En lo nacional con impacto local, al cierre de este año se están dando las afectaciones por los aumentos de precio de la energía, en el sector automotriz, el de la construcción y el incremento generalizado de los productos de la canasta básica, la inflación, el desbalance del valor del dólar frente al peso y la pérdida del poder adquisitivo.
Cómo olvidar el ascenso en el costo de la gasolina que ha subido periódicamente -lo que sucede desde el sexenio de Ernesto Zedillo de 1994 a 2000-, y para 2017 el Gobierno Federal anunció un aumento de hasta el 20 por ciento en enero. Por cierto, los tijuanenses pagarán el precio más alto por el combustible en el país.
Además, mientras el coste del combustible sigue a la alza, varias entidades federativas padecen el desabasto por la baja producción de un carísimo Petróleos Mexicanos (PEMEX). Situación similar sufren los ensenadenses, a quienes con la aprobación del Congreso del Estado les incrementaron la tarifa del agua, un servicio que por tres años han recibido de manera extremadamente deficiente.
Para el resto de los municipios bajacalifornianos también habrá aumentos en los pagos por agua -en Tijuana se triplicará-, alumbrado, estacionómetros. Pero como si los discursos hiciera la diferencia, los funcionarios que los propusieron y quienes los aprobaron prefieren evitar palabras como incrementos e impuestos, y deciden hablar de “actualizaciones” y “saneamiento de finanzas”, de organismos que ellos han administrado pésimamente.
Póngale como le pongan, los ciudadanos deberán pagar más por servicios que distan mucho de tener la calidad requerida. Y lo harán porque no tienen quien represente sus derechos y necesidades al momento de la toma de decisiones, lo que ha quedado más que evidenciado cuando los diputados de mayoría panista han votado sin análisis, sin conceso y cual rebaño, como si se tratara de decisiones partidistas. Y como si se viviera en una dictadura, la ciudadanía ha tenido que aceptar y acatar sin explicación o justificación.
Luego, lo poco que han podido hacer la Federación, el Estado y los municipios en materia de seguridad o inseguridad, Baja California con tres cárteles de narcotraficantes, uno más que en años pasados y en Tijuana estableciéndose una cifra récord de asesinatos: 897 hasta el 27 de diciembre de 2016.
Y por si el mal oficio de los gobiernos mexicanos de los tres órdenes no hiciera suficientes estragos en el patrimonio de las familias, a partir del 20 de enero la economía de los californianos deberá enfrentarse a las consecuencias de las políticas que decida implementar el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que podrán afectar dos de los principales ingreso nacionales, las remesas y la inversión extranjera.
En este contexto, como ciudadanos lo más responsable es conocer la realidad y prepararse en la medida de las posibilidades, buscar opciones para diversificar ingresos, controlar los gastos, ahorrar. Aunque es evidente que la economía local lo dificulta, baste recordar la situación de los más de 3 mil maestros de Baja california que sigue sin recibir su jubilación y sus pensiones, o los trabajadores con salario mínimo.
Como sociedad, no es opción permanecer como simple observador y las consecuencias están a la vista.
Los bajacalifornianos se han caracterizado por ser una sociedad activa, participativa, crítica, que denuncia, que emprende y, por el bien de las familias, es importante empezar a ejercer el derecho a la participación ciudadana y ser parte activa en la toma de decisiones.
Ante los resultados, se hace necesario presionar a los funcionarios electos, Presidente, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados, para que dejen de afectar a la sociedad que los votó, para que generen políticas y programas que con antelación permitan enfrentar las múltiples crisis, las que permanecen, la que se acentúan y las que se avecinan.
Los grupos de profesionales, abogados empresarios, las Organizaciones No Gubernamentales, incluso los ciudadanos particulares, por Ley, todos están en la posibilidad de generar propuestas. Ellos tienen derecho a ser escuchados y sus representantes políticos, la obligación de recibirlos y atenderlos, y el momento más propicio para ejercer ese derecho es ahora, justo en la antesala de una crisis económica más que anunciada.
