A pesar de los actos violentos del domingo pasado, la sociedad tijuanense continúa en pie de lucha, organizaciones ya convocan a nuevas marchas en el ámbito local y nacional, los recursos legales contra las políticas del Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, están en el ojo público. Las manifestaciones seguirán, la última reunió a 20 mil tijuanenses
Las escaleras exteriores del Palacio Municipal de Tijuana se llenaron de gente enojada con el gobierno. Equipados como antimotines, policías municipales resguardaban la entrada con una orden muy clara: que los manifestantes no entraran bajo ninguna circunstancia. Corría la tarde del domingo 22 de enero.
Minutos antes, el secretario de Seguridad Pública, Marco Sotomayor, salió del edificio para ser encarado por Juan Ramírez, apodado “El Profe”, uno de los principales líderes de quienes usaban la sede del gobierno citadino para expresar su sentir tras años de abusos de gobernantes de los tres niveles.
Llovía, y Juan pidió al funcionario que dejase que los cientos de personas reunidas pudieran resguardarse dentro, o eso es lo que declaró a ZETA; el permiso fue negado. Entonces el primer connato de violencia: los manifestantes derribaron las vallas colocadas al pie de las escaleras con la firme intención de entrar, el secretario huyó hacia el interior custodiado por sus escoltas.
“El Profe” logró calmar los ánimos, que las vallas fueran levantadas y que los manifestantes se replegaran; si él daba la orden, una desbandada de hombres estaban dispuestos a lanzarse contra los policías, pero prefirió dialogar. “Que no nos gane el ímpetu, con estrategia vamos a lograr muchas cosas”, exclamó.
Mientras periodistas, manifestantes y policías esperaban, Juan y Marco discutían ahora al interior del Palacio, una vez más, el secretario sostuvo que no tenían derecho de ingresar.
Ahí fue cuando al profesor se le agotó la paciencia, bajó las escaleras y mirando de frente a los manifestantes, entre ellos hombres, mujeres y niños, emitió el veredicto:
“Vamos a entrar porque vamos a entrar”. Lo que siguió fue una explosión de ira social. Una vez más las vallas fueron derribadas, pero ya no fueron puestas de nuevo en su lugar. Levantando las manos en señal de no violencia, manifestantes subieron las escaleras para acceder pese a la sentencia del secretario, pero los policías contuvieron los intentos; después vinieron varios minutos de golpes de ambas partes.
Vallas, palos, tubos y piedras fueron usados para agredir a los policías, que se defendían de los ataques repartiendo golpes y pateando a los enardecidos inconformes escaleras abajo. Un cristal de la puerta se rompió. Incluso “El Profe” tuvo que recibir puntadas por un golpe que hizo sangrar su rostro.
Voló equipo táctico que fue arrebatado a los agentes, jóvenes que acompañaban o formaban parte del contingente se fotografiaban sonrientes con escudos y cascos que llegaron a sus manos desde las puertas del Palacio, todo siendo documentado cada minuto por periodistas, que cumplieron con su trabajo pese al riesgo.
Cuando los refuerzos de los antimotines llegaron, el enardecimiento de los manifestantes se fue apagando mientras arreciaba la lluvia; al final, y con los policías enfrente -uno de ellos tomó el micrófono para explicar que solo hacía su trabajo y fue abucheado-, entonaron el Himno Nacional Mexicano.
La batalla terminó con Juan Ramírez siendo atendido por paramédicos y yendo junto con otras dos personas golpeadas al Ministerio Público a denunciar las agresiones, bajo la promesa de regresar y no retirarse hasta obtener una respuesta favorable por parte del gobierno.
“Ellos se abalanzaron en contra del pueblo, por eso haremos una denuncia penal en contra del presidente municipal y el secretario de Seguridad Pública. Yo le dije al secretario de Seguridad Pública que nos dejara a entrar para beneficio de ellos y de nosotros también, no se dio, no quiso, decía que iba a utilizar toda su fuerza”, contó el profesor.
Las denuncias
La Subprocuraduría Zona Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Jorge Alberto Álvarez Mendoza, abrió tres Números Únicos de Caso (NUCs): el 3194, correspondiente a la denuncia de Juan Ramírez por las lesiones sufridas en el rostro; el 3196 por la presentación de Isaac, joven que fue videograbado por ZETA insultando a los elementos municipales; mientras que el 3202 fue presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) contra quien corresponda por tres delitos: las lesiones que sufrieron dos policías en la trifulca, los daños a propiedad que derivan de la rotura de cristales de las puertas durante los forcejeos y enfrentamientos físicos, y el robo de equipo táctico: 18 escudos, nueve9 cascos y ocho toletes; en total, hurtaron 35 artículos a elementos policiacos supuestamente entrenados en utilizar ese equipo para defenderse durante un motín.
