Entre los inmediatos pendientes del Congreso local se encuentra la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción –en secuela a lo hecho federalmente–, pero la discusión central tiene que ver con el carácter realmente ciudadano, autónomo e independiente del nuevo organismo que buscan ciudadanos que ya han recolectado cinco mil firmas, contra la pretensión del Gobierno del Estado de mantener el Sistema en la esfera de los funcionarios
“Que la corrupción no sea más nuestro presente, que quede en el pasado, que no condicione el futuro de miles de bajacalifornianos”, es una de las principales consignas de un grupo de ciudadanos que incluye a cámaras y organismos empresariales, y que insisten en la ciudadanización del Sistema Estatal Anticorrupción.
A nivel nacional en junio del 2016 en el Poder Legislativo se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye la creación de una Fiscalía Anticorrupción, Tribunales Federales, un Sistema Nacional Anticorrupción donde participa un Comité Ciudadano con autoridades de Gobierno; además una serie de procedimientos que buscan coordinar e integrar en este gran mecanismo a todos los estados de la federación en el combate a la corrupción.
La reforma marcó un espacio de seis meses para que en las entidades “aterrizaran” estas modificaciones, plazo que vence el miércoles 18 de junio.
La creación del Sistema Estatal Anticorrupción incluye una Fiscalía Estatal Anticorrupción, un Comité Ciudadano, la coordinación entre áreas como el Órgano de Fiscalización Superior, La Contraloría y la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa. Además se modifican leyes que incluyen sanciones no solo para funcionarios, también para particulares, y las obligadas declaraciones: patrimonial y de no conflicto de intereses.
En Baja California el jueves 8 de diciembre y avalada por cerca de cinco mil firmas, fue entregada al Congreso del Estado la propuesta ciudadana para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, por parte de un grupo de ciudadanos y organismos que incluye a Coparmex. Al día siguiente, desde el Ejecutivo Estatal fue turnada al Legislativo la propuesta del Gobierno del Estado.
Ya surgieron diferencias. Especialmente en términos de la necesaria “ciudadanización” del nuevo sistema, así como de buscar autonomía e independencia. Francisco Fiorentini, dirigente de Coparmex hasta hace una semana, explicó: “Nosotros queremos que el órgano que tome las decisiones y el Fiscal, sean con un perfil ciudadano y nombrado por un Comité con mayoría ciudadana”.
Para esto han iniciado una intensa campaña de difusión y volanteo de la propuesta que incluye redes sociales y recopilación de más firmas que se sumen a las cerca de cinco mil ya logradas.
Desde el gobierno estatal el Director de Control y Evaluación Gubernamental –la Contraloría estatal– Bladimiro Hernández, explicó que la propuesta estatal se basó en la reforma federal, que ésta tiene candados legales en algunas áreas que obligan a retomar las ideas centrales, e insiste que se trata de una propuesta, que será el Congreso quien finalmente decida.
Necesaria autonomía
De acuerdo a Francisco Fiorentini, es necesario que el Fiscal Anticorrupción tenga un perfil ciudadano y sea nombrado por un comité con mayoría ciudadana. “Para que no tenga esto ninguna connotación política. Ya sabemos lo que sucede cuando el Gobernador es tu jefe o le tienes que pedir al Secretario de Finanzas que te ayude para hacer una investigación. Ocupamos un organismo autónomo si queremos realmente que la corrupción sea un tema prioritario”
De acuerdo a la propuesta elaborada por abogados de Coparmex, resaltan algunos rubros.
* Mientras el Gobernador propone que la Fiscalía Anticorrupción dependa de la Fiscalía General del Estado –en la que se fusionaran la SSP y la PGJE–, la propuesta ciudadana pretende que la Fiscalía Anticorrupción tenga autonomía técnica y presupuestaria, y que el recurso económico se base en indicadores y cumplimiento de metas.
* La propuesta oficial incluye que el Gobernador designe y ratifique el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y a los titulares de los órganos de control interno; la propuesta ciudadana, que el nombramiento lo realice el Consejo de Participación Ciudadana.
* El Gobernador propone que el Sistema Estatal Anticorrupción sea dirigido por un Comité Coordinador conformado por los titulares del Orfis, Contraloría, Tribunal Contencioso, Instituto de Transparencia, un representante del Poder Judicial y un representante ciudadano. La propuesta ciudadana va en el sentido de que sean tres los ciudadanos que participen en ese comité
* El Gobernador propone que las resoluciones emitidas por el Comité Coordinador tengan carácter de observaciones, los ciudadanos proponen que las sanciones por actos de corrupción sean vinculatorias, obligatorias.
* El Gobernador propone que el Comité de Participación Ciudadana sea integrado por cinco personas, los ciudadanos proponen que sean nueve.
* El Gobernador propone que el Magistrado de Justicia Administrativa sea nombrado por el Congreso de la manera tradicional, mientras que los ciudadanos proponen que sea el Congreso el que lo nombre pero vía examen de oposición y con un máximo de escrutinio y transparencia.
Congreso
* El Gobernador propone que una vez revisadas las Cuentas Públicas éstas no se podrán reabrir para su análisis. La otra iniciativa propone que cualquier cuenta pública, aunque esté validada por el Orfis podrá ser abierta de nueva cuenta, prescribiendo esta facultad hasta los diez años.
