Casi mil desaparecidos han sido localizados en más de 365 fosas clandestinas en territorio mexicano a partir de febrero de 2006. Tan solo en el año que concluye han sido desenterrados unos 260 cadáveres en más de 140 sepulcros anónimos. Autoridades no presentan avances en la creación de bancos de ADN y registros de las tumbas apócrifas y los restos humanos hallados en su interior. Dificultad para localizar a 29 desaparecidos, reconocer los cuerpos convertidos en fiambre e identificar a los asesinos. El poeta Javier Sicilia apela para que todos los grupos de víctimas, se unan en una sola causa
Karla y Alejandra ya descansan en paz.
Fueron más de tres años y cinco meses los que sus familiares escudriñaron cada rincón de Ahome. Desde su desaparición, el 6 de julio de 2013, hasta que “Las Rastreadoras” sinaloenses hallaron los cuerpos de las jóvenes en una tumba secreta en Los Mochis. Pero no todas las personas que tienen seres queridos desaparecidos cuentan con la misma fortuna.
La cifra de desaparecidos en México entre 2006 y 2016, frisa los 29 mil, los desplazados por la violencia los 200 mil, y los cadáveres encontrados en más de 365 fosas clandestinas, apenas rebasa los 950. Todos, números extraoficiales, porque no existe una fuente confiable que proporcione los indicadores certeros. Son los familiares de los desaparecidos los que los cuentan y descuentan. Los únicos que los buscan.
Así como “Las Rastreadoras” husmean en baldíos, montes, valles y barrancas de Sinaloa, otros grupos les hacen la tarea a las autoridades en distintas latitudes del país. Los 43 de Ayotzinapa, el Colectivo Solecito, los otros desaparecidos de Iguala y Unidos por los Desaparecidos, son solo algunos de los nombres de quienes lloran la ausencia de sus hijos, padres o hermanos, y recorren todo terreno para encontrarlos, en una agonía que no termina.
Mientras esto ocurre, lo mismo en grandes ciudades que en pequeños suburbios o el campo, el Gobierno Federal y el de los Estados no cuentan con el ansiado banco genético, ni con un registro de fosas clandestinas y restos humanos localizados, cuyo propósito tantas veces se ha anunciado, pero no se materializa.
El caos impera para las víctimas. Lo mismo para quienes tienen que ir de una entidad federativa a otra al enterarse del descubrimiento de sepulcros clandestinos, que para quienes, incluso, vienen de países centroamericanos a buscar a sus perdidos. En su último informe anual, Amnistía Internacional lo dejó en claro: “México sufre una crisis de Derechos Humanos de proporciones epidémicas, y las desapariciones, la tortura, las fosas comunes y los brutales asesinatos, son tan habituales que han pasado a formar parte de la vida diaria”.
En el caso de los enterramientos furtivos, el problema más grave no son las estadísticas, sino la dificultad para identificar los despojos humanos que por su avanzado estado de descomposición, son prácticamente irreconocibles. En febrero de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que solo el 18 por ciento de las víctimas que fueron inhumadas clandestinamente pudieron ser reclamadas por sus deudos.
En los Estados con mayor incidencia de las mal llamadas narcofosas -Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México- ha sido necesaria la intervención interdisciplinaria de médicos, genetistas, criminalistas, odontólogos y antropólogos forenses. Por ello urge el banco de ADN, que según la PGR, vincularía los registros de los servicios médicos forenses de México con los de los Estados Unidos de América.
Sí encontrar a las personas desaparecidas e identificar los restos de las fosas clandestinas representa una gran dificultad para las autoridades, más lo es establecer la identidad de los responsables de dichos asesinatos.
Tetelcingo y Jojutla
La tenacidad de las familias de desaparecidos ha demostrado que no solo existen fosas clandestinas por parte de la delincuencia organizada, también de las propias autoridades, como las del Estado de Morelos, que en Tetelcingo y Jojutla inhumaron más de 150 cuerpos en panteones encubiertos durante 2014.
