Cuando se atenta contra los periodistas, la sociedad pierde. Un periodista no debe convertirse en noticia, debe proveer información a sus lectores, a su audiencia, a sus escuchas. Cuando ese principio se rompe, cuando los comunicadores deben investigar las amenazas propias y compartirlas, algo no está funcionando en el sistema político y de administración pública.
Sacar al informador de la redacción para llevarlo a los tribunales a denunciar la amenaza o el hostigamiento, significa alejarlo de la esencia de su oficio de informar. De investigar para transmitir lo que sucede en los gobiernos, en las instituciones y las corporaciones con los bienes y recursos del Estado.
En un sistema basado peligrosamente en la impunidad y la corrupción como es el mexicano, las amenazas a los periodistas desafortunadamente no son ajenas a la sociedad. Aquí en ZETA damos cuenta de ello. La historia que usted conoce nos llenó de cruces el directorio y de denuncias públicas nuestras páginas. Hemos sido objeto de amenazas, tanto del Gobierno como del narcotráfico, y las dos las tomamos con la misma seriedad y reservas.
En las últimas semanas, las amenazas han tenido origen en ese binomio insano: Gobierno y narcotráfico. Primero cuando al menos un funcionario del Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, pretendió comprar conciencias periodísticas de manera personal y a través de correos electrónicos, para desprestigiar la vida privada de quien esto escribe con el fin último de acabar con la credibilidad del medio. Ataques a la moral, lo clasifican en los atentados a la libertad de expresión.
Y en la última semana, un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación que lidera Nemesio Oseguera “El Mencho”, al ver su rostro y nombre publicados en las páginas de ZETA, decidió enviar “una advertencia” al medio, y ordenó que las oficinas del Semanario fueran balaceadas por su cuadrilla de matarifes, cuando el personal no se encontrara en las instalaciones.
De la primera amenaza, la del Gobierno, hubo solidaridad de compañeros periodistas. Muchos contaron su propia historia de presión a partir del presupuesto de publicidad del Gobierno del Estado, en un intento oficial de manipular la línea editorial y el contenido en los medios.
En un hecho de suma importancia para este oficio en Baja California, 42 periodistas, entre directores, editores, reporteros y comunicadores diversos, firmamos un desplegado solicitando al Gobernador del Estado, al Congreso de Baja California, a la Contraloría, a las Procuradurías, que se realizara una investigación y una auditoría sobre el manejo de los recursos de publicidad e imagen del Gobierno del Estado, para esclarecer la manipulación que de los dineros oficiales se hace para reprimir la libre expresión.
No ha habido respuesta oficial. Ni el Gobernador, ni el Congreso, ni las Procuradurías les han contestado a los 42 periodistas.
Las amenazas continúan. La semana anterior, uno de los 42 periodistas firmantes fue informado de la dirección del medio para el cual trabaja, que desde la Dirección de Publicidad e Imagen del Gobierno del Estado se habían comunicado para “llamarles la atención”, porque su reportero había firmado el desplegado. Que debido a eso, se ajustaría en 2017 el presupuesto de publicidad gubernamental en ese medio. El periodista explicó que la firma la había concedido a título personal y no a nombre del medio, pero no hubo razón que lo justificara ante la llamada de atención oficial.
A otros periodistas se les ha amagado con el presupuesto de publicidad 2017. Que les llegará poco o nada, “para que aprendan quién manda en el Estado”. Todo al amparo de un Gobierno que se niega a investigar a los suyos en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas que tanto pregona.
Respecto a la segunda amenaza, la del narcotráfico. Desde la tarde del domingo 27 de noviembre de 2016 (casualmente el día que se cumplieron 19 años del atentado a Jesús Blancornelas por parte del cártel Arellano Félix), dos unidades de la Policía Estatal Preventiva (inicialmente fueron tres) custodian las oficinas de ZETA. Así lo ordenaron de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Daniel de la Rosa, cuando presumiblemente confirmaron la amenaza que se vertió sobre el ataque a nuestras instalaciones.
Quienes aquí trabajamos no pedimos, pero tampoco impedimos, la protección de nuestras oficinas. Aquí trabajamos, aquí investigamos para informarles a ustedes.
La solidaridad de la comunidad periodística nacional e internacional ha sido inmensa ante las amenazas a esta casa editorial. Organismos de defensa y protección de los periodistas han lanzado alertas para que se tomen medidas cautelares de protección para ZETA. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también salió un oficio dirigido al Secretario de Gobierno, Francisco Rueda, como a la Procuraduría General de la República para que investiguen el caso y aseguren la integridad del edificio y de quienes en ZETA laboran.
Hubo comunicación desde la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para saber de las amenazas, y de la Secretaría de Gobierno del Estado de Baja California. En ambos casos vía telefónica, las autoridades fueron informadas de las afrentas contra nuestro medio. Al tiempo, y a petición expresa, apoderados legales de este Semanario interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la amenaza y para que se investigue y localice a los responsables.
Esperamos respuesta. De los dos casos. De las dos amenazas.
Un periodista debe, como cualquier ciudadano mexicano, allende su profesión, tener las condiciones de seguridad para desempeñarse en su oficio. Investigar y dar la noticia, y no convertirse en la misma es nuestro trabajo. En una sociedad democrática, transparente, la libertad de expresión es fundamental para la madurez cívica.
Cuando un medio de comunicación está amenazado por personal del Gobierno, y por miembros del narcotráfico, algo no anda nada bien. Significa que impera en el sistema político administrativo la impunidad y la corrupción. Baja California no merece esta colusión.
