Lo que podemos hacer unidos en el movimiento social de enero de 2017, en medio de la crisis que provoca la devaluación del peso de un 70% y una escalada de precios por el aumento de los impuestos de la gasolina, el predial y otros efectos, es aplicar una política firme de austeridad en la sociedad en general, pero en principio en el mismo gobierno.
Se deben de acabar los privilegios, los excesos, tocar el presupuesto en renglones que son vergonzosos en un pueblo que tiene niveles de pobreza inéditos. Por ello hago una lista de los objetivos que esta movilización de miles de mexicanos debe tener claro por qué y para qué salir a la calle a presionar pacíficamente y mediante la mesa de diálogo al poder establecido que nos deberían representar.
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1.-Bajar el salario de los altos mandos del gobierno al 50%, y en los casos de la suprema corte de justicia debe ser el 70% que ganan. Para muestra de los excesos, los ministros de la Corte ganan 6.766 millones de pesos anuales. Por ejemplo, en años recientes y en diferentes circunstancias, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han negado a reducir su salario –incluso después de la reforma constitucional de 2009, la cual estableció que ningún funcionario podía ganar más que el Presidente de la República–, que este año será superior a 6 millones 766 mil pesos anuales.
2.- La desaparición del presupuesto para partidos políticos que recibirán $3,940 millones de pesos en 2017. Estos recursos deben asignarse a las regiones del campo mexicano en salud, educación y vivienda. Se debe recuperar los espacios del 15% de tiempo en los medios masivos para uso del Estado y la sociedad.
3.- Eliminación de los estímulos a altos mandos del senado y diputados así como al ejecutivo federal y estatal y municipal que generalmente duplican los elevados salarios.
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4.- Eliminación de la multimillonaria partida de comunicación social en los tres niveles, dado que generalmente sirve para ganar la “buena voluntad y la conciencia” de los medios, es decir para que oculten verdades y promuevan falsedades. Año con año, el Gobierno federal, los gobiernos locales y el resto de entidades públicas gastan (y sobre-gastan) grandes cantidades de recursos de manera discrecional y opaca, sin planear ni controlar sus gastos, todo con el fin de elogiar sus logros e imágenes. Tan solo en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, se han gastado más de 20 mil millones de pesos, mucho más de lo que cualquier presidente haya ejercido en los primeros años de su Gobierno. Ningún recorte o reducción al gasto público será legítimo en tanto la comunicación social no sea el primer rubro afectado. Independientemente del contexto económico, la publicidad oficial no debe continuar siendo un derroche que sirva para promover las ambiciones personales de la clase política.
5.- La Presidencia de la República desde siempre tiene una caja chica de caprichos y corruptelas. ¿Por qué? Es un recurso que se usa de manera discrecional, sin rendirle cuentas ni justificación alguna. En los dos primeros años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno de México gastó la cifra histórica de 14 mil 663 millones de pesos en publicidad oficial, rebasando los topes presupuestados, según Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Al compararlo con el gasto total en publicidad oficial en los primeros años de sexenios anteriores, la gestión de Peña Nieto erogó 1.987 millones más que Felipe Calderón en 2007 (35%) y 3 mil 875 millones más que Vicente Fox en 2001 (104%). Si a pesar de estos brutales excesos en gastos comunicación social, Peña Nieto tiene la más baja de las aceptaciones por la sociedad, significa que de manera miserable se han tirado a la basura estos recursos tan necesarios en otros campos de la vida nacional.
6.- Los diputados y senadores, en las condiciones económicas y éticas en que esta el país, en un acto de solidaridad y patriotismo deben de recibir solo 25 salarios mínimos como tope a sus ingresos. Y no ser ellos los que se incrementen los salarios, sino ser por referéndum, donde el criterio de austeridad republicana juarista determine la asignación de los salarios de estos funcionarios públicos.
7.- El principio fundamental para la eficiencia de la administración pública y privada es que por conciencia renuncien a robar, mentir y perder el tiempo desde las altas esferas de gobierno, pero incluyendo a los industriales, empresarios y comerciantes abusivos, con honrosas excepciones, esa medida de ética social aliviaría la crisis crónica mexicana.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: hrgcuellar@yahoo.com
