De repente parece que en Baja California solo hay información de política, aunque los políticos no proporcionen información. Lo mismo en los gobiernos. Acaso en estos momentos abunda la información de los cinco ayuntamientos porque estamos justo en el relevo, y los recién llegados presidentes municipales tienen mucho qué declarar respecto cómo les entregaron los ex alcaldes. Si no hay dinero, si han de endeudarse, si se llevaron documentos, si deben, si no pagaron, si no tendrán para cubrir la quincena, y la crítica en su máxima expresión, así sucesor y antecesor sean del mismo partido como ocurre en Mexicali con los panistas y en Ensenada con los priistas.
En el Gobierno del Estado no hay mucha información. Visitas del gobernador Francisco Vega por aquí y por allá, funcionarios entregando dádivas con recursos oficiales, y la información del presupuesto y la Ley de Ingresos en la oscuridad. Poco se sabe en realidad de cómo administran Baja California los colaboradores de Vega, con todo y que presumen ser uno de los Estados más transparentes.
De los diputados ni hablar. Los locales que se encargan de repartir los dineros como si fueran suyos o a gusto del Ejecutivo, y no en razón de las necesidades de las entidades a quienes están destinados los recursos. Ahí está el caso de la Universidad Autónoma de Baja California que carga con el no pago por parte del Gobierno del Estado desde abril de 2014, y que a los legisladores no les ha interesado el tema como para llamar a cuentas y saber e informar del destino del dinero que debió ser de la UABC, pero quién sabe adónde fue a parar.
O la experiencia de la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, quien realizó un presupuesto real para solicitarle al Congreso del Estado 64 millones de pesos y poder cumplir a cabalidad con las facultades que le otorgó la Ley al transformar una Procuraduría en una Comisión, con más responsabilidades, más visitadurías, más direcciones y un mayor número de atenciones, pero que los diputados ningunean y le siguen autorizando un presupuesto de 37 millones de pesos; de hecho un millón de pesos abajo del que los 38 millones que le otorgaron en su momento al procurador de los Derechos Humanos, Heriberto Galindo.
Pero claro, los Derechos Humanos, es evidente, no son la prioridad ni de los diputados del Congreso del Estado, ni del gobernador Francisco Vega. Todos los días en Baja California, personas son víctimas de algún abuso o delito. Sea que son atacados por representantes de los gobiernos, de las corporaciones policíacas o del narcotráfico y el crimen organizado. La situación es realmente grave. Va.
En una semana, del jueves 1 al jueves 8 de diciembre de 2016, solo en Tijuana, en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tomaron el registro de 31 ejecuciones. 31 personas asesinadas en las calles de esta ciudad, teniendo como origen esos homicidios, la guerra que en nuestra ciudad libran tres cárteles de la droga: el de Sinaloa, al cual quieren dominar entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Arellano Félix.
31 ejecutados en una semana son demasiados. Son muchos. Son todos. La simplona justificación que se trata de ejecuciones “entre ellos mismos”, no podemos los bajacalifornianos tomarla por válida. Si no se contiene esta violencia sangrienta, la inseguridad podrá tocar a cualquiera. Así como en la comisión de delitos los delincuentes van escalando, de robar en la calle a robar vehículos, a asaltar casas, a secuestrar personas, a extorsionar, a asesinar, a ser parte de alguna mafia, en el mismo sentido la violencia va subiendo de nivel. De matar narcomenudistas, después asesinan familias, se apoderan de cuadras y colonias y matan a quien se les oponga, sea un comerciante honesto o una mujer valiente. Requieren más dinero y comienzan los secuestros en la periferia hasta llegar a los pequeños y medianos comerciantes, y de ahí para arriba.
La situación que estamos viviendo en Baja California, en Tijuana, Tecate, Rosarito, ya la vivimos en el pasado. Vimos cómo los criminales se adueñaron de las ciudades, y observamos cómo los empresarios mudaron a otras tierras para salvaguardar la integridad.
Pero de los 31 ejecutados en una semana no habla ni el gobernador, ni la procuradora, ni los diputados, ni los alcaldes. El de la inseguridad es un tema al que le tienen miedo, por incapacidad, por omisión, por colusión, poco o nada entran en ese terreno. Prefieren ignorarlo como lo han hecho, hasta que desbordada la criminalidad alcance a los suyos, a los patrocinadores de las campañas, a los amigos adinerados, a los empresarios afines, entonces sí pedirán ayuda.
La inseguridad, el incremento de asesinatos en Baja California, son producto de la indiferencia del gobernador para elaborar una estrategia de combate real al crimen organizado, de un desapego del Presidente de la República a coordinarse con las fuerzas del Estado para combatir lo que por Ley está en su fuero: el narcotráfico. A la falta de compromiso de los alcaldes para dar confianza, margen de maniobra y herramientas a sus direcciones o secretarías de Seguridad para aprehender a los delincuentes, y obligar a la delegación de la Procuraduría General de la República a recibirlos y procesarlos.
Pareciera que en Baja California no pasa nada, pero en las calles la muerte ronda día y noche de la mano de los narcotraficantes y criminales que con impunidad, matan a más de tres personas por día. Sin que se hable de ello. Sin que las autoridades se dirijan al problema, lo acepten y comiencen a elaborar políticas públicas para contenerlo, ya no digamos solucionarlo.
En Baja California impera la grilla política, las cortinas de humo del Gobierno del Estado, la cerrazón de los funcionarios, y la ley de la mafia con y sin fuero.
