Día maratónico, el miércoles 30 de noviembre de 2016, entre las diez de la mañana y las ocho de la noche, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, atestiguó el juramento de “cumplir y hacer cumplir” las leyes a los alcaldes de los cinco municipios bajacalifornianos, y los ciudadanos estamos estrenando.
Tres panistas y dos priistas, tres hombres y dos mujeres, las cuales fueron designadas como candidatas por la Ley electoral en torno a la equidad de género, que exigió la cuota del 50 por ciento de candidaturas para féminas.
Pero ahora, sin importar el sexo o el partido, todos están precisados a legitimarse, a demostrar que están dispuestos a cumplir las promesas, acatar los compromisos, demostrar habilidades y aptitudes.
Porque desde el día uno es imperativo que den muestra de sus capacidades para trabajar, para generar los mejores gobiernos municipales posibles y hacer frente a los embates de la crisis económica internacional, la reducción del presupuesto federal, al cambio de gobierno en Estados Unidos, a las mafias de narcotraficantes y narcomenudistas cada vez más numerosas en las municipalidades, a la inseguridad, la inflación, el desempleo, la cada vez más insuficiente obra vial, las deudas con ISSSTECALI, la falta de equipamiento de los bomberos, las deudas de los municipios, la falta de inversión, las deficiencias en infraestructura, etcétera, etcétera.
Por las recientes manifestaciones y denuncias contra algunos de los alcaldes salientes, los nuevos deberán -desde el primer momento- ejercer, si la tienen, su destreza y contactos para negociar y tramitar más recursos, porque hay indicios que algunos dineros que debieron durar hasta el 31 de diciembre se les agotaron antes del 30 de noviembre.
Ahora empieza lo difícil, porque lo que ganaron en las urnas o les fue concedido en el reconteo de votos, ese poder político que obtuvieron, deben transformarlo en poder social para sacar adelante sus planes y propuestas. Porque una cosa es el sufragio del reducido porcentaje de la población que lo ejerció en la pasada jornada electoral, y otra es conquistar la confianza y participación social de la ciudadanía que van a gobernar.
Por lo pronto, desde la ciudadanía está como siempre el voto de confianza, incluso pese a los antecedentes de algunos alcaldes o de sus partidos, en puestos o gobiernos previos -manejo irregular del erario-, a partir de ahora inicia una página donde se registrará la efectividad, la ética de sus acciones. Además de los obvios problemas económicos y de seguridad, todos los nuevos alcaldes tienen fantasmas que enfrentar.
En Mexicali, Gustavo Sánchez, quien además de haber dicho que él no va a “investigar” el desorden que deja su antecesor también panista, fue definido desde fuera con una característica que puede ser cualidad y defecto, dependiendo de cómo se desarrolle, “es by the book”, mencionaron a manera de crítica, “demasiado cuadrado”, ampliaron; sin embargo, eso significa también que es potencialmente un hombre que respeta los reglamentos, las leyes y por lo que se conoce hasta el momento, bien intencionado, el problema es que está probado que eso no es suficiente. Cuestión de ver cómo crece.
En Ensenada, además de los múltiples frentes abiertos -denuncias pendientes- que deja su antecesor del mismo Partido Revolucionario Institucional y sus coalicionados, Marco Antonio Novelo enfrentará la evidente inconformidad social representada no solo por los más de 28 mil simpatizante que votaron en su contra y por el PAN, sino por los más de 28 mil 500 votos ensenadenses hartos de los partidos que intentaron que el joven candidato independiente Omar García llegara a la alcaldía.
Sombra similar la de Julián Leyzaola, del PES y ese 22.3 por ciento de la población votante inconforme que con justificada razón desconfía de los partidos en el poder, incluido Acción Nacional, al que representa el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, con su reciente y desafortunada declaración al afirmar que haría “lo mismo que Kiko”, triangular terrenos como titular de la presidencia municipal.
Lo mismo con las alcaldesas por elección, Mirna Rincón en Rosarito y Nereida Fuentes en Tecate, quienes como los hombres están comprometidas a exhibir que son las administradoras idóneas, porque más allá de las frases de campaña, la honestidad, constancia y responsabilidad, no es cuestión de género, sino de valores, educación, formación, de no dejarse corromper por el poder. Obvio los caballeros dejaron a las damas los municipios más pequeños, y más pobres, así que el reto es mayor.
Para todos, el desafío es trascender la guerra de lodo, los desatinos y las irregularidades electorales, la mala fama de sus partidos, incluso en algunos casos, sus grises antecedentes o los de otros funcionarios de su mismo partido en otros órdenes de gobierno.
Ahora, los cinco deben convertirse como ordena la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en jefe supremo y mando de la Policía, el administrador responsable y custodio del erario, el implementador de los controles del presupuesto y quien tiene la representación legal del ayuntamiento para evitar que pierda juicios y dinero. Porque buscaron el puesto, el poder, y ahora lo tienen.
