El presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para reclamar la nulidad e invalidez de ocho artículos de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, por considerar que invaden facultades que corresponden al Ejecutivo Federal, anunció el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes.
En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que con dicha controversia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se busca “reclamar la nulidad e invalidez” de los mismos, ya que dichos artículos “invadieron facultades que corresponden al Presidente” sobre el derecho de las audiencias, señaló.
Castillejos abundó que el objetivo de la controversia constitucional es que se declaren inválidos los lineamientos del IFT “por tener un vicio de origen”. Acompañado del vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, el consejero jurídico explicó que “cualquier regulación de los derechos de las audiencias deben estar previstas en la ley, en términos del Artículo 89”.
El funcionario federal indicó que los ocho artículos de la ley de Telecom y Radiodifusión tienen un vicio de origen, pues la normatividad “no debió darle facultades al IFT de regular un derecho humano, el derecho de las audiencias”.
Castillejos señaló que si bien el IFT actuó conforme a las facultades que le otorga la Ley, se consideró por tanto presentar la demanda contra el Congreso de la Unión sólo por los ocho artículos que facultad al IFT a regular sobre las audiencias lo que a consideración del Ejecutivo es inconstitucional.
Los lineamientos del IFT obligan a los comunicadores a distinguir, en todos los casos -excepto de señales que provengan del extranjero-, entre una opinión y una noticia, y en caso de no hacerlo, los concesionarios serían multados.
