El pasado 21 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal de Brownsville, Texas, emitir de nueva cuenta una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba, y su coacusado, Fernando Cano Martínez, así como expedir cuatro copias certificadas del documento, “requeridas por el Gobierno de México para tramitar la extradición” de ambos por delincuencia organizada, narcotráfico, fraude, lavado de dinero, entre otros.
Según el diario de circulación nacional Reforma, que informó del hecho, al día siguiente, Hilda Tagle, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Texas, autorizó la petición de la Fiscalía, por lo que se libró de nuevo la orden contra Yarrington y Cano en la causa penal B-12-431-S1, y se entregaron las copias certificadas solicitadas.
Ese mismo día, el 22 de noviembre, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a la captura de Yarrington, prófugo de la justicia en México desde agosto de 2012, por cargos de lavado de dinero.
“A pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”, se indica en el acuerdo firmado por el procurador Raúl Cervantes Andrade.
La Fiscalía de Estados Unidos ya había tramitado documentos ante la Corte de Brownsville relativos a la extradición de Yarrington en marzo de 2014, sin embargo, indicó el rotativo, el caso pareció no avanzar ante las autoridades mexicanas.
El 26 de junio de 2014, un “testigo material” con identidad protegida compareció en audiencia cerrada ante la jueza Tagle. Esa fue la última actuación en el caso, hasta la solicitud de copias del lunes pasado, señaló el Reforma.
Desde mayo de 2013, Yarrington y Cano enfrentan en la corte texana 11 cargos por una organización criminal dedicada a narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario, que operó desde Tamaulipas hacia Estados Unidos durante el sexenio del ex mandatario, de 1999 a 2004, e incluso desde 1998, cuando era candidato, hasta varios años después de concluida su administración.
Según la acusación, Yarrington recibió sobornos para proteger al Cartel del Golfo y y a Los Zetas, que en esa época eran su brazo armado y no se habían convertido en una organización independiente. En especifico, dice periodista Humberto Padgett en su libro ‘Tamaulipas. La casta de narcogobernadores: Un eastern mexicano’ (Urano), fue Osiel Cárdenas Guillen, ex líder del citado grupo criminal, quien “compró” al entonces gobernador para que le brindara protección.
Por su parte, Cano Martínez creó múltiples empresas fantasma en Texas para lavar el dinero mediante compras de bienes raíces y otras inversiones, las más importantes de ellas en la ciudad de San Antonio, por medio de la firma Cantera Parkway.
En diciembre del 2012, el Gobierno federal estadounidense le confiscó un lujoso condominio de su propiedad, ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas, bajo la sospecha de haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
En mayo siguiente, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al ex mandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998.
Entonces era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del estado y el dinero le llegaba, asegura la acusación oficial, “a través de la Policía Estatal” del entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma, también priista y hoy Senador de la República.
Según el diario Reforma, en marzo de 2012, la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), envió dos oficios a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tampico, para evitar que 46 personas salieran del País 46, entre las que estaban incluidos los ex gobernadores tamaulipecos Manuel Cavazos, Eugenio Hernández Flores, Yarrington y sus familiares, así como empresarios contratistas del Gobierno estatal.
Luego, en junio de ese mismo año, el ex gobernador Yarrington rechazó tener nexos con el crimen organizado.
“El Gobierno [Federal, entonces a cargo de Felipe Calderón Hinojosa] busca incidir en el resultado electoral tratando de estigmatizar y señalar al PRI como un partido de delincuentes”, señaló en entrevista con Carmen Aristegui Flores en MVS Radio.
“Yo no tengo relación con el crimen organizado. No he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente. No he realizado actividades de lavado de dinero ni tengo negocios inmobiliarios en Texas”, aseguró entonces Yarringtón, quien afirmó también que hasta ese momento no había sido llamado a declarar por ninguna autoridad.
Tomás Yarrington, se mantuvo activo en Twitter durante el 2013, tras abrir hasta tres cuentas distintas en dicha red social -una dedicada a su defensa-, después, no se volvió a saber nada del ex gobernador de Tamaulipas.
LA SEGOB NO SABE EN DÓNDE ESTÁ YARRINGTON
Ayer, entrevistado al finalizar la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no existen los elementos suficientes para garantizar que Yarrington siga en territorio nacional.
Cuestionado sobre si el Gobierno Federal tiene certeza de si el tamaulipeco, al igual que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, siguan en territorio nacional, respondió:
“No quisiera yo cometer la imprudencia de algo que no tenemos confirmado. Estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan llegar a su localización, pero como siempre lo hemos hecho, lo decimos cuando tenemos ya elementos suficientes. Hoy no los tenemos para poder confirmarlo”, dijo.
YARRINGTON AÚN PERTENECE AL PRI
El martes pasado, Azteca Noticias informó que los derechos partidarios de Tomas Yarrington, quien llegó a la gubernatura de Tamaulipas en 1999 gracias a que fue postulado por el PRI, permanecen suspendidos “de manera temporal e indefinida”.
Fue en 2012, cuando la Comisión de Justicia Partidaria del PRI determinó suspenderle sus derechos a Yarrington, después de que diversos medios de comunicación dieran a conocer que era investigados por las autoridades de EU.
De acuerdo a la resolución de la Comisión de Justicia Partidaria de dicho Partido, a Tomas Yarrington se le retirara de manera definitiva su militancia hasta que en un juez determine si es culpable o inocente. Sin embargo, la dirigencia nacional del PRI, ha dicho que el caso ya se analiza para agilizar la resolución.
En febrero del 2012, el entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, dudó que sobre las acusaciones en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, y afirmó que todo era “una filtración en plena campaña electoral”.
Ante la presión de la prensa y sus contrincantes en la contienda electoral, Peña Nieto reculó, y a finales de mayo del 2012, dijo que el tamaulipeco debía asumir y enfrentar los señalamientos en su contra ante la instancia que correspondiera.
Yarrington acompañó a Peña Nieto en varios eventos de campaña cuando el priista buscaba la gubernatura al Estado de México en 2005, tal como constan diversas fotografías de la época.
Además, un reporte de la periodista Denise Maerker durante el noticiario 10 En Punto, aseguró que hasta septiembre pasado, el exfuncionario señalado por delitos contra la salud gozaba de la protección de al menos ocho policías ministeriales de Tamaulipas.
El reporte, transmitido el pasado 15 de noviembre, detalló que el exgobernador de esa entidad, Egidio Torre Cantú, encomendó a policías ministeriales la protección de Yarrington y de otro ex gobernador señalado por delincuencia organizada, Eugenio Javier Hernández Flores.