Más de un año tuvo que transcurrir para que algunos de esos restos mortuorios fueran exhumados a insistencia de las madres de personas desaparecidas. La exigencia inició en noviembre de 2015, después de que el fiscal general de Morelos reconociera la existencia de fosas comunes en las poblaciones referidas, justificando la medida en el hecho de que “los cadáveres correspondían a personas que durante años permanecieron en la morgue sin ser identificados”.
Fue hasta el 6 de mayo de 2016 cuando el gobierno morelense aceptó exhumar los cuerpos que fueron enterrados en dos fosas ubicadas en un predio de Tetelcingo, municipio de Cuautla. Tras un estira y afloja entre autoridades y colectivos de desaparecidos por el procedimiento a seguir, el 24 de mayo iniciaron los trabajos para recuperar los cuerpos, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la PGR.
La excavación se hizo con picos y palas, sin maquinaria pesada. De cada cadáver se obtuvieron cuatro muestras, una de ellas para su análisis y obtención del perfil genético por parte de la fiscalía de Morelos, mientras que las tres restantes estarán bajo el resguardo de distintas instancias de gobierno. Observadores de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos visitaron las fosas para documentar el proceso de exhumación.
Los restos humanos recuperados fueron trasladados a las nuevas gavetas ubicadas en el panteón “Jardines del Recuerdo”, luego de haber sido objeto de las prácticas forenses para lograr su identificación.
Tras 12 días, el 3 de junio concluyó la extracción de 119 cuerpos, entre los que se encuentran los de tres niñas, una de ellas recién nacida, otra de entre 8 y 10 años y una más de aproximadamente 7 años; todas con signos de violencia.
Entre las irregularidades encontradas se observaron algunos cadáveres a los que no les fue practicada la necropsia de ley, y otros que fueron inhumados con la ropa que vestían el día de su defunción. Además, la dependencia de procuración de justicia tenía registrados solo 116 cuerpos en sus bitácoras.
El 12 de junio, la Fiscalía General de Morelos accedió a exhumar otros 35 cuerpos enterrados en una fosa común en Jojutla, pero se anunció que será hasta 2017. Las inhumaciones se realizaron en julio de 2014 y están registradas en 25 carpetas de investigación.
En agosto, al presentar el informe “Fosas Clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones Preliminares”, familiares de desaparecidos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, afirmaron que en estos hechos existe encubrimiento de delitos y probablemente de lesa humanidad.
El coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la casa de estudios, Roberto Villanueva, precisó que el gobierno de Morelos incurrió en numerosas violaciones de Derechos Humanos de las víctimas, pues los restos fueron tratados como basura porque las autoridades no respetaron protocolos, ni condición de los cadáveres, menos aún a las familias de estas víctimas.
Lo anterior motivó que la CNDH emitiera una recomendación el 6 de octubre, al estimar que en el caso de las fosas irregulares de Tetelcingo, hubo violaciones de los derechos a la seguridad, certeza jurídica y a la verdad, además de un trato indigno a los cadáveres, cuya identificación oficial por parte de sus familiares se ha dado a cuentagotas a partir de la segunda quincena de octubre.
Por estos hechos, el 11 de diciembre reciente, la ex directora general de Servicios Periciales de la Fiscalía de Morelos, Ana Lilia Guerrero, fue vinculada a proceso por los delitos de uso de documento falso y ejercicio indebido del servicio público, entre otros.
Se estima que a principios de 2017 serán exhumados unos 35 cadáveres más que se encuentran en la fosa común de Jojutla.
Javier Sicilia
Gran parte del mérito de conseguir la apertura de las fosas de Tetelcingo lo tiene el poeta y activista Javier Sicilia, quien fue de los más insistentes en que se realizara la exhumación de los cadáveres enterrados en el cementerio irregular y en exigir se investigue al ex fiscal de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado.
El escritor y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que hace tres meses solicitó al Senado de la República la desaparición de poderes en Morelos, platicó con ZETA. Expuso que en esa entidad impera la impunidad: “El caso más concreto es el del gobernador Graco Ramírez. Abrimos las fosas de Tetelcingo. Casi 120 cuerpos enterrados como entierran Los Zetas, de la propia fiscalía de Morelos, y frente a eso no hay posibilidad de enjuiciarlo, ni de enjuiciar a ningún funcionario, ni siquiera al fiscal que hizo posible eso”.
