Jorge Ramírez Tubilla, primo hermano de la esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla, fue quien entregó al Congreso local la carta en la que el mandatario solicita suspender la licencia, concedida el 13 de octubre pasado, al gobernador de Veracruz, ahora prófugo de la justicia desde casi un mes.
El pariente político de Duarte ocupó cargos en el actual gobierno, ya que de diciembre de 2010 al 23 de marzo pasado, fungió como procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Posteriormente fue subsecretario de Ingresos en dicha dependencia.
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El exfuncionario también es hijo de Jorge Ramírez Pérez, a quien Duarte de Ochoa y Karime Macías Tubilla presuntamente vendieron una propiedad en sólo 10 dólares, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, con valor real de más de un millón de dólares, según un acuerdo firmado en Santa Fe, Nuevo México, el 31 de octubre de 2007.
Según el diario El Financiero, Ramírez Tubilla está identificado como uno de los 40 prestanombres que utilizó Javier Duarte para la adquisición de inmuebles con recursos de procedencia ilícita, entre los que también encuentran los suegros, la cuñada, la esposa, su hermano, su concuño, primos políticos, su tío, así como amigos muy cercanos, entre ellos, algunos que en la actualidad son diputados federales o locales.
El pariente político de Duarte de Ochoa fue identificado por la prensa local luego de que el diputado local del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Unanue Abascal publicó en su cuenta de Facebook una imagen captada por las cámaras de seguridad del Congreso, del pariente del gobernador con licencia, buscado por la Procuraduría General de la República (PGR), por diversos delitos como defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.
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“Esta persona presentó hoy el supuesto escrito de Javier Duarte pidiendo regresar al cargo […]. Ayúdanos a identificarlo”, escribió el legislador panista, sobre el personaje que no se identificó al entregar la carta.
El hombre pasó sin problema la seguridad de la entrada al Palacio Legislativo, donde supuestamente es obligatorio que todos se identifiquen si no trabajan al interior del inmueble.
En su misiva, Duarte de Ochoa, solicitó reasumir como gobernador para terminar su mandato, que concluye dentro de dos semanas, según lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso veracruzano, María Elisa Manterola Sainz.
Sin embargo, la diputada informó que no se aceptará dicha solicitud, debido a las dudas respecto la misma, y porque no tiene un domicilio para poder ratificar la legitimidad de la firma que aparece en el mencionado documento, por lo que se convocará a Duarte de Ochoa para que ratifique la carta mediante la Gaceta Oficial del Gobierno del estado.
“La persona que entregó la carta no dijo su nombre. Llegó de una manera prepotente y grosera, asustando a las secretarías. Solicitamos exámenes [caligráficos]. Es una carta con cinco hojas: analizamos y comparamos el documento donde viene una firma sin nombre ni fecha. No podemos tomar en serio un mensaje sin formalidad”, comentó la diputada.
Si el gobernador con licencia ratifica la carta, el Congreso estatal canalizará la petición a la Junta de Coordinación Política para después presentarla ante el pleno y sea votada.
En caso de que los diputados locales decidan aceptar la revocación de la licencia, Duarte de Ochoa podría asumir el cargo de nuevo a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra, debido a que para su captura se debe realizar primero un juicio de procedencia.
Mientras el proceso siga su curso, la figura del gobernador interino se mantiene, detalló la diputada, por lo que Flavino Ríos Alvarado continuará al frente de la actual administración. El gobernador interino dicho que el regreso de Duarte de Ochoa es “sólo un rumor”.
“Hay un gobernador interino, no podemos violentar los derechos de un gobernador que está en función”, dijo Manterola. “No podemos permitir que se siga jugando con Veracruz”, pidió la legisladora a la persona que entregó la carta.
Mientras tanto, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reiteró que la deuda del estado a corto plazo, es de 43 mil millones de pesos, por lo que consideró la carta de Duarte como “una mala broma”.
