En México “ya rascas y hay un muerto” comentó a ZETA la escritora Elena Poniatowska en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en el mes de noviembre de este 2016, refiriéndose a la crisis por los desaparecidos, las fosas clandestinas y los homicidios en el país.
Para Baja California el símil de esta oración –aunque los muertos también aplican– sería que en el estado se rasca y sale una irregularidad financiera, una ineficiencia administrativa, ilegalidad presupuestaria, un aprovecharse de información privilegiada para favorecerse desde el gobierno, algún tipo de tráfico de influencias o abuso de poder.
Desde su arribo al gobierno en Baja California los panistas del grupo que ahora encabeza el Gobernador Francisco Vega, han creado una serie de plataformas, han buscado y encontrado la forma de convertir lo inmoral y lo irregular, en legal.
Lo mismo la entrega de bonos navideños, que el uso de los recursos etiquetados de gasto social en erogaciones personales, hasta los más burdo, como el incremento de sueldos inmerecidos, ahí está la nueva alcaldesa de Rosarito Mirna Rincón que labora para 90 mil gobernados y quiere tener un sueldo similar al de su compañero de Tijuana Juan Manuel Gastélum, que trabaja para un millón 600 mil ciudadanos y habla de “homologar sueldos” a manera de justificación.
Hoy quedan pocos y no sabemos dónde están, aquellos panistas que denunciaban la corrupción en su partido, esos que creían en el humanismo político, en el cual “No hay términos medios, la honradez no es un valor subjetivo, no hay límites mínimos ni máximos, la honestidad es plenitud del compromiso con la transparencia, contra cualquier forma de corrupción, de tráfico de influencias, no se diga evidentemente de corrupción económica”, como lo definiría Carlos Abascal Carranza, siendo Secretario del Trabajo y Previsión Social con motivo del Día del Abogado en el Casino Militar del Campo Marte, el 10 de julio de 2001, texto publicado en la página electrónica del PAN en la que hablan de ética política.
Ahora la ominosa moda parece ser el manejo irregular de licitaciones y el cobro de comisiones. Apenas en el mes de octubre de 2016, Constructores de Mexicali denunciaron y pidieron al gobierno rectificar en una licitación con dedicatoria para la obra del acueducto Villa Hermosa, con valor de 405 millones de pesos. La empresa beneficiada con la obra está ligada a Fernando Beltrán, promotor de box y amigo del gobernador Francisco Vega. Promotor de box que también tiene una liga laboral con el regidor panista Luis Torres, detenido el 16 de diciembre por autoridades de Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Antes, en septiembre de 2014 otros constructores denunciaron en Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Manuel Guevara y a dos directores de las comisiones de agua presunto “manejo ilegal” de las licitaciones en obras de rehabilitación de plantas de aguas residuales, de la colonia Zaragoza de Mexicali y la otra de nombre El Naranjo en la ciudad de Ensenada.
Los casos similares se multiplican mientras la ausencia de honradez adquiere diversas formas: como la investigación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), a Zahory, negocio administrado por la esposa de Carlos Bonfante, por haber reportado transferencias a empresas inexistentes a manera de evasión fiscal, y recaudar indebidamente más de 239 millones de pesos en devoluciones no justificadas; o la Deuda que sin justificación el gobierno del estado dejó crecer con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) por 476 millones de pesos.
También el préstamo de más de mil 800 millones de pesos que solicitó y recibió Francisco Vega de Lamadrid para resolver el problema de jubilaciones de Issstecali, que sigue sin solución, con más de 5 mil maestros en el limbo laboral, pero el recurso lo ha ido gastando poco a poco en otros temas.
O las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Fiscalización a Baja California, entre 2011 y 2014, que sumaron 5 mil 342.7 millones de pesos. Y las denuncias por las ocasiones en que el estado ha simulado devolver recursos federales no utilizados.
Ya entrados en el conteo de la memoria, vale recordar la compra desde la secretaria de Finanzas de equipo para espiar a sus gobernados y enemigos políticos, así como hackear sistemas informáticos y escuchar conversaciones privadas.
Y más recientemente el retraso en los pagos al personal del sector salud.
En medio de tanta negociación en lo oscuro, no es de extrañar el rechazo de los partidos de oposición y de los empleados de las comisione de agua a la nueva Ley de Agua y la privatización de un servicio que constitucionalmente corresponde a los municipios. Aunque quienes la defienden hablan de una productiva participación de la iniciativa privada.
El saldo no es favorable, el sector empresarial y algunas organizaciones no gubernamentales empiezan a reclamar y a vigilar, pero ha sido evidente que no es suficiente para hacer a los hombres y mujeres en el gobierno y en el partido Acción Nacional reaccionar.
Por ellos se requiere la participación de sectores más amplios para poner un freno a la voracidad, avaricia e ineptitud de algunos personajes del poder, y para obligar la reacción del SAT, de la Auditoría Superior de Fiscalización, de la Secretaría de la Función Pública y, de ser necesario, la Procuraduría
Ni modo de esperar a la Ley Anticorrupción, porque en este momento en el poder ejecutivo no hay autoridad moral para promoverla.
