder adquisitivo del 100% en los últimos 10 años. Advirtió que el país se aproxima a una estanflación donde se da un alza persistente de precios, con estancamiento en el crecimiento de la economía, lo que afectará el consumo interno.
Y a partir del 1 de enero, la inconformidad social se ha trasladado a la calle, con manifestaciones, bloqueos, pero también saqueos a comercios y tiendas departamentales en varios Estados de la República, sin que hasta el momento exista un saldo oficial que concentre información al respecto.
Según lo que ha informado la Policía Federal (PF), del lunes 2 hasta la tarde del 5 de enero, se registraron 114 bloqueos en 21 entidades federativas, entre éstas el Estado de México, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato, Baja California, Colima, Nuevo León y Campeche.
Asimismo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que han sido saqueadas 250 de sus tiendas afiliadas en nueve Estados, entre ellas, las de cadenas como Chedraui, Bodega Aurrerá, Coppel, Elektra, Famsa, Oxxo, Plaza Pabellón, Sanborns, Soriana, Círculo K, Walmart, Farmacias Similares y Comercial Mexicana.
Por su parte, CONCANACO-SERVYTUR aseguró que hay entre 700 y 800 tiendas pequeñas afectadas por los saqueos en todo el país. Además, ante los rumores por estas acciones, 20 mil pequeños negocios cerraron sus puertas tan solo en Ciudad de México, dejando de percibir 52 millones de pesos por ventas.
El miércoles 4 por la noche, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que hay 250 detenidos por saqueos y robos solo en los Estados de México, Hidalgo y Ciudad de México.
Además, en Veracruz se reportaron 100 detenidos, en Tabasco 17 y uno en Puebla.
Mientras que en Ciudad de México se iniciaron 38 carpetas de investigación contra 106 saqueadores, de los cuales 21 son menores de edad. Según la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de la República, se detectaron mil 501 cuentas en redes sociales a través de las cuales se instigó a cometer saqueos.
En otros hechos más violentos, un policía de la CDMX perdió la vida durante los saqueos, mientras que cuatro resultaron heridos cuando intentaban evitar los incidentes. Por otra parte, cuatro policías de Ecatepec, Estado de México, fueron cesados y presentados al Ministerio Público por participar en estos hechos.
PAN propone bajar o eliminar IEPS
La Ley de Ingresos para 2017 estima una recaudación del IEPS por 257 mil 466 millones de pesos, lo que representa un incremento de 73 mil 28 millones de pesos, en comparación con lo programado en 2016.
En rueda de prensa, diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) dieron a conocer que ayer jueves presentarían una iniciativa para reducir el IEPS en un 50%.
El coordinador de los diputados federales del PAN de Baja California, José Teodoro Barraza López, indicó que se buscará convocar a la brevedad a la Comisión de Hacienda a una sesión extraordinaria “para efecto de trabajar en un probable dictamen, pero para que haya un dictamen favorable en la comisión debe haber voluntad política. Si el PRI y sus aliados están en contra, no va a salir un dictamen positivo de la comisión, por eso estamos diciendo que apelamos al sentido común (de la mayoría en el congreso)”.
Entretanto, la legisladora Eloísa Talavera Hernández dijo a ZETA que habrán de sumar aliados para tener un dictamen positivo.
— Se ha manejado que este dinero es para resarcir el recurso que no entra a la Secretaría de Hacienda por la baja en el ingreso por el petróleo…
“No. Sí es porque no ha subido el precio del petróleo, pero pudiese quedar igual que el año pasado. Se van a recaudar 76 mil millones más que el año pasado. El problema es que se está presionando al sector social y el gobierno no está generando medidas contingentes. Este tema puede ser la gota que derrame el vaso”, finalizó.
Por su parte, el senador Francisco Búrquez expuso que presentaría una propuesta para eliminar el IEPS, impuesto que se cobra desde 2014 y uno de los principales ingresos que han servido de soporte a las finanzas del Gobierno Federal, por el cual se recaudaron más de 140 mil millones de pesos en 2016, mientras que para el presente año se esperan 300 mil millones de pesos.
“Un grupo de senadores solicitamos que se derogue el IEPS, pues no se causaba antes de 2014. Después de esa fecha el gobierno se puso de acuerdo con el Congreso y empezó a cargar casi 5 pesos por litro y se quedó con una bolsa de 300 mil millones de pesos anuales que benefició a la economía de los políticos, lo que yo llamo un robo”, acusó, a la par de considerar que el tema de los gasolinazos es una situación fiscal que tiene solución en el Congreso de la Unión, pues son los diputados quienes pueden hacer los cambios necesarios para dar marcha atrás con la medida.
