A través de un punto de acuerdo, la diputada priista Nancy Sánchez Arredondo exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la denuncia pública que un grupo de periodistas bajacalifornianos presentó en contra de Jorge Alberto Cornejo Manzo, director de Imagen y Publicidad del Gobierno del Estado, por am amenazas y presiones.
La legisladora federal expuso estas denuncias “relativas al acoso, intimidación y chantaje que han sido objeto las destacadas periodistas Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés Juárez, directoras del Semanario ZETA y Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente” en el documento presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Pidió que la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión atienda el caso que unió a 42 periodistas de la entidad en una carta dirigida al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que realice las investigaciones correspondientes por estos hechos, así como a campañas de desprestigio en contra de varios comunicadores, publicada en este medio y otros, el viernes 11 de noviembre.
“Con profunda irritación y vergüenza, vengo hasta esta tribuna a denunciar lo que está ocurriendo en Baja California, un estado donde la libertad de expresión coexiste actualmente con la coacción y la promesa, entre los favores y la corrupción, entre la opacidad y el silencio, entre el miedo y la amenaza”, expuso Sánchez Arredondo ante los diputados federales.
La priista hizo referencia a Cornejo Manzo, por estar “señalado por directivos y periodistas de diversos medios de comunicación de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado”.
Con la misma determinación, señaló al gobernador Kiko Vega mostrar “insensibilidad, indolencia y falta de respeto para la libertad de expresión y de pensamiento, al ignorar a 42 periodistas en su solicitud de investigación”.
Sánchez Arredondo recordó que en esta denuncia se hace referencia a un uso indebido de recursos públicos, por lo que es de vital importancia, tomar con seriedad lo expuesto por los periodistas, quienes son víctimas de “campañas sucias, de desprestigio y ataque a la moral con el fin de afectar la credibilidad de un medio”.
De forma, recordó que “las agresiones intimidatorias a quienes ejercen el digno ejercicio del periodismo no deben pasar de un simple desmentido oficial porque ignorarlas o minimizarlas solo vendrá a fortalecer la política intimidatoria”.
Por lo que destacó que “el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a la indignación de los comunicadores de Baja California y a su exigencia para poner un alto a las acciones intimidatorias del gobierno del Estado que representa Francisco Vega de Lamadrid”.
