Anótele para que no se le olviden: José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Antonio Osuna Millán, Alfa Peñalosa Valdez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Eva María Vázquez Hernández e Iraís María Vázquez Aguiar. Que sus nombres no le sean ajenos ni hoy, ni dentro de tres años. Ellos son los trece diputados estatales que representan al Partido Acción Nacional y que se han convertido en representantes, defensores y protectores del gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
En efecto, los trece diputados del PAN son los paleros del Ejecutivo estatal. En una sesión y en otra, lo defienden a ultranza, le cubren los señalamientos y lo mantienen a salvo de cualquier denuncia, requerimiento, solicitud o intento de evaluarlo por parte de ciudadanos y legisladores de la oposición.
Mayormente seleccionados por el grupo del gobernador Vega para que fuesen candidatos de Acción Nacional en sus respectivos distritos, los trece diputados azules le han dado la espalda a sus electores, consintiendo los antojos políticos de Vega de Lamadrid, y sirviéndole más de tapaderas oficiales que ejerciendo la autonomía que les da el ser representantes del Poder Legislativo, uno de los tres que integran el Estado.
En Baja California ni hay sana distancia entre Ejecutivo y Legislativo, mucho menos respeto del primero sobre el segundo. Con los hechos recientes se ha confirmado que los diputados bailan al son que les toquen desde el Gobierno del Estado. La gravedad es que con sus trece representantes, el PAN puede ganar todas las votaciones de mayoría simple, para proteger a quien se asume, será en el futuro investigado.
Verá, entre otras facultades de los diputados locales está el discutir, examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos, como la Ley de Ingresos no solo del Gobierno del Estado, también de los ayuntamientos de la localidad. Además, revisar, analizar, escudriñar las cuentas públicas de esas mismas entidades, para llamar a cuentas a quienes no hayan ejercido con responsabilidad, ética y adecuadamente, el presupuesto asignado para el ejercicio anterior, o anteriores.
Otra de sus responsabilidades consiste en redactar iniciativas de reforma o creación de leyes, y dar trámite a las emitidas por el Gobierno del Estado, y ahora por parte de la ciudadanía. Analizarlas, discutirlas y aprobarlas o en su defecto negarlas, cuando éstas no representen beneficios para la sociedad que los eligió. Aun cuando no está plenamente establecido, los diputados realizan gestoría social, dádivas con presupuesto oficial pero a nombre propio, particularmente a grupos vulnerados o afines.
Aunque tampoco está escrito, a pesar que llegaron por un partido político, y que por consecuencia predican la misma ideología de su instituto, al asumir la curul el diputado debe desprenderse del partidismo y la política oficial, para convertirse en representante de la sociedad. Ser vigilante del resto de los poderes (Ejecutivo y Judicial), y actuar basados en la promoción del desarrollo de la entidad, el crecimiento, la justicia, la equidad y el respeto a las leyes.
Pero los diputados que en el Congreso del Estado tienen la mayoría simple, los trece del PAN, los mismos que cobran 93 mil 665 pesos al mes, ni están comprometidos con la sociedad, ni con los electores, ni analizan los documentos que envía el gobernador, ni discuten cuál será su posición respecto actos que involucren al gobernador.
Lo que sí hacen es festinar las decisiones del ejecutivo. Si el PAN-Gobierno presenta una Ley de Ingresos donde proponen incrementos a los servicios, como el 20 por ciento al agua, hablan de realismo y justicia, y si en el Presupuesto de Egresos no habrá recortes en los privilegios a los funcionarios públicos a costa del pago de impuestos y servicios por parte de los ciudadanos, se tratará de una política austera y republicana.
Los mismos diputados que juramentaron cumplir las leyes, y representar a la sociedad que los eligió, son los mismos que han votado para que el mandatario panista y su equipo se mantengan en el oscurantismo en el ejercicio del presupuesto y las desviaciones que de él emanan. Fueron los trece diputados del PAN quienes votaron contra que Francisco Vega de Lamadrid fuese llamado a rendir cuentas sobre el destino de los 476 millones de pesos que durante 17 meses acumuló en deuda con la Universidad Autónoma de Baja California, institución a la cual falló mensualmente en los pagos que debió hacer de acuerdo al Presupuesto de Egresos de 2016. ¿Qué sucedió con el dinero? ¿Adónde fue desviado? ¿Fueron los diputados de la anterior Legislatura cómplices del desfalco? Evidentemente los actuales legisladores lo son.
Esos trece diputados también votaron porque el gobernador y su equipo de comunicación, no fuesen llamados a rendir cuentas sobre la solicitud que hicieron 42 periodistas primero, 99 periodistas después, de prensa escrita, radio, televisión e internet, para que investigaran las acciones de dos funcionarios que utilizando tiempo, personal y recurso oficial, intentaron primero (por cuarta ocasión en uno de los casos) desprestigiar con calumnias y difamaciones a dos periodistas, y fuesen señalados de utilizar los dineros públicos para “controlar” líneas editoriales.
En los dos casos, Vega ha sido protegido por la mayoría simple que su partido el PAN tiene en el Congreso del Estado. Por trece diputados alfiles, comparsas, patiños, de un gobierno oscuro y en la sospecha permanente de la corrupción.
Los diputados tampoco lo han llamado a cuentas para saber dónde quedó el dinero que debía pagarse a las escuelas primarias del Estado para su administración. Tampoco para exigirle les diga dónde quedaron los recursos para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados del Sector Salud, a quienes desde el gobierno les informaron que no les pagarían su salario del mes de diciembre por no tener dinero, pero que después de una manifestación (un paro laboral), milagrosamente apareció el recurso para pagarles al menos el salario, quedando a deber el bono, el aguinaldo y demás prestaciones.
A diferencia de los bajacalifornianos, Francisco Vega de Lamadrid está muy protegido por sus diputados. Más que legisladores, parecen sus colaboradores que cobran en otro poder. Pero no olvide sus nombres, manténgalos en su mente y mira política, porque esos trece diputados, en 2019, tendrán la opción de reelegirse para ser legisladores dos años más. No los olvide para, cuando le pidan el voto, recuerde a quien representaron, para quien legislaron y a quien protegieron. Y hasta el momento, el sujeto de esas tres premisas no es la población bajacaliforniana: es el gobernador del Estado.