Desde hace dos años, el legislador presentó una reforma constitucional para recortar a, por lo menos, la mitad el financiamiento de los partidos políticos, sin que hasta el momento haya tenido el eco debido.
“El proyecto se sustenta en la demanda que la ciudadanía que pide a los representantes, que ahora le toca al gobierno ajustarse el cinturón, el gobierno tendrá que gastar menos y mejor”.
El objetivo de la principal propuesta está encaminado a reducir el 50% el gasto que genera el financiamiento los partidos políticos “aun en años donde no hay procesos electorales”, agregó.
Conforme a Búrquez, no se puede permitir que se siga metiendo la mano a los bolsillos de los ciudadanos extrayendo el ingreso producto de su esfuerzo para mantener oficinas, financiar gastos en transporte, propaganda y otras cosas en las que malgastan los partidos.
Federico Serrano
Por su parte, el senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmó que se puede dar marcha atrás en la liberalización, pero corresponde a los diputados hacerlo, aunque lo ve difícil pues el PRI tiene mayoría en el Congreso.
Aumentos en cascada
El presidente del Frente Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada, Emmanuel González Cota, comentó a ZETA que los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el precio de la Magna; 20.1% la Premium y 16.5% para el Diesel, respecto al precio de diciembre pasado.
“Con el incremento en las gasolinas aumentará por lo menos un 20% la canasta básica y las personas de la tercera edad, estudiantes, trabajadores de la maquila serán los que sufrirán las consecuencias, es incomprensible que el Gobierno Federal sea tan insensible”, planteó.
El líder informó que el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche adelantó que los sobreprecios en los productos lácteos podrían ser entre 8 y 10%, que en pesos representa entre 40 y 60 centavos por litro.
Asimismo, indicó que el Consejo Nacional de Productores de Arroz de México considera que los costos del producto podrían subir entre 25 y 30%, generando una crisis en las familias más vulnerables del país, y puntualizó que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) tendrá que elevar precios en los fletes.
“Decisión económica precipitada”: INDEX
El sector gasolinero ha insistido una y otra vez que hace falta infraestructura de almacenamiento y para el transporte del combustible a nivel nacional. Al 30 de diciembre de 2016, solo existían 402 permisos de importación de combustible no ejercidos, ya que carecen de infraestructura y logística para mover el producto.
Ante tal escenario, el presidente nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), Federico Serrano. externó que liberar el precio de combustibles en México, sin una red desarrollada de competidores, inquieta al sector, por lo que pidió al Gobierno Federal un “diálogo nacional” que permita reconsideraciones, ya que dicha política económica ha resultado una “decisión económica precipitada”.
Un despacho informativo del organismo cita que el aumento de los precios de la gasolina tiene una vertiente meramente recaudatoria, pues alrededor de 40% del precio corresponde a impuestos.
“Se requiere un diálogo nacional para que haya una eventual modificación a los criterios fiscales, que permitan aligerar el precio de la gasolina y se traduzca en continuidad de los indicadores económicos. La gasolina es un producto que se comercializa a nivel mundial y, por lo tanto, PEMEX puede importarla de cualquier país y no puede haber carestía de combustibles al interior, como ocurrió por acaparamiento y logística”.
El organismo refiere que bajo un escenario de competencia, sin un mercado de competidores consolidado, puede inducir al crecimiento inflacionario y a un mayor descontento nacional con paros productivos, como ya sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las pérdidas provocadas por el gasolinazo para la Industria Manufacturera de Exportación, ascendían a 12 mil 619 millones dólares hasta el 3 de enero de 2017.
El sector maquilador pidió convocar al gabinete económico y al Poder Legislativo para que se hagan las reformas fiscales, además del sector productivo, que está dispuesto a sumar sus propuestas.
De acuerdo al organismo, las primeras 100 horas del gasolinazo se tradujeron en demoras en las entregas de contratos internacionales y multas por incumplimiento de los mismos, que se estiman en 50 mil dólares por hora de retraso; paros en líneas de producción de manufacturas avanzadas; alzas no oficiales y paros en el transporte público; ausentismo laboral por falta de movilidad; desconfianza operativa de nuestros corporativos multinacionales por bloqueos en carreteras de México; inminentes alzas en la integración de costos logísticos en el comercio exterior y una escalada de precios en los bienes de consumo para la sociedad mexicana.
Desde el seno de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se hizo un llamado a la Cámara de Diputados a que haga un ajuste a la Ley el IEPS para disminuir las afectaciones en la economía de las familias como resultado en el incremento del precio de las gasolinas. A la vez que propuso un paquete de 23 medidas para combatir la inflación, promover la inversión y generar empleos.
