“Sí, confirmado”, respondió el director de comunicación social del Gobierno del Estado de Baja California, Roberto Karlo López Páez, cuando ZETA le hablo para preguntar sobre el mensaje publicado en la red social Facebook por el ahora ex subdirector de Imagen Producción y Publicidad Institucional de la misma dependencia, Jorge Alberto Cornejo Manzo, sobre su renuncia.
¿Cuál es el motivo de la renuncia?
“No lo sé, me acaban de avisar de la oficina, no he visto la renuncia, supongo que es lo mismo del mensaje de Facebook , pero son motivos personales, porque él renunció”.
En el texto colocado en redes, el ex funcionario indica que informó y agradeció al gobernador Francisco “Kiko” Vega y “le expresé mi deseo de separarme del cargo”, y agrega “Ello con la convicción de que en este momento es los más conveniente tanto para la administración como para mi carrera personal”.
También agregó que el día de hoy, 30 de diciembre de 2016 presentó su “RENUNCIA”, y lo escribe en mayúsculas.
Antes, entre viernes 23 de diciembre y el sábado 24, de manera no oficial se hizo llegar a los reporteros la versión de que Cornejo y el gobernador habían acordado la presentación de la mencionada renuncia ese fin de semana, sin embargo el lunes 26 ZETA habló a la oficina del secretario General, Francisco Rueda desde donde negaron la información que hoy se hace oficial.
A partir del 4 de noviembre de este 2016, el nombre de Jorge Cornejo Manzo había ocupado diversos espacios en columnas y desplegados publicados por periodistas que denunciaron violencia institucional y acoso cibernéticos procedentes desde la subdirección encabezada por el ex subdirector de imagen, quienes habían solicitado al gobernador una investigación y su remoción temporal del cargo, por el tiempo en que se desarrollara la indagatoria, sin embargo desde el poder ejecutivo se negaron a dar una respuesta.
El primer viernes de noviembre, la codirectora del semanario ZETA a través de su columna Sortilegioz , titulada “Periodismo de investigación vs campañas negras”, informó “En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión incluyeron como objetivo de la campaña también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez”.
El mensaje posteado en Facebook
Manifestó que la razón de los ataques eran las: “… publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la coordinación de Comunicación y las secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio”.
También indicó que varios medios habían sido contactados con la intención de orquestar el ataque y estos lo hicieron público: “Días después, la información se hizo pública. En los periódicos El Mexicano y El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma: hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA”
Y “…otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico–, se saque de circulación una nota, con la amenaza que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios.
De la misma manera Dora Elena Cortés, directora de Agencia Fronteriza de Noticias-también afectada directa- hizo la denuncia pública.
Solidarios reporteros locales, nacionales, así como organismos nacionales e internacionales de defensa de periodistas se hicieron eco de la denuncia y del reclamo.
El 11 de noviembre de 2016, en varios medios de comunicación se publicó un desplegado firmado por 42 periodistas de la entidad quienes denunciaron la existencia de una política gubernamental de comunicación social basada en acciones de acoso y hostigamiento contra periodistas de la región, exigieron al Congreso, al Gobernador, al Contralor, a la procuradora, y al titular del órgano superior de fiscalización se realizará una investigación y una auditoría al manejo de los recursos destinados a comunicación en el gobierno del estado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos”, y reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”.
La procuradora del estado, Perla Ibarra, también informó que se iniciaría una investigación judicial, supuesto proceso en el que casi dos meses después ningún reportero ha sido llamado a declarar.
“Lo que unió a los periodistas de toda la entidad es el hostigamiento por parte del Gobierno del Estado a través de la dirección de Comunicación Social, particularmente de Roberto Karlo y Jorge Alberto Cornejo Manzo”, señaló el 16 de noviembre la Asociación Política de Baja California (APBC) que preside Manuel Trasviña Sánchez.
Casi un mes después del primer desplegado, el 5 de diciembre un centenar de reporteros, en una reunión que se transmitió en vivo a través de redes sociales, denunciaron la falta de respuesta de las entidades de gobierno, e informaron que “…al diseño e instrumentación de campañas negras en contra de las periodistas Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, y de Dora Elena Cortés, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias, se sumó la incriminación en delitos de Antonio Heras, colaborador de Lindero Norte, Proceso y La Jornada, además de amenazas contra una periodista, cuya identidad se mantiene en secrecía”.
Asimismo, acordaron que mediante un segundo desplegado publicado el 9 de diciembre, solicitarían de nuevo la atención del gobernador de Baja California y del presidente del Congreso local, Esta vez el documento fue firmado por 99 periodistas quienes destacaron:
1.- El gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid no emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.
2.- La procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.
3.- El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del Estado. Además que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas anti-éticas por parte de los mencionados funcionarios.
4.- Tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor.
5.- Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones continúan hacia periodistas de Baja California. Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación luego de que desde Comunicación del Gobierno del Estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad.
E insistieron: “…en nuestra exigencia original de una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Ante reporteros el 7 de diciembre solo comentó. “Yo les dijera (a los periodistas) que cuentan con mi reconocimiento y mi respeto. En Baja California hay libertad de expresión, me lo tomo con seriedad y a su vez, son temas que trabajamos y que nosotros platicamos. Es un tema que estamos resolviendo y esperamos resolver”, cuestionado respecto a Cornejo agregó: “El tema se va a hablar hoy”. “Se puede revisar en Transparencia, Baja California es uno de los estados que menos dinero destina a publicidad”.
Pero no hubo mayor respuesta, en ese contexto, prácticamente dos meses después que las denuncias y solicitudes de investigación en torno a la violencia institucional, ciberacoso y campañas negras, el gobierno sigue sin dar respuesta, la única reacción vino de parte de uno de los señalados, cuando el ex subdirector de Imagen Producción y Publicidad Institucional Jorge Alberto Cornejo Manzo decidió presentar su renuncia.