Las botas de Sicilia, que seguramente en un tiempo reclamaron su atención, ahora lucen sin brillo. La tierra de distintas fosas resquebrajó la piel del calzado y le estampó el sombrero. Sus infaltables cigarros delicados y su boquilla especial para fumarlos, son testigos de la charla junto al austero teléfono móvil con la pantalla estrellada. También con rastro de excavaciones.
“Ya detectamos las de Jojutla y las vamos a abrir, pero no hay manera de enjuiciar a estos canallas. Todo lo contrario, se fortalecen y nos están persiguiendo. Quieren meter a la cárcel al rector de la universidad porque acogió la investigación y con él trabajamos. Formamos un equipo forense de atención a víctimas y con eso empujamos para abrir las fosas. Y la respuesta del Estado, de su partido, en lugar de llamarlo a cuentas, lo protege, y ahora los delincuentes somos nosotros. Así estamos en este país”, refiere el personaje.
La rabia e impotencia se reflejan en el rostro de Javier cuando habla del gobernador de Morelos. “Espero que caiga en desgracia este canalla. Lo patético y lo terrible es esta necesidad criminal del Estado de invisibilizar. A Duarte, a Padrés, a todos esos canallas, se les está acusando por corrupción, simplemente por dinero, cuando realmente se les debería acusar por crímenes de violaciones a Derechos Humanos. Hay que llamarlos a cuentas”.
El poeta recordó con amargura el asesinato del activista Nepomuceno Moreno durante el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora. “Cuando se le presentó al Presidente y le dijo ‘Señor, éstos son los asesinos. Son gente de la Policía. Son gente de la Procuraduría, coludidos con el crimen organizado. Tengo amenazas de muerte’. Felipe Calderón no hizo nada, como Padrés no hizo nada y a los quince días lo estaban asesinando.
“Esa es la historia, no los están persiguiendo. Quieren seguir invisibilizando a las víctimas de este país y ¡no nos vamos a dejar ya! Esa es la triste historia, parece que es mucho más importante la corrupción que los Derechos Humanos en este país miserable”, apuntó.
Javier Sicilia no ve para cuándo frene la vorágine de la violencia y la simulación en México, pero no ha perdido la esperanza de la recuperación y por ello sigue luchando. Contrario a lo que muchos piensan, asegura que la política es la solución: “El partidarismo es lo que no es la solución. Estos canallas han secuestrado hasta la palabra política. La política es la vida de la ciudad; es decir, la vida de la gente. Lo que nos damos. Y la democracia es el poder de la gente, el bien común. Cuando tengamos otra vez política vamos a salvar a este país. Cuando tengamos una runfla de criminales que han usurpado la vida política de este país, reduciéndola a un negocio con los criminales, vamos a seguir teniendo este infierno”.
El activista de derechos humanos piensa que la unión de las víctimas y otros sectores sociales pueden cambiar el rumbo de nación que tenemos. “La fuerza moral está ahí, desde el levantamiento zapatista, hasta Ayotzinapa, Movimiento por la Paz, #YoSoy132. Hemos demostrado que hay una reserva moral en este país que no quiere la violencia. Yo creo que el tema es, si nos podemos juntar y crear realmente una plataforma de fuerza popular, con un programa de gobierno que refunde al país, podríamos hacer una revolución no violenta. Sí no, el destino va a ser un crecimiento de violencia mayor y mucho más doloroso al que hemos estado viviendo”.
El mapa de la solidaridad no es parejo en México. “Varía muchísimo, ¿no? Hacia el Sur es más fuerte, porque hay mucho más tejido social, como le llaman. Más cohesión social. Más organizaciones. Hay zonas que están devastadas como el Noreste, con Tamaulipas. Hay zonas muy silenciadas como el Occidente, como Jalisco, las víctimas no salen porque están muy amenazadas”, dice Sicilia.
“Es terrible, el país no es homogéneo en su lucha por desgracia, pero hay referentes a nivel nacional, que si nos pudiéramos juntar pudiéramos hacer un cambio. Yo he peleado. La última cosa que escribí es una carta a los zapatistas en la revista Proceso, diciéndoles ‘No salgan solos. Sentémonos a dialogar y construyamos juntos. Y salgamos todos’. No he recibido todavía respuesta. Ellos tienen la posibilidad de convocar, tienen la autoridad moral y el territorio”, concluyó.