En tanto que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó un paquete de medidas político económicas de aplicación inmediata en lo fiscal, gasto e ingresos, política monetaria, fomento a la inversión y empleo así como para la banca de desarrollo.
Dentro de sus planteamientos está el reducir el gasto corriente, establecer medidas para que los ingresos no se traduzcan a más gasto corriente, además de racionalizar el gasto corriente y no incrementar los egresos ni el déficit.
Sube luz y liberan gas
Desde julio de 2016 y hasta enero de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado cada mes el aumento de las tarifas eléctricas.
En enero se presenta una vez más dicha situación, para el sector industrial es de entre 3.7 y 4.5% comparado con noviembre del año pasado, las tarifas para el sector comercial subieron entre 2.6 y 3.5%, y la tarifa de uso doméstico de alto consumo registró un alza del 2.6%.
Mientras tanto, las tarifas eléctricas para el sector Doméstico de Bajo Consumo (DAC), tiene un “aumento marginal” de 2.6% de diciembre de 2016 a enero de 2017, cita un despacho informativo de la dependencia, la cual justifica el aumento con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energías eléctricas registradas en meses previos.
Asimismo, el 1 de enero se liberó el precio del gas licuado de petróleo (LP), luego de 50 años de tener un precio administrado por el gobierno. Por lo anterior, las empresas distribuidoras en el país pueden fijar su propio precio conforme a las condiciones del mercado.
Las variables que influirán en el precio del combustible son estacionalidad, paridad peso-dólar, precio internacional del petróleo y los costos de distribución y transportación.
PEMEX pide no bloquear terminales
Desde la entrada en vigor de la liberalización de las gasolinas y con ello el aumento del combustible, se presentaron diversas manifestaciones de repudio en el país.
De acuerdo al último conteo de la ANTAD, 250 tiendas fueron saqueadas “en su totalidad” a nivel nacional durante los disturbios registrados el miércoles 4 y que se extendieron hasta la madrugada ayer jueves, inclusive en Estados donde no se habían detectado en reportes iniciales, como Tabasco y Quintana Roo, en este último caso en la zona turística de Cancún.
Cabe recordar que la organización cuenta con 5 mil 213 supermercados o tiendas de autoservicio y 2 mil 154 tiendas departamentales. Son 41 mil 183 tiendas especializadas, que incluyen cadenas de las tiendas de autoservicio, farmacias, ópticas y boutiques.
Ante la oleada de manifestaciones donde ciudadanos inconformes bloquearon estaciones de PEMEX, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía y partidos políticos que promueven dichos bloqueos a las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) y a detener a las pipas, a suspender dichas acciones que, de continuar, afectarían seriamente el suministro de gasolinas y Diesel a la población.
“PEMEX está comprometido a garantizar el abasto, pero no puede poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Por ello, exhorta a las autoridades locales a intervenir, a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan llevarse a cabo con normalidad”, cita un despacho de la paraestatal.
De igual manera, la empresa reprobó los actos violentos, pues al llevarlos a cabo, la venta de gasolina al público tiene que suspenderse, afectando a los ciudadanos, quienes son los consumidores finales.
Se puede buscar amparo
Contribuyentes y dueños de estaciones de gasolina pueden solicitar el recurso de amparo y con ello revertir el aumento a los combustibles que entró en vigor en 2017, comentaría a ZETA el abogado fiscal Jorge Alberto Pickett Corona.
Externó que ante el incremento los contribuyentes tienen la opción de acudir al amparo y buscar que el Poder Judicial de la Federación decrete dicha acción como inconstitucional, toda vez que está viciada.
Explicó que dicha medida deriva de las reforma Energética y Hacendaria, que resultan violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 28 y 31, fracción IV de la Carta Magna.
Pickett Corona enfatizó que el Congreso de la Unión violó el Artículo 28 de la Constitución al momento de derogar la fracción primera del Artículo 14 Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, con lo que la autoridad adelantó un año la liberación del precio de la gasolina, decretado el pasado 27 de diciembre de 2016 y planeado para 2018, sin embargo, se hizo en 2017 con el interés de atraer más empresas del gremio al país.
“El factor principal del aumento de la gasolina es el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, mismo que actualmente es de 6 pesos de cada litro, acción que es inconstitucional porque violenta los principios de equidad y proporcionalidad tributaria”, expresó para además aclarar que el rechazo no debe ir en contra de las gasolineras, pues los propietarios son meros franquiciatarios y ellos no estipulan el precio del producto.
Por su parte, Roberto Valero Berrospe opinó que lo único que hizo el Gobierno Federal con la liberalización de los precios fue trasladar a los consumidores lo que ellos antes pagaban.