Manifestantes “hacen trabajo sucio”: Luévano; instalan plantón en Palacio
Para el secretario del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano Ruiz, lo que pasó el domingo fue perpetrado por un conjunto de personas con la intención de hacer “el trabajo sucio a un grupo o partido político”.
Por otro lado, consideró que “no hay claridad en sus peticiones”, puesto que, hasta el cierre de esta edición, el contingente de protesta no ha entregado ningún pliego petitorio a la autoridad municipal para que ésta lo analice y determine la posibilidad de cumplir alguna solicitud.
El profesor Juan Ramírez contestó que el pliego petitorio “sigue en conformación” por un grupo de abogados y estará listo hoy viernes 27 de enero; sostuvo el carácter apartidista del movimiento, y afirmó que las acciones violentas del domingo 22 correspondieron a “infiltrados”, aunque dijo desconocer de dónde provenían.
El documento contendrá diversas peticiones al Ayuntamiento que están siendo analizadas por los manifestantes y un grupo de abogados, sin embargo, Juan adelantó que incluye la solicitud expresa de congelar el costo del Impuesto Predial, así como la eliminación de cualquier incremento a impuestos y permisos contenido en la Ley de Ingresos de la ciudad.
Después del enfrentamiento, se instaló un plantón junto a las escaleras exteriores, mesas para café, carpas, casas de campaña y una fogata para protegerse del frío, el viento y la lluvia.
La autoridad no ha permitido a los miembros del plantón usar el sanitario público localizado al interior de la sede del Ayuntamiento, además de que por la noche apaga las lámparas, por lo que además del frío y la lluvia de los últimos días, los manifestantes pasan la noche a oscuras.
La mayor marcha en la historia de Tijuana
Antes de distinguirse por la violencia, el domingo quedó marcado por la mayor protesta social pacífica en la historia de la ciudad, según el ex titular de la Sociedad de Historia de Tijuana, Mario Ortiz Villacorta Lacave.
Justo al mediodía un grupo partió del Monumento al Libro de Texto Gratuito, para marchar kilómetro y medio hasta el Monumento a Cuauhtémoc en Paseo de los Héroes, punto del mitin; en el lugar había más de 20 mil personas, entre estudiantes, empresarios, líderes sociales y otros sectores de la sociedad tijuanense.
Para Ortiz Villacorta Lacave, la marcha representaba una muestra de hartazgo y civilidad tras años de políticas arbitrarias, por lo que destacó el movimiento, e incluso resaltó que gracias a la presión que la sociedad es capaz de ejercer, fue posible que el gobernador Francisco Vega abrogara la Ley del Agua, que abría la puerta a entidades privadas en el manejo del vital líquido, que además representa un derecho humano fundamental.
“Peña, ojete, privatiza tu copete” y “Sacaremos a ese burro de Los Pinos”, cantaban los marchantes con la intención de denostar la gestión del Presidente de la República, ya que el aumento a la gasolina provoca que el precio de insumos básicos para la vida humana también incremente.
Gasolineros también dicen “no” al gasolinazo
El titular de la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega, explicó que, a partir del martes 24 de enero, las 204 gasolineras de la ciudad contarían con carteles que expresan abiertamente “No al gasolinazo” y “Somos ciudadanos”, además, los empleados portan camisetas rojas con esas leyendas en color blanco.
La intención, afirmó el empresario, es transmitir el rechazo al incremento de los combustibles, y demostrarles que el sector se solidariza con la sociedad en las afectaciones que ese costo provoca, así como deslindarse de las medidas que el Gobierno Federal está tomando en materia de hidrocarburos.
Actualmente los gasolineros bajacalifornianos preparan un amparo contra la forma en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina el costo por litro; ese recurso será presentado ante un Juzgado Federal y se busca la homologación con California, Estados Unidos.
Por su parte, Humberto Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó fuertemente a los manifestantes, ya que desde su punto de vista no tienen una solicitud concreta ni un pliego petitorio que los respalde, además de que la presencia de actos violencia resta “legitimidad” al movimiento,
“También queremos pedirles que si no tienen una solicitud concreta no estén cerrando los palacios ni las oficinas de gobierno, porque por otro lado, la sociedad demanda servicios que pagamos con nuestros impuestos”, dijo.
Abogados se deslindan de la violencia
El Colegio de Abogados de Tijuana, organización que abrigó a Juan Ramírez durante las ruedas de prensa y que planteaba acciones en conjunto, se deslindó de él por los actos de violencia del domingo 22 de enero y anunciaron que continuarán sus recursos legales contra actos muy específicos de la autoridad, principalmente el gasolinazo y que el Ayuntamiento se haga responsable de otorgar el servicio de agua, tomando en cuenta el riesgo que implica la Nueva Ley del Agua, que aseguran, mantiene un elemento privatizador.