Fosas y muertos en 2016
4 de enero
Tras las investigaciones del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, autoridades de Morelos localizaron una tumba clandestina con cinco cadáveres en el cerro de La Palma, de la comunidad de Alpuyeca.
12 de enero
En Jalisco, familiares de desaparecidos acuerdan con la Fiscalía General, se les permita dar seguimiento de cerca a las investigaciones cuando sean localizadas fosas furtivas o cuerpos disueltos en ácido.
12 de enero
Una mujer que desde 2014 buscaba a su hijo desaparecido, encontró sus restos en una oquedad en un paraje de La Tenencia de Ajuno, cerca de la Carretera Libre Pátzcuaro-Uruapan, Michoacán. Una llamada anónima puso sobre aviso a la señora.
8 de abril
A un costado de la carretera que conduce a la Playa Pascuales, en el municipio de Tecomán, Colima, fue localizado un sepulcro anónimo que guardaba en su interior los cuerpos de seis hombres asesinados y no identificados.
7 de junio
En el municipio de Lluvianos, Estado de México, se reportó el hallazgo de tres narcofosas con seis cuerpo
s, tres de ellos desmembrados. Pobladores señalan que puede tratarse de personas asesinadas en una balacera ocurrida el 22 de mayo próximo pasado.
1 de julio
En una sepultura encubierta ubicada en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Morelos, en Zacatecas, fueron descubiertos los cuerpos mutilados de ocho personas, una de ellas de sexo femenino. Trascendió que de los cuerpos recuperados, dos correspondían a funcionarios de Seguridad Pública, un agente de Tránsito asignado al municipio de Calera y el coordinador de Reacción de Fresnillo, privados de su libertad dos semanas antes del hallazgo.
13 de agosto
Miembros del Colectivo Solecito, en Veracruz, reportan el hallazgo de fosas clandestinas en un predio de Colinas de Santa Fe, al norte de la capital del Estado. Se reporta el descubrimiento de osamentas. Días más tarde, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó el hallazgo. Al corte del 12 de diciembre se conoció de la recuperación de 148 cuerpos en 107 fosas, en un terreno de 10 hectáreas.
16 de agosto
En una fosa de la colonia Generación 2000, en la zona poniente de Acapulco, Guerrero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, quienes al parecer fueron privados de su libertad seis días antes en el fraccionamiento Las Playas.
17 de agosto
En una lumbrera utilizada como tumba clandestina, en Huehuetoca, Estado de México, la Procuraduría mexiquense localizó los restos óseos de al menos 12 personas (11 hombres y una mujer) con una evolución cadavérica de unos seis meses. El hallazgo inició en julio, durante la realización de obras de remodelación en una ex estación de trenes.
12 de octubre
Denuncias anónimas informaron a la Procuraduría General de Coahuila que en campos agrícolas ubicados a unos 70 kilómetros de Torreón, se localizaban restos humanos. Las autoridades localizaron a flor de tierra entre 3 mil 600 y 4 mil fragmentos de restos óseos en una superficie de ocho hectáreas.
16 de octubre
En el paraje Laguna Monte Roja, municipio de Chacaltianguis, de la región de la Cuenca del Papaloapan, en los límites de Veracruz y Oaxaca, fueron encontrados seis cuerpos enterrados en una finca particular.
2 de noviembre
En una fosa de la colonia La Presa, en Tijuana, se localizaron más de 50 restos óseos de personas asesinadas por integrantes del crimen organizado en años pasados. El presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos, Fernando Ocegueda, no descarta que Santiago Meza López “El Pozolero” haya disuelto los cuerpos en sosa cáustica.
23 de noviembre
Una llamada anónima a las autoridades de Guerrero, permitió la localización de varias fosas clandestinas con 32 cuerpos, dos del sexo femenino, y nueve cabezas humanas, en el municipio de Zitlala. Peritos forenses de la Fiscalía de Guerrero, en coordinación con el Ejército y autoridades federales realizaron, la recuperación de los cadáveres. Las labores duraron tres días. Antropólogos forenses establecieron que los cuerpos tenían entre tres y cuatro meses de enterrados. Las autoridades estiman que detrás de los crímenes está el grupo de Los Rojos.