“El impuesto no lo bajaron y además redujeron el margen de ganancia de los gasolineros, y así no tienen forma de competir. Además, no hay infraestructura necesaria para que puedan importar gasolina. Es ficticia. De muy poco sirve el aumento al salario mínimo a poco más de 80 pesos, pues la inflación se comerá el incremento”, lamentó.
Desabasto y fuga de consumidores
Noventa serán las regiones que tendrá el territorio mexicano para determinar el precio del combustible según el mercado, cada una tendrá que subsistir con precios diferenciados y esto dependerá de los costos que genere trasladar el combustible a cada entidad.
En Baja California el pago más bajo por la Magna será de 16.04 y el más alto de 16.17 pesos, mientras que la Premium será de17.81 y 17.95, respectivamente. El Diesel se ubica en 17.16 y 17.29 pesos por litro.
Respecto a los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la frontera norte, Tijuana y Mexicali no recibirán ninguna rebaja, convirtiéndose en las dos ciudades de Baja California con un combustible caro, pero los consumidores de Tecate y por la cercanía de Playas de Rosarito con Tijuana pueden cruzar a adquirir el producto a la Unión Americana, posibilidad que no tendrá Ensenada.
La medida se traducirá en una fuga de consumidores debido a los aumentos y al desabasto que se presenta desde el miércoles 4 de enero, así lo expuso a ZETA el ex presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), Alejandro Borja. Hasta el momento no se puede saber cuál es el porcentaje de la baja en la compra del combustible por la fuga, ya que es temporada decembrina, pero esperan un repunte en ese fenómeno.
Así las cosas, particulares preferirán ir a San Diego, San Ysidro o Chula Vista a llenar sus tanques. La diferencia no es solo en el precio, sino en la calidad, ya que el combustible americano tiene un mayor rendimiento, y aun con la paridad peso-dólar, es más atrayente comprar en el vecino país, donde el galón (3.78541 litros) se oferta en 3.20 dólares, mientras que en Tijuana serían 68.41 pesos.
Debido a los bloqueos en las instalaciones de PEMEX en Playas de Rosarito ya se presenta desabasto de combustible en estaciones de la ciudad, mientras que el Aeropuerto “Abelardo L. Rodríguez” también se verá afectado, ya que la terminal se abastece de turbosina.
El descontento social
Desde el sábado 31 de diciembre de 2016 y ante la el anuncio de una gasolina más cara, en Tijuana se presentó la primera manifestación, aproximadamente 200 personas acudieron al llamado a rebelarse contra el aumento al precio anunciado por el Gobierno Federal para el primero de enero, ya que dicha situación repercutiría en el precio de todos los productos básicos.
Así se llevó a cabo un plantón en la Torre de Aguacaliente, donde de igual manera, se quejaron de la privatización del agua realizada por el Gobierno del Estado y el también anunciado aumento al Impuesto Predial por parte del Ayuntamiento de Tijuana.
“Cuando yo empecé a usar carro, que fue hace como 12 años, estaba como a 7 pesos (por litro) y ahora está al doble, y yo creo que en 2017 se puede ir hasta ir triple si no hacemos nada”, declaró Manuel Ayala, uno de los inconformes.
Para la noche del lunes 2 de enero las instalaciones de la planta de PEMEX en Playas de Rosarito fueron tomadas por ciudadanos y transportistas de dicho municipio. Con pancartas en mano, mostraban su rechazo a la medida; su petición es que una comisión atienda el tema, de lo contrario el plantón sería indefinido.
Hasta ayer jueves 5 de enero las instalaciones siguen tomadas, sin que pipa alguna pueda entrar o salir del recinto.
Desde el lunes en la noche, un grupo civil de la delegación de Camalú, a 152 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, bloqueó la Carretera Transpeninsular, provocando un congestionamiento vial que se extendió varios kilómetros en ambos sentidos.
Esta arteria es la más importante para el transporte de carga pesada en Baja California por ser la conexión entre Estados Unidos con entidades del centro del país.
A la movilización se sumaron Punta Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, donde el sector empresarial, en especial el agrícola, advirtió al gobernador Francisco Vega de Lamadrid poner fin a la manifestación, ya que pierden dinero al tener detenida la mercancía.
Para el jueves 5, las protestas llegaron hasta las oficinas del Centro de Gobierno del Estado en San Quintín, donde amenazaron con cerrar el edificio como sucedió el 17 de marzo de 2015, cuando hubo una manifestación de jornaleros.