De acuerdo al abogado Guillermo Rivera –asesor de Coparmex en temas ciudadanos– la propuesta de la Ley Nacional lo que hace es crear una plataforma para la coordinación con los estados del Sistema Anticorrupción. Que la reforma federal implica que se promulguen leyes secundarias como la Ley de Transparencia, la de Responsabilidad de Funcionarios Públicos y el Código Penal Federal, entre otros.
Rivera explica que la propuesta del Ejecutivo es una copia del proyecto federal con apenas algunas diferencias y considera que si localmente se logra que el Sistema Anticorrupción quede en manos ciudadanas, en poco tiempo se podrán apreciar los cambios en cuanto a las quejas y el seguimiento de las denuncias.
“Consideramos que la iniciativa ciudadana tiene un gran avance porque va mucho más allá de lo que se está proponiendo en cuanto al formato del funcionamiento de los sistemas estatales”, considera el abogado Rivera.
En suma la propuesta ciudadana va por un organismo autónomo, independiente y que no sea comparsa del Ejecutivo en turno. El mismo abogado comenta que después de la reforma constitucional –plazo que vence el 18 d enero– iniciará un periodo de otros seis meses para la Ley Reglamentaria, y se abriría un espacio para la participación y discusión en foros, lo que no pasó con la reciente aprobación con la Ley de Aguas.
“La única manera es tratar de sumar a la gente, que realmente le entremos todos, si sienten diputados y gobernador una presión ciudadana, todos nos podemos amarrar las manos para ser un mejor producto y en ese sentido ser innovadores en Baja California”, considera el abogado Rivera.
La del Gobierno, “solo una propuesta”
“La corrupción es un tema que lastima, que lacera a la ciudadanía”, dice el contralor del estado, Bladimiro Hernández. Dice conocer que el 18 de enero se cumplen los 180 días marcados por la Ley, y justifica desde ya: “Pero como todos los Transitorios del Gobierno Federal, se ha vuelto muy complicado el proceso porque implica la aprobación de una serie de estructuras y no hay los recursos suficientes por ahora. Ahorita ni siquiera sabemos cómo va a quedar todo lo federal, pero ya por lo menos tenemos las leyes”.
El contralor comenta que después de la aprobación de la Ley Federal se elaboró una especie de “leyes tipo” para aterrizar en los estados y adecuarlas a la estructura local.
De la propuesta ciudadana entregada en diciembre al Congreso y que busca la ciudadanización del Sistema Estatal Anticorrupción, Hernández esbozó: “Lo primero que deberían hacer es leer la reforma federal para saber por qué estamos obligados a plantearlas de esa manera. No en todos los casos podemos ir a contrapelo de la reforma federal. Como implica temas de responsabilidad y cuestiones jurídicas, ahora sí que se nos podrían amparar…los técnicos legislativos tienen que ver qué se puede y qué no se puede, en atención a que las reformas locales son determinadas por el congreso federal, por lo que no se puede mover tan laxamente todo”, aunque acepta que “sí se pueden mover algunas cosas”.
El Contralor explica que la Fiscalía Estatal Anticorrupción no se deriva de lo que será la nueva Fiscalía General del Estado, aunque recalca que localmente será decisión del Congreso; “No necesariamente tiene que ver una con otra. A nivel federal la decisión es que primero se crea la Fiscalía General y ahora pretenden instalar ahí la Fiscalía Anticorrupción, lo cual ellos apenas lo están discutiendo”.
Del tema de que la Fiscalía Anticorrupción tenga autonomía técnica y presupuestaria, Bladimiro considera que “suena bien”, aunque acepta que hay que esperar a que federalmente concluyan la discusión en esa parte.
En el caso del Consejo Ciudadano, explicó que la propuesta es que los diputados nombren una comisión de selección de nueve personas –ciudadanos– y que ellos como tal organicen un procedimiento para nombrar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Además en la propuesta ciudadana se incluye que en el Comité Coordinador –conformado por los titulares de Contraloría, Orfis, Tribunal Contencioso y el Instituto de Transparencia– figuren al menos tres ciudadanos y el funcionario estatal insiste en que “Vale la pena recordar que es una propuesta que hace el Gobernador, pero quien va a decidir es el Congreso”.
—Pero el PAN tiene 13 diputados, la mayoría del Congreso…
“Me gustaría confiar en que eso significa que le hacen caso al Gobernador, pero no estoy muy seguro. Históricamente, y tengo varios años en el gobierno, creo que nos ha ido peor cuando tenemos mayoría en el Congreso”.
Del tema planteado por los ciudadanos para que las resoluciones, las sanciones por corrupción emitidas por el Comité Coordinador, sean de carácter vinculatorio, obligado –y no solo recomendaciones– el funcionario estatal considera que “Eso no es cierto, no la leyeron adecuadamente. Las que tienen esas características son de éste, el actual sistema anticorrupción, pero ahora las sanciones serían aplicadas por el Fiscal Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa –el Contencioso ampliado– para el caso de sanciones administrativas graves, las no graves seguirían en las Contralorías”.
En cuanto a los siete años como plazo para la prescripción de las irregularidades caracterizadas como graves, el Contralor explica que ese término así viene en la parte federal, aclarando que hay diferencias en cuanto a los años de prescripción en los diferentes estados, en el caso de Baja California actualmente fenecen al año.
En suma, el funcionario insiste en que se trata de una propuesta del Ejecutivo basada en un programa federal que le tocará al Congreso definir, que hay que revisar las fechas y tomar la decisión si es más importante la rapidez o la revisión y discusión detallada del tema. “Que el Congreso decida por sí mismo, es su atribución, o que los ciudadanos participen”, sintetiza.