28 de noviembre
En dos narcofosas se localizaron los cuerpos inhumados de una mujer de 30 años y dos hombres. El primer hallazgo ocurrió en el paraje Las Curvas, en el poblado Veladero, y el segundo en la colonia 24 de octubre, ambos en Acapulco, Guerrero. La mujer tenía el rostro desfigurado.
29 de noviembre
“Las Rastreadoras” de Sinaloa encontraron un hoyo en la colonia Ferrusquilla de Los Mochis, donde estaban los cadáveres de dos jóvenes mujeres desaparecidas desde el 6 de julio de 2013. “Las Rastreadoras” han localizado 75 cuerpos en sepulturas clandestinas en el norte de Sinaloa, principalmente en Ahome y El Fuerte.
8 de diciembre
En la localidad de Ojo de Agua, zona boscosa del municipio de Tejupilco, Estado de México, fueron rescatados cuatro cadáveres en igual número de sepulturas clandestinas. Se trataba de tres hombres y una mujer, quienes habrían sido asesinadas hace unos tres meses.
9 de diciembre
En una fosa clandestina en la colonia Caudillos del Sur, en Acapulco, Guerrero, fueron localizados dos cuerpos enterrados. Uno de los fallecidos era ex policía ministerial.
16 de diciembre
En el Ejido La Esperanza, frente al Canal Bajo de la zona rural del Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón, Sonora, se localizó una fosa con tres osamentas de adultos enterradas. Según expertos forenses, los restos tenían varios meses en el hoyo, a una profundidad de metro y medio de la superficie. Desde hace unos cuatro años, el municipio de Cajeme tiene el dominio del Cártel de los Beltrán Leyva, en disputa con el Cártel de Sinaloa.
Más amenazas contra policías, ahora de la PGJE en Mexicali
Los malintencionados llegaron sin ser vistos y se apostaron la madrugada del 19 de diciembre de 2016, frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE) en Río Nuevo, en Mexicali. En la oscuridad, montaron una corona fúnebre. Una clara amenaza contra dos comandantes de la Policía Ministerial de la capital.
La corona, montada en la parte lateral izquierda del inmueble, justo donde se encuentra una rampa para discapacitados y que da de frente al Centro de Justicia Alternativa, tenía destinatarios. Los nombres de dos personas: Óscar Alfredo López Guzmán y Armando Armas Félix, comandante y subcomandante operativos de la PGJE en Mexicali.
Agentes aseguran que no se dieron cuenta del momento de la amenaza porque los maleantes la realizaron precisamente en el cambio de turno. En la cartulina que dejaron en la base de la corona fúnebre estaba la amenaza a los operativos. La primera hipótesis al interior de la corporación fue que la afrenta se debió a los cambios que se han realizado al interior de la PGJE, como medida de rotación y, en algunos casos, por pérdida de confianza.
No es la primera ocasión que malintencionados dejan amenazas a elementos o corporaciones policíacas del Estado de Baja California:
* El 18 de octubre en Tijuana, una manta y una granada fueron puestas en la parte trasera de las oficinas de la PGJE. En aquel momento, los ministeriales sospecharon de agentes de la Policía Estatal Preventiva como los autores de la amenaza, por un supuesto “baje” de droga.
* El 28 de octubre, también en Tijuana, pero en el Bulevar Fundadores, a través de una manta se amenazó a elementos de la Policía Ministerial. Los acusaron de robar droga, cristal, cocaína y heroína.
* El 1 de noviembre, una tercera manta fue encontrada con amenazas para agentes de la Procuraduría del Estado, supuestamente por haber decomisado droga.
Como en el caso de Mexicali, el 19 de diciembre, todas las ocasiones que utilizando mantas amenazas a agentes ministeriales, lo hacen acusándolos del hurto de droga. En ninguno de los casos ha habido investigación que determine quién colocó las mantas, o indagación respecto del señalado robo de droga por parte de los agentes.