Pablo Bautista Paz, uno de los manifestantes en Camalú, dijo que hay rencor y odio hacia el gobierno porque no les importa perjudicar el bolsillo de la gente pobre.
“El peso cae sobre los más jodidos, el gasolinazo es un engaño para el pueblo”, criticó.
El cierre de la vialidad ha provocado que algunas personas que se encuentran de vacaciones en el sur de la península retrasarán su viaje ante el temor de quedar atrapados en alguna delegación.
Mientras tanto, en Ensenada, el miércoles por la noche la caseta de San Miguel fue tomada por unas veinte personas que llegaron para liberar la circulación vehicular a los usuarios de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada.
Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) accedieron a la petición de quienes protestaron y, de manera pacífica, se retiraron de las casetas de cobro.
El efecto inflacionario en la frontera
En la opinión del economista Roberto Valero Berrospe, lo que se verá en los primeros datos del INEGI relacionados con el indicador de la inflación, la tercer semana de enero, serán un disparo de la misma “porque resulta que las gasolinas tienen un peso muy fuerte en el Índice de Precios al Consumidor, tanto para Tijuana como para Mexicali, que son las ciudades que encuesta el Banco de México. En Tijuana podría llegar al 6%, mientras que en Mexicali sería del 5%”.
El consultado agregó que el problema inflacionario en la frontera se verá más incrementado con la paridad peso-dólar, que ronda los 22 pesos por unidad.
“Lo más grave de esto es que se tiene considerado un bajo crecimiento a nivel nacional y, por ende, para Baja California, lo que nos lleva a un escenario muy poco recomendado que se llama la estanflación. Es el peor escenario económico que se puede vivir, y puede presentarse en el primer trimestre del año”, finalizó. (Con información de Carlos Álvarez y Lorena Lamas)
El enredado mensaje del Presidente
El miércoles 4 de enero, ante la oleada de protestas por la inconformidad de los ciudadanos, Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación. En ningún momento dijo que habría de dar marcha atrás con la liberalización de las gasolinas, como tampoco advirtió que habría de generar acciones para atenuar el aumento que se dio en el combustible. Se limitó a justificar la acción con el propósito de preservar la estabilidad económica.
“Habrá que ajustarnos a nuestra nueva realidad que nos impone, no es un asunto del orden interno”, declaró.
Más adelante anunció que el incremento en los precios de los combustibles fue resultado de un aumento que se presentó a nivel mundial: “Como Presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia, que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Esta medida no es una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el Gobierno de la República una decisión fácil, tomar una medida como la anunciada”.
Por lo anterior, apeló a “la comprensión de la sociedad”, ya que de no hacerlo, resultarían más dolorosos los efectos, y por ende, las consecuencias “habrían sido más costosas”.
Para concluir, citó que no permitirá abusos en el aumento injustificado de precios en productos, sin embargo, a nivel nacional ya hubo incrementos no autorizados en productos de la canasta básica.
Un día después, jueves 5 de enero, el Ejecutivo federal dirigió otro mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos, donde se aferró a su muy cuestionables mega-gasolinazo. En ese tono lanzó la pregunta “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, con lo que dejó en claro que no está dispuesto a participar en un diálogo nacional que reitera la decisión tomada y que se antoja improbable preste atención a las propuestas que el Poder Legislativo ya recibió para amortiguar el incremento a los combustibles.
En su acostumbrado tono sordo, el mandatario nacional afirmó “se trata de un aumento que viene del exterior, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”, e insistió en el riesgo de mantener el precio de las gasolinas, lo que de haber tomado esa ruta, podría paralizar por cuatro meses consultas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o interrumpir por dos años el programa Prospera, y por tres años, el Seguro Popular.
De seguir con precios de gasolina ficticios, argumentó, se quitarían “recursos a los más pobres para los que más tienen”, según sus cifras, 60 millones de personas solo consumen 15 por ciento de la gasolina, mientras que 12 millones lo hace en un 40%.
Recordó que en el pasado otras administraciones decidieron mantener artificialmente los bajos costos de la gasolina debido a un costo político: “En sexenios anteriores se perdieron un billón de pesos subsidiando la gasolina, literalmente se quemó regalando gasolina en lugar de invertir en transporte público, en escuelas, universidades y hospitales”.
El priista refirió que antes de aplicar la medida se recortó el presupuesto en 190 millones de pesos y se eliminaron 20 mil plazas laborales. Adicional a lo anterior, habrá una reducción del 10% en la partida de sueldos y salarios.
Por último, para proteger a la población y que no se dé el aumento de precios sin autorización, las dependencias federales habrán de mantener vigilancia permanente, mientras que por otro lado se dialoga con sectores productivos del país para generar inversión y empleo.
