En medio del caos económico con el que en México arribamos al 2017, provocado en parte por las medidas impositivas del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, y también por las amenazas del Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para frenar inversiones norteamericanas en suelo mexicano, hacia finales de este año nos habremos de enfrentar al inicio del proceso electoral a través del cual en el 2018 se renovará al inquilino de Los Pinos.
El Partido Acción Nacional quedó sumido en la tercera posición política en la elección presidencial de 2012, en la cual, de manera sospechosa, polémica e investigada, el triunfo le fue concedido en tribunales a Enrique Peña Nieto. Entonces la abanderada azul, Josefina Vázquez Mota logró poco más de 12 millones y medio de votos cuando seis años atrás Felipe Calderón Hinojosa aseguró la titularidad del Poder Ejecutivo nacional con 15 millones de votos. Andrés Manuel López Obrador, de la mano del PRD, fue el segundo lugar en ambas ocasiones. Cercanísimo de ganar la Presidencia en 2006, y alejado por unos 3 millones 300 mil votos en el 2012.
A pesar de haber ganado siete de nueve gubernaturas que estuvieron en juego electoral en el año 2016, el dirigente del Partido Acción Nacional, a sus 37 años Ricardo Anaya Cortés no la tiene fácil. Si bien los gobernadores y ex gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional han puesto de su parte con actos de corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, para perder elecciones, la realidad que en el año del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo será este 2017, los desafíos que tendrá Anaya en la materia tienen nombre y apellido: Francisco Arturo Vega de Lamadrid y Rafael Moreno Valle Rosas.
Ricardo Anaya ha declarado no en pocas ocasiones su posición contra la corrupción en los gobiernos. Más de los Estados que en el Federal, pero lo ha hecho. Fue de los primeros políticos dirigentes de partido en pronunciarse por la necesidad de contar con el Sistema Nacional Anticorrupción, y ha sido harto crítico con aquellos gobernadores tricolores que fueron investigados, son investigados, o como en el caso de Javier Duarte de Ochoa, el veracruzano, están prófugos.
Sin embargo, Anaya juega con un doble discurso. Critica la corrupción ajena pero no acepta la propia. En los últimos meses de 2016, cuando el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ya era señalado, como lo continúa siendo, de presuntos actos de corrupción y extorsión por parte de funcionarios de su gobierno, desvío de recursos e incremento de la deuda pública del Estado, a tan solo tres años de Gobierno. Debía a la Universidad Autónoma de Baja California 476 millones de pesos cuando Anaya visitó esta tierra, y habían desviado –con la complicidad del Congreso del Estado– mil millones de pesos de un crédito por poco más de 2 mil 800 millones de pesos que solicitaron para sanear las finanzas de ISSSTECALI y pagar a los jubilados de esa institución, a la construcción de obras diversas. También se gastaron en otras áreas aun no informadas, más de 340 millones de pesos que estaban destinados para la administración de escuelas primarias. A la par, la inseguridad, las ejecuciones se contabilizaron como nunca antes en los últimos once años en Baja California.
Pero de ello no dio cuenta ni crítica alguna Ricardo Anaya en Baja California, mientras que de Javier Duarte de Ochoa, despotricó: “Desvió, por lo menos, 35 mil millones de pesos; simuló ante la Auditoría Superior de la Federación la devolución de más de 4 mil 770 millones de pesos a fondos federales, e incumplió con los pagos a la Universidad Veracruzana…No se trata de venganza, sino justicia; es decir, que quien se haya llevado el dinero del pueblo lo devuelva y que quien cometió un acto grave de corrupción vaya a la cárcel”.
De la deuda de su gobernador Francisco Vega con la Universidad no hubo mención. Tampoco del incremento de la deuda, mucho menos de los recursos etiquetados para un área y gastados en otra. Nada de eso. Cosa contraria, lo felicitó por el triunfo electoral que en esta entidad le dio tres alcaldías de cinco al PAN, y 13 de 25 escaños en el Congreso local, lo cual le asegura una mayoría simple, que permite al Gobernador detener los llamados a la rendición de cuentas.
A Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora emanado del PAN, no lo criticó como lo hizo con el ex Gobernador de Veracruz, haciendo juicio propio, sino todo lo contrario: “Nosotros estamos atentos a las resoluciones de las autoridades competentes, hay que recordar que en este momento la PGR depende del propio PRI, a ellos les corresponde responder, ¿qué digo con mucha claridad? No debe haber juicios anticipados, pero por ningún motivo y por ninguna circunstancia debe haber encubrimiento, quien haya cometido un acto de corrupción sin importar el partido en el que milite primero tiene que devolver el dinero robado y segundo, cuando el acto de corrupción sea grave el responsable se tiene que ir al a cárcel”.
Promotor del Sistema Nacional Anticorrupción, y además aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2018, Ricardo Anaya Cortés juzga de una manera a los presuntos corruptos priistas y de otra más suave a los presuntos corruptos panistas. Distingue entre una corrupción o la otra cuando se trata de los mismos temas: desvío de recursos, endeudamiento, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito.
Con la misma vehemencia y determinación con que Anaya juzga a los ex Gobernadores y gobernadores del PRI, debería referirse a los que habiendo salido de su partido son acusados de los mismos ilícitos.
El desafío de Anaya serán los gobernadores del PAN que son o serán investigados por actos de corrupción. Y ahí tiene dos por los cuales empezar.
Rafael Moreno Valle Rosas y Francisco Vega de Lamadrid, son gobernadores por el Partido Acción Nacional. Aun en alas distintas y distantes dentro del PAN, tienen dos cosas en común: no han presentado su 3de3 (declaración patrimonial, declaración fiscal y de no conflicto de intereses), además, en ambos estados, tanto en Puebla como en Baja California, la sospecha de la corrupción está ligada a ellos.
Moreno está a punto de concluir su sexenio –como lo hizo recientemente Mario López Valdez en Sinaloa–, y Vega está entrando al que será su cuarto año de gobierno, con más sospechas que logros. Sin un plan de austeridad, incrementando el pago por el servicio del agua y abriendo la puerta a la concesión privada de ese recurso. Debiendo a las instituciones, con más deuda en el Estado y con muchas sospechas de ofrecer tratos preferenciales a compañías y empresas privadas ligadas a personas cercanas a él.
La pregunta es si Ricardo Anaya tendrá la valentía y la congruencia para exigir justicia, transparencia, rendición de cuentas y honestidad en los gobiernos del Partido Acción Nacional, o en el año del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema lo ahorca adentro de su casa, con el doble discurso cuando se trata de un mismo fenómeno delictivo: la corrupción en los gobiernos de los Estados donde la gente aún les dio su voto de confianza en las elecciones pasadas sin esperar a cambio el cuestionable resultado que Anaya debe admitir y corregir antes del 2018.
*Nota publicada en sinembargo.mx, en la sección de Opinión, el 4 de enero de 2017.
