La organización internacional de Derechos Humanos, Article 19, que promueve el derecho a la libertad de expresión, señaló en su portal web, que desde el año 2013, el estado de Baja California presenta “una tendencia alarmante respecto a la degradación de la relación entre la prensa y el gobierno estatal”.
“A través de detenciones arbitrarias, amenazas, condicionamiento de pagos de publicidad oficial, demandas y campañas de difamación, ataques cibernéticos, criminalización y denuncias infundadas, el gobierno de Baja California y no pocos gobiernos municipales, han intentado, y en muchos casos logrado, obstaculizar la labor periodística”, señaló la organización no gubernamental.
La alerta más reciente emitida desde Article 19, respecto al intento de criminalizar al periodista Antonio Heras por el motivo de una acusación infundada de fraude, “es un nuevo episodio de una larga ofensiva hacia medios y periodistas que han resistido o logrado evadir los mecanismos de control de la prensa, orquestados desde el gobierno del Estado”.
A la par de lo sucedido con Heras, Adela Navarro Bello, directora de Semanario Zeta y Dora Elena Cortés, editora de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), se han enfrentado en las últimas semanas a una campaña de desprestigio en su contra en asuntos ligados a su vida privada, recordó Article 19.
“De cuenta de esta situación, el periodista mexicalense Gerardo Fragoso, fue contactado por un individuo no identificado que le propuso el intercambio de una importante cantidad de dinero para no publicar material y dichos falsos que dañarían la reputación de Navarro”, rememoró la organización pro libertad de expresión.
En el mismo sentido, Cortés recibió información sobre la intención de Jorge Cornejo Manzo –Director de Imagen, de la oficina de Comunicación Social–, de emprender una campaña de desprestigio en su contra a causa de la cobertura crítica de AFN hacia el gobierno estatal.
Ante esta situación, el gremio periodístico se ha pronunciado en repetidas ocasiones, “sin que sus reclamos hayan encontrado la debida atención por parte de las autoridades”, dijo Article 19.
En el último pronunciamiento, emitido el 9 de diciembre de 2016, cien periodistas de la entidad señalaron la violencia institucional que han sufrido a manos de la Coordinación de Comunicación Social de Baja California y su área de Publicidad e Imagen, a cargo de Roberto Karlo López y Jorge Alberto Cornejo Manzo, respectivamente.
Estos funcionarios del gobierno estatal fueron señalados por haber sido artífices de campañas negras hacia Adela Navarro Bello, y Dora Elena Cortés Juárez, además de presionar a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial y beneficiar mediáticamente la imagen del gobierno estatal.
La situación descrita por los y las periodistas firmantes han evidenciado las omisiones del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, la Procuradora General de Justicia Perla Ibarra Leyva, y el Secretario General de Gobierno. Francisco Rueda Gómez, denunció Article 19.
La organización hizo, en su misma publicación, un largo conteo de agresiones “constantes” que sufre la prensa de Baja California de parte del gobierno estatal, y aunque las agresiones hacia la prensa en Baja California registradas por Article 19, “son diversas en forma e intensidad”, dice, “la mayoría cuenta con el común denominador de haber sido perpetradas por funcionarios públicos”.
En buena medida, afirmó la organización internacional, “los efectos sobre el acoso hacia la prensa en el estado han sido potenciados por la presión generada por la Coordinación de Comunicación Social de Baja California. Los vacíos en la legislación local han provocado que los contratos de publicidad funcionen como un punto de presión hacia las líneas editoriales en los medios”.
“En este contexto, la asignación discrecional y opaca de la publicidad oficial ha funcionado como una herramienta de censura indirecta que busca controlar las opiniones que éstos construyen y difunden respecto a las autoridades. Esta censura sobre medios de comunicación afecta los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información, no solamente de periodistas, sino de la sociedad en general”, aseguró.
Article 19 recordó que el 5 de marzo de 2014, fue presentada una iniciativa ciudadana en el congreso local para obligar a los tres poderes del estado a transparentar la asignación de recursos, contratos y anuncios publicitarios.
A la par de esta propuesta se presentó otra iniciativa suscrita por doce diputados de la XXI Legislatura, en la que se abordaron cuestiones “relevantes” como: la obligación de los tres poderes del estado de trasparentar de forma proactiva información sobre el ejercicio del presupuesto; detallar a quiénes se les asignó el gasto; contratos; número de anuncios publicitarios contratados en los medios de comunicación y los conceptos o campañas.
El gobierno estatal, por medio de su Secretaría General, se opuso a la aprobación de esta ley, dice Article 19, argumentando que el congreso local carece de competencias para regular la materia, toda vez que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Del mismo modo, el gobierno concluyó que la iniciativa viola los principios de imparcialidad en la erogación de recursos públicos y de división de poderes. Ante esta oposición tajante, las inicitivas se congelaron en la Legislatura de Baja California.
“Hoy la asignación de la pauta de publicidad es una de las causas eficientes del incremento de la violencia contra la prensa”, por lo que Article 19 valora “urgente poner fin a la ofensiva creciente por parte de las autoridades en el contexto bajacaliforniano.”
“Por este motivo, exigimos el cese inmediato de las campañas de difamación orquestadas desde el gobierno estatal. También exigimos el cese de la utilización de instrumentos legales y mecanismos institucionales para entorpecer y suprimir la actividad periodística mediante el hostigamiento y la criminalización”, exigió la organización.
Asimismo, Article 19 urgió al Poder Legislativo del Estado de Baja California a recuperar las iniciativas en materia de publicidad oficial y aprobar la legislación correspondiente.
“De la misma manera, resulta necesario que se deroguen delitos que atentan contra la libertad de expresión, como el de ultrajes, a la par de regular los topes de indemnización que pueden reclamarse por la vía civil por supuesto daño moral”, dijo.
Article 19 también exigió al Poder Judicial estatal “que evite convalidar procesos penales y civiles utilizados por autoridades estatales y municipales para inhibir la crítica periodística. En todo caso, los jueces y magistrados de la entidad deben retomar los estándares más altos en materia de libertad de expresión y garantizar en todo momento las reglas del debido proceso.”
