La aprobación de la Ley de Agua ha polarizado el tema y las críticas desde diversos sectores han arreciado; argumentan que no sé consensuó, beneficia a empresas privadas, abre la puerta a “moches” y da mucho poder al gobernador, todo esto frente a una débil justificación desde la esfera panista
Aprobada la Ley de Aguas por mayoría panista del Congreso de Baja California la madrugada del 20 de diciembre de 2016, el Partido Encuentro Social (PES) adelantó que presentará un recurso de controversia constitucional en su contra porque afecta económicamente a los usuarios, privatiza el servicio y violenta el Artículo 115 constitucional, que define el manejo del agua para los ayuntamientos.
Juan Ignacio Gallego, canacintra
Las principales críticas a la legislación son porque contempla la participación del sector privado a través de las llamadas Asociaciones Público Privadas (APPs), las cuales podrán prestar los servicios públicos y ejecutar las obras.
“Ese interés tan grande del gobierno estatal para privatizar el agua nos da entender que hay alguien que se va a beneficiar con este negocio. Alguien se está llevando mucho dinero de los bajacalifornianos”, refirió Luis Moreno, líder estatal del PES.
“A los industriales nos preocupa que una Ley de alta importancia para el Estado, se haya aprobado al vapor y sin tener el debido consenso”, sostuvo por su parte el líder de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Mexicali, Juan Ignacio Gallego.
Además, dijo no estar de acuerdo con incrementos a los costos del agua mientras estas propuestas no vayan de manera simultánea amarradas con un programa de reducción de costos de producción y de cartera vencida.
Los beneficiados
El ex director de la Comisión Estatal del Agua en Mexicali, Modesto Ortega Montaño, consideró que los beneficiados con esta nueva Ley son directamente el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus operadores económicos, Antonio Valladolid -secretario de Finanzas- y José Carlo Bonfante, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Ortega Montaño recordó que apenas iniciando esta administración había reuniones con representantes del Gobierno del Estado con un consorcio de constructores donde participaban URBACA, Futura y Macro -todos relacionados con Fernando Beltrán- para implementar un proyecto de drenaje en la zona de Los Santorales, con el pretexto de la Rickettsia.
Luis Moreno, PES
“El proyecto era implementar una APP pero no lo pudieron concretar. Lo que está detrás de todo el tema del agua son las APP, esta nueva Ley de Agua para mí no es más que una cortina de humo para lo que quieren hacer con las APPs”, considera el ex director de la CESPM.
“El propósito de una empresa privada es generar riqueza, y de una entidad de gobierno es dar el servicio”, y con la inclusión del sector privado, las obras se van a encarecer, “pero el truco estaría en las mochadas”, refiere el ex funcionario y ex líder municipal del Partido Acción Nacional en Mexicali, quien de paso cuestiona la aprobación de una nueva Ley, siendo que ya estaba la legislación relativa a las APPs.
Ley dictatorial
“Es una ocurrencia, no hay un plan estratégico, un plan pensado, no sé quién los esté asesorando o cómo la estén haciendo, pero qué irresponsables son”, opina sobre la de Ley de Agua del Estado, el ingeniero Jesús Román Calleros, investigador del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El especialista considera la reciente Ley aprobada como un retroceso, sobre todo porque propone dotar de una serie de facultades al gobernador en turno y las medidas asentadas en el documento enfilan hacia la privatización del líquido y se basa en medidas recaudatorias. “Es una burla para la gente de Baja California, dista mucho de ser una Ley de Aguas, más bien parece un reglamento para el pago de algo, menos de agua”, refiere Calleros, quien considera que en el documento se establecen medidas arbitrarias, como el hecho de desaparecer las estructuras de las comisiones de agua, creadas desde 1969.
Expone que con esta nueva Ley, la autoridad máxima, el poder pleno radica en el gobernador del Estado. “Esto me parece irregular, no podemos concederle el poder a una sola persona, porque se toman decisiones muy arbitrarias como la expropiación de tierras, propiedades, el establecimiento de medidas muy duras como la suspensión del servicio del agua”, advierte.
Modesto Ortega, criticas
Otra de las medidas que caracteriza como arbitrarias tiene que ver con que sea el titular del Ejecutivo estatal quien decida quiénes se integran al comité o al consejo consultivo, o a quién expulsa de estos organismos; también podrá cancelar permisos y poner y quitar a su antojo, con poderes absolutos. “Es como un señor feudal”, califica el investigador.
En esta coyuntura aprovechan para aumentar las tarifas en una propuesta donde resalta el énfasis dictatorial, reflexiona el ingeniero agrónomo con experiencia en el sector público, sobre todo porque al gobernador no lo corresponde el manejo del agua, ya que deben ser los municipios las instancias encargadas.
PAN a favor
Uno de los pocos pronunciamientos a favor de la aprobación de la nueva Ley lo hizo el líder municipal del PAN en Mexicali, quien cuestionó al sector priista que ha criticado la medida, a la par que nada han dicho sobre los incrementos en los precios de la gasolina. Asimismo, indicó que los incrementos a la tarifa no son significativos: “Es una distorsión que se ha dado al tema real, tejido por el PRI como una cortina de humo para ocultar los aumentos propiciados por ellos como gobierno”.