En entrevista con ZETA, Román Aboytes negó rotundamente que su organismo esté colaborando con “El Profe” en la conformación de pliego petitorio alguno. Informó que el próximo jueves 2 de febrero, el grupo de abogados que preside se presentará en el Congreso del Estado para exigir a los diputados locales que renuncien a sus vales de gasolina, que cada mes ascienden a 20 mil pesos por legislador, cuya realidad no se circunscribe a la de millones de mexicanos que sufren los efectos del gasolinazo.
Asimismo, la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco” recolecta firmas para proponer al Congreso de la Unión la reducción del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), con lo que se reduciría notablemente el costo del combustible.
Volverán a marchar
En un desplegado publicado en un diario local, el Colegio de Médicos de Tijuana manifestó su solidaridad con los abusos que las instituciones han ejercido sobre la sociedad mexicana, por lo que convocaron a una marcha que habrá de realizarse el domingo 5 de febrero para arribar al Monumento a Cuauhtémoc.
La movilización tendrá la finalidad de rechazar el incremento a la gasolina, cualquier intención de privatizar los servicios de salud, y exigir que se transparenten los recursos que ejerce el Seguro Popular en Baja California, así como la retabulación de salarios a todos los servidores públicos.
Organizaciones de todo el país -principalmente de trabajadores y sindicalistas- convocan a una megamarcha nacional el próximo martes 31 de enero, ocupando los puentes fronterizos y las principales calles del país con fin de presionar a Peña Nieto para que revierta el aumento de las gasolinas; la directriz de esa movilización en Tijuana aún no ha sido establecida.
Cerca de 100 mil marchan contra gasolinazo
La megamarcha nacional contra el gasolinazo, organizada el domingo 22 de enero en por lo menos 15 entidades federativas, tuvo como protagonistas a Baja California y a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el primero se registraron 46 mil manifestantes que recorrieron las principales plazas y calles de las tres ciudades más importantes del Estado, mientras que en la capital jalisciense hubo alrededor de 40 mil manifestantes.
A lo largo del territorio nacional marcharon cerca de 100 mil mexicanos, inconformes con la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, principalmente el incremento en el costo de los hidrocarburos, cuyos efectos han sido sufridos por la población a partir del primero de enero.
“Fuera Peña” y “El que no brinque es Peña”, se escucharon por las calles de México, expresando el sentir tras cuatro años del mexiquense como mandatario nacional. En la Ciudad de México la cifra superó las 7 mil personas que se congregaron en el Zócalo Capitalino contra el alza en las gasolinas, que deriva en el incremento de otros productos y que ha provocado la inflación más alta en el país desde finales del siglo pasado.
Junto a las regiones ya mencionadas, San Luis Potosí, Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Sonora y Michoacán también tuvieron brotes de descontento contra el mandatario que enfrenta el momento con menor aprobación social en su gestión; más de la mitad mexicanos consideran que el titular del Poder Ejecutivo federal es responsable de una sociedad cuyo poder adquisitivo se ha visto considerablemente mermado.
En Chilpancingo, Guerrero, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, recorrieron la Autopista del Sol -que comunica a Acapulco con la capital del país-, por lo que las consignas, además de manifestar las preocupaciones económicas, pugnaron contra uno de los crímenes de Estado más famosos en México en los últimos años.
Veracruz, entidad cuyo ex gobernador ya es buscado por la Interpol, denunciaron además del gasolinazo, cualquier iniciativa que permita a la Policía agredir a manifestantes durante las protestas, bajo el argumento de que a través de ellas, Peña Nieto adquiere herramientas para reprender.
Tanto en Guadalajara como en tierras bajacalifornianas, una de las principales consignas fue, además protestar y denostar al gobierno, instar a la desobediencia civil mediante la abstención al pago de impuestos, por considerar que los malos manejos de quienes coordinan la administración pública vulneran el patrimonio de los contribuyentes.
La pugna de los michoacanos se orientó a exigir liberación de José Mireles, uno de los principales líderes de las autodefensas contra el crimen organizado, así como repeler el “oportunismo” de organizaciones políticas, como el Partido del Trabajo (PT).
En varios de los sitios de protesta, se sostuvo que no solo se rechaza que la gasolina suba de precio, sino también energéticos básicos para el desarrollo de la ciudad que está bajo jurisdicción de la Federación, como la electricidad y el gas. El eco nacional se mantendrá vigente con una megamarcha nacional el martes 31 de enero. Daniel Rodríguez Gastélum