De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado a conocer el 4 de noviembre, los faltantes de Duarte serían de al menos 35 mil millones de pesos. Incluso, el auditor federal Juan Manuel Portal calificó como “histórico” el monto de la irregularidad y destacó que se han presentado 54 denuncias penales por anomalías detectadas en el ejercicio de los recursos públicos en aquella entidad.
Casa Veracruz y el Palacio de Gobierno fueron tomados por casi 15 días por un grupo de alcaldes de la oposición que demandan la entrega de dos meses de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), que representa un monto de 7 millones de pesos.
LA CARTA DE DUARTE AL CONGRESO
“Siendo una prerrogativa del suscrito Gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en mi contra, las que desconozco si existen o no”, escribió Duarte.
“Por ser de sigilo y no poder ser difundidas por autoridad alguna en el evento de ser ciertas, porque en todo caso desconozco fundamentos y motivos de las mismas y porque no pueden mediar tales sin previo juicio de procedencia he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité”, señaló Duarte en su carta.
En el documento, fechado el 11 de noviembre, firmado por el propio Duarte, el mandatario con licencia dijo que decide reasumir funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra, “lo que considera inadmisible”.
“Por tanto ya no requiero la licencia que promoví y que cancelo definitivamente”, aseguró Duarte de Ochoa en su misiva.
Tras una larga explicación jurídica de su caso, dice que queda “ipso facto mi licencia temporal, con las consecuencias legales que ello acarrea. Retomo el carácter de gobernador en funciones (cargo de elección popular que ejerceré hasta el final del mandato para el que fui electo)”.
Conforme a la licencia solicitada, Duarte puede retornar cuando así lo decida y con su carta solamente está dando aviso al Congreso local de su determinación.
Aunque el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares ha asegurado en diversas entrevistas que Duarte no goza de fuero, una tesis Jusrisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia a su encargo, no pierde la protección otorgada.
Esto implica que el fuero protege a dos personas, al servidor público que se encuentra en el cargo y al que solicitó licencia.
El pasado 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa concedió una entrevista a la cadena Televisa, en la cual anunció que solicitaría la licencia a su cargo. Horas más tarde, a través del encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shaadi, envió al Congreso estatal el escrito donde solicitaba licencia para la separación del cargo con “carácter de definitivo”.
Previo a formalizar la licencia, Duarte de Ochoa señaló en la entrevista que no huiría de Veracruz y aseguró que se permanecería en la entidad hasta concluir las investigaciones en su contra.
“Me quedo en Veracruz. No es un tema de huir, es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política”, dijo Duarte en aquel momento.
LA RED DE CORRUPCIÓN DE DUARTE DE OCHOA
Un juez de Distrito giró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Veracruz con licencia, por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión contra Duarte se deriva de una denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la presunta compra de terrenos a través de una red de 33 empresas “fantasma”, que recibieron recursos del gobierno veracruzano hasta por 500 millones de pesos.
Las empresas “fantasma” fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT, órgano que comprobó que algunos funcionarios públicos se habían coludido con supuestos empresarios que simularon ventas de servicios y de materiales al Gobierno del Estado.
Las compañías tenían domicilios falsos pese a que habían obtenido su Registro Federal de Causantes (RFC). Sin embargo, los funcionarios públicos veracruzanos involucrados en la red de corrupción, validaron las compras y liquidaron las respectivas facturas.
Este fin de semana, la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que ofrece 15 millones de pesos a quien proporcione información “veraz” para localizar y capturar al gobernador con licencia de Veracruz, según lo estableció el acuerdo específico A/178/16.
También informó que congeló 112 cuentas bancarias, además de que confiscó cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, exservidores públicos y personas imputadas en los hechos delictivos por los que se persigue al mandatario con licencia.
“Las medidas, forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, que tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia”, señaló la PGR en un comunicado.
Tanto el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, han asegurado que Duarte de Ochoa será detenido, sin embargo, han afirmado no saber en dónde está.
Tampoco el gobernador interno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, conoce de su paradero, aunque habló con su predecesor el día en que le facilitó un helicóptero para trasladarse de Xalapa a Coatzacoalcos.
