Adela Navarro Bello
Codirectora; Semanario ZETA
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Presente. —
Estimada Adela:
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Con gran indignación hemos tenido conocimiento de la campaña de hostigamiento, difamación y desprestigio que desde la administración estatal se ha emprendido contra ti y la también estimada periodista Dora Elena Cortés.
Esta acción desde el poder lastima a la sociedad, porque el ataque golpea no solamente a dos personas apreciadas de nuestra comunidad, sino que atenta contra el más elemental derecho constitucional de libre expresión, que tiene una de sus más trascendentales expresiones en el ejercicio periodístico.
Esta campaña insulta además a la sociedad porque se utilizan recursos públicos, cuyo destino es servir precisamente a la sociedad, pero además se trata de un ataque cobarde que bien podría considerarse una expresión de violencia de género.
Viniendo desde el Gobierno, esto es imperdonable.
Quienes idearon y ejecutan esta campaña de diatribas exhiben adicionalmente, la intolerancia de este gobierno tiene hacia la crítica, y la visión autoritaria de quienes son incapaces de entender que los hombres públicos no pueden escapar al escrutinio público.
No podemos, como ciudadanos, tolerar este tipo de actos ni callar. Los medios de comunicación atienden a un gran compromiso social y quienes ejercen el periodismo lo hacen guiados por una vocación de servicio que merece nuestro respeto y reconocimiento.
Expresar nuestra solidaridad con este tipo de periodistas es incluso una responsabilidad de la sociedad, un mínimo acto de correspondencia al esfuerzo desplegado cotidianamente por hombres y mujeres valientes y comprometidos. Buscar, defender y hacer valer la verdad será siempre un acto de valentía.
Tampoco podemos dejar pasar el irresponsable comportamiento de algunos diputados emanados del partido que gobierna el estado, y que parecían más urgidos por defender lo indefendible, actuando como empleados del Ejecutivo, y olvidando con ello su obligación de fungir como representantes de los intereses del pueblo.
El propio Jefe del Ejecutivo estatal, está obligado no solamente a clarificar puntualmente la posición de su administración en este asunto, sino investigar los hechos denunciados públicamente por los periodistas bajacalifornianos, y de confirmarse, proceder legalmente contra quien resulte responsable por el uso de fondos públicos para esta campaña.
El gobierno estatal debe transparentar también el uso de los fondos públicos destinados al área de comunicación social, para impedir su manejo discrecional. No hacerlo sería menospreciar a la ciudadanía.
Recibe un abrazo solidario.
Atentamente.
Lic. Carlos Murguía Mejía
Tijuana, B.C.
